Proyecto de Código Procesal Civil

Observaciones y propuestas

Instituto Panamericano de Derecho Procesal

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Santiago de Chile

Octubre de 2021

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Forma de citar: "Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile (2021). Observaciones y propuestas al Proyecto de Código Procesal Civil. http://www.ipdpchile.cl/doctrina/”.

EL INSTITUTO PANAMERICANO DE DERECHO PROCESAL, CAPÍTULO CHILE, HA ELABORADO LA PRESENTE MINUTA, CON UNA SERIE DE OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y CRÍTICAS A LA REDACCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL, BOLETÍN N° 8197-07, EN ACTUAL TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL, QUE INCLUYE LAS INDICACIONES DE JULIO DE 2021. ESTAS OBSERVACIONES Y PROPUESTAS SON REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DE NUESTRO INSTITUTO, CON EL ÁNIMO DE APORTAR A LA REDACCIÓN DE UN CÓDIGO PROCESAL CIVIL QUE GARANTICE A TODOS LOS CIUDADANOS LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS Y LIBERTADES, EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO RACIONAL Y JUSTO, QUE GARANTICE LA IGUALDAD DE PARTES, EL DERECHO A UN JUEZ INDEPENDIENTE, IMPARCIAL E IMPARTIAL, Y EL ACCESO A LA JUSTICIA.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS AL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL

12 de Octubre de 2021

El Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile, ha elaborado la presente minuta, con una serie de observaciones, sugerencias y críticas a la redacción actual del Proyecto de Código Procesal Civil, Boletín N° 8197-07, en actual tramitación en el Congreso Nacional. Estas observaciones y propuestas son realizadas por los miembros de nuestro Instituto, con el ánimo de aportar a la redacción de un Código Procesal Civil que garantice a todos los ciudadanos la protección de sus derechos y libertades, en el marco de un procedimiento racional y justo, que garantice la igualdad de partes, el derecho a un juez independiente, imparcial e impartial, y el acceso a la justicia.

Seguiremos trabajando en correcciones y propuestas para esta importante reforma procesal, en relación a los recursos procesales y otras materias relevantes, y enviaremos próximamente una segunda entrega con tales sugerencias y observaciones.

Igualmente, invitamos a todos y todas, a revisar nuestro sitio web, www.ipdpchile.cl.

Norma del PCPC

Observaciones

Art. 1º.- Tutela jurisdiccional. Toda persona tiene derecho a recabar de los tribunales la protección de sus derechos e intereses legítimos, con arreglo a un debido proceso el que se desarrollará en la forma y mediante los procedimientos reglamentados en este Código, sin perjuicio de lo que se disponga en leyes especiales.

Artículo 1°.- Tutela jurisdiccional. Toda persona frente a un problema de relevancia jurídica tiene derecho a recabar de los tribunales la protección adecuada de sus derechos e intereses legítimos, con arreglo a un debido proceso, el que se desarrollará en la forma y mediante los procedimientos reglamentados en este Código —sin perjuicio de lo que se disponga en leyes especiales—, y lo normado en la Constitución Política y en los Tratados internacionales vigentes.

En consecuencia, se podrá pedir al tribunal la tutela de condena, constitutiva, de mera certeza, de permisión, ejecutiva, de mandamiento o cautelar, entre otras, que autorice el ordenamiento jurídico nacional.

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FUNDAMENTO: El debido proceso es una noción cuyo desarrollo doctrinario y jurisprudencial, de orden nacional e internacional debe ser incorporado como tal. La redacción propuesta por el ejecutivo es circular: se garantiza el debido proceso, pero el contenido de ese debido proceso lo establece la misma ley por los procedimientos que regula y por leyes especiales.

Por otra parte, el artículo presenta un defecto técnico. La tutela no puede tener como presupuesto absoluto un conflicto, porque no todas las tutelas jurisdiccionales lo presuponen. La tutela constitutiva como las nulidades de contratos, la resolución contractual, todos los juicios de estado civil, y en general todos los casos en que la ley estima que son de orden público, el resultado sólo puede ser decretado por el juez y no pueden las partes acordar su solución ni el conflicto o su ausencia es relevante para suplir o no la sentencia del juez. Inclusive tampoco es relevante en el conflicto real cuando no hay respuesta del demandado, pues se debe seguir tramitando el caso. Aún más el allanamiento no produce el efecto de relevar la necesidad de la realización de la tutela con la sentencia, de acuerdo al propio art. 266 del Proyecto se debe dictar sentencia. (La doctrina italiana (Calamandrei ya expuesto todos esos problemas “El concepto de Litis en Francesco Carnelutti”). Todos esos casos quedarían excluidos de la tutela según el Proyecto. Luego se requiere un término y concepto más amplio que abarque todos los casos. La propuesta es que las partes y el juez se enfrentan a “problemas de relevancia jurídica” que deben ser resueltos por la vía judicial, problema porque el resultado jurídico no se logra sin la cooperación de la parte o subrogado decretado por el juez o porque la ley pone un obstáculo legal que genera un problema a la parte que sólo puede ser levantado por el juez en su sentencia.

- En el derecho comparado se ha resaltado de que la protección no sea una cualquiera, sino que debe ser específica, esto es, adecuada al problema jurídico planteado cuando corresponda. La expresión de “adecuación” importa una expresión mejor para identificar la relación de la respuesta de la jurisdicción en relación con el problema jurídico, en términos de que la tutela debe adaptarse al problema.

- Respecto de la integración de la Constitución y los tratados es del todo pertinente (lo tuve en consideración por una propuesta muy inteligente de alguien), en vista de lo dispuesto en los art. 5 y 6 de la Constitución, que vinculan a los órganos del Estado, y la jurisprudencia actual de los tribunales, y la vinculación del Estado de Chile a la Convención Americana de DDHH y la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH sobre Chile

El inciso segundo se justifica porque si se habla de la tutela en genérico en el inciso primero, éste anticipa las variedades de tutela a los cuales se puede optar, considerando que muchas veces hay algunos jueces que desconocen toda la variedad de tutelas que pueden ejercer, de manera que le sirve de guía al juez en sus competencias. La norma deja abierta las opciones de tutela que la doctrina vaya identificando, como la tutela de permisión en que se releva de una prohibición a la parte. Queda abierta la disposición para otras clasificaciones y creaciones

Art. 3º.- Dirección e impulso procesal. La dirección del procedimiento corresponde al tribunal, quien adoptará de oficio todas las medidas que considere pertinentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto.

Artículo 3°.- Dirección e impulso procesal. La dirección del proceso corresponde al tribunal, que adoptará de oficio todas las medidas que considere pertinentes para su válido, eficaz, pronto y mejor desarrollo, de modo de evitar su paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del problema jurídico planteado, de acuerdo al mérito del proceso, con pleno respeto del derecho de defensa de las partes.

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FUND: Se sugiere agregar lo indicado, para compatibilizar la resolución justa con el mérito del proceso

Además, se trata de la dirección del proceso, no del procedimiento. Por dicha razón se titula “dirección procesal” y no “dirección e impulso procedimental”, bajo la misma línea terminológica los actos que se realizan en el proceso se denominan “actos procesales”, y la “actividad es procesal” y no son actos “procedimentales”, como regula el propio Proyecto en el título IX “DISPOSICIONES GENERALES DE LOS ACTOS PROCESALES”. Porque el procedimiento en el derecho procesal se refiere a las normas o trámites predispuestos, y el proceso la actividad desempeñada de acuerdo con el procedimiento. En dicho sentido, el art. 1 señala que la tutela se desenvuelve en la forma del procedimiento reglamentado. Como dice E. Couture: “la locución procesal,… no es, propiamente el estudio del proceso”, el proceso es: “secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”. El procedimiento es el elemento forma (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pp. 33, 121 y 122).

La mención al conflicto responde sólo a un tipo de tutela y no a todo tipo, la cual quedaría fuera, como en las acciones constitutivas de nulidad de contratos, reglamentos, resolución de contratos, estado civil de las partes, etc. Problema jurídico es de mayor extensión e implica el problema jurídico de remover el obstáculo legal para constituir, modificar o extinguir un estado, una situación jurídicos o un acto normativo.

El mejor desarrollo apunta a un aspecto cualitativo, entroncando con la justa solución del problema planteado al juez que señala el Proyecto. Refuerza la idea del respeto al debido proceso.

El impulso del juez para la celeridad debe siempre estar limitado por la ponderación del derecho de defensa de las partes, porque sin la debida contradictoriedad no hay propiamente debido proceso.

Art. 4º.- Igualdad de oportunidades. El tribunal velará por la igualdad de oportunidades de las partes en el proceso.

Art. 4.- Garantía de la defensa procesal.

“Todo aquel que tenga un derecho o interés legítimo involucrado en el eventual fallo judicial, y se haga parte en el proceso, tendrá derecho a defender su posición en el juicio, pudiendo intervenir procesalmente para influir jurídicamente en la formación de la decisión de la causa de acuerdo a su derecho o interés, a través de los medios y actividades de defensa apropiados a dicho objetivo que franquee la ley —actos y recursos procesales—, las adecuadas oportunidades, la información completa y adecuada, el tiempo necesario de evaluación de la defensa, y la defensa técnica cuando corresponda.

Es de competencia exclusiva de cada parte la elección de su estrategia, así como de su implementación en vista al mejor resultado en el proceso, de acuerdo a los medios que disponga, siempre que no implique una actuación de mala fe.

El tribunal, además, velará por el ejercicio igualitario del derecho de defensa de las partes en el proceso.

El proceso jurisdiccional supondrá siempre la bilateralidad de los trámites en las oportunidades que correspondan.”

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FUND: El principio de defensa no aparece como un principio expreso del Proyecto, ni aparece como guía interpretativa, siendo una parte técnica y axiológica esencial de la configuración del proceso y del debido proceso, lo que revela la necesidad práctica de su concreción.

Su concepto apunta a un aspecto retórico judicial finalista: que es lograr la inclinación del juez en el juicio, sobre la base del interés. Identifica las herramientas que ello implica en términos generales: por ello se distingue entre los medios de defensa directos e indirectos. Los directos son los actos y los recursos procesales, y los indirectos que buscan preparar o hacer viable dichos actos: las oportunidades para evacuar el acto, la información, el tiempo de preparación y la defensa técnica.

Estas formas configuran el proceso en sus actos y etapas, y su falta termina afectando el debido proceso, y, en fin, el juicio justo. Dada la relevancia el juez debe integrar las faltas en la defensa debida, con los requerimientos de este principio.

El inciso segundo apunta a una consideración poco tenida en cuenta de la defensa litigiosa: la estrategia forense. Se trata del eje o espíritu vertebrador de toda la defensa concreta que se despliegue en el juicio, y que el juez debe respetar, en tanto se desenvuelva legítimamente.

El inciso tercero a un elemento equitativo y comparativo de la defensa: la igualdad. Como concepto comparativo requiere que el juez evalúe las opciones de ejercicio completo de la defensa entre una y otra parte.

El principio de bilateralidad del proceso concreta la contradictoriedad del proceso contencioso, esto es la potencialidad de discutir. Implica la previsión estructural del procedimiento de las oportunidades para que si a las partes les parece, a su discreción, pueda surgir un conflicto de opiniones o posturas. De esta manera, el conflicto en el proceso no es necesario, sino contingente, y a veces no es un supuesto de construcción del proceso como en los juicios constitutivos, pero si lo es la bilateralidad o contradictoriedad de la discusión. Y la oportunidad surge cuando correspondiere, debido a que ello no siempre se da al mismo tiempo para la efectividad de los derechos, como en las medidas cautelares o el juicio ejecutivo, pero la bilateralidad se concreta en que luego de realizados ciertos trámites, surge la posibilidad de defensa de la parte.

La defensa técnica cuando corresponda responde a que en ciertos casos no se exige la asistencia de abogado

Art. 5º.- Buena fe procesal. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso deberán actuar de buena fe.

El tribunal, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, colusión, contravención de  actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe.

Art. 5º.- Prohibición de mala fe procesal. Las partes, sus apoderados, el juez o jueza, y todos quienes intervengan en el proceso deberán abstenerse de actuar de mala fe.

Las partes deberán ceñirse a los acuerdos extraprocesales a que arriben sobre las actuaciones de tramitación del proceso.

El tribunal, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir procesalmente y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, colusión, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o que sean contrarias a la buena fe de manera paradigmática, la Constitución, los tratados internacionales y otras fuentes de derecho y el ius cogens internacional.

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FUND: La buena fe procesal también es aplicable al juez.

Por otro lado, la naturaleza del proceso, particularmente de actuar en un debate, implica ciertos elementos que pueden llevar a situaciones de vaguedad con la buena fe. Las situaciones de vaguedad implican circunstancias que admiten ser calificadas de un modo u otro. En ese sentido tutelar la buena fe, puede terminar implicando cercenar el derecho de defensa en las situaciones de vaguedad. Lo que debe impedirse racionalmente es el actuar de mala fe: cuestiones paradigmáticas o claras. Es así que el propio inciso final del proyecto entiende la buena fe, en razón de los actos de mala fe: fraude o abuso procesal, colusión, contravención de  actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria.

El inciso 2° contempla una de las formas usuales en la práctica para el fraude mediante el engaño. A través de “acuerdos de caballeros” afuera del proceso se llega a un acuerdo de actuación: por ejemplo, de suspender una vista de causa, y las modalidades del fraude son dos: (i) no se presenta la suspensión, teniendo el derecho a ello; (ii) se presenta un escrito de suspensión y en la noche o mañana se retira o desiste. En ambos casos, para que el derecho de defensa de la contraparte no se pueda ejercer. Para hacer frente al fraude se requiere darle valor procesal a los acuerdos extraprocesales sobre el proceso.

- Inciso final: Casos paradigmáticos contrarios a la buena fe, refiere a un problema lingüístico. Se señala que la comprensión de la aplicación de un término (como lo es buena fe o mala fe) se aprende por casos paradigmáticos, donde a las personas no les cabe duda que el caso es una instancia del término. En tal sentido, si bien los actos que de otro modo van en contra de la buena fe, no son los tipificados, deben ser paradigmáticamente comprensible como atentados a la buena fe, esto es, que sean referentes del término.

Además, se amplía el inciso final incluyendo tratados internacionales y ius cogens, a fin de ampliar las fuentes y permitir permear con nuevas interpretaciones de derechos fundamentales los procedimientos civiles en cumplimiento de deber de adecuación de las normas de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados (Arts , 26 y 27) en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos (Arts. 1 y 2).

Artículo 7°.- Inmediación. Las audiencias se realizarán siempre con la presencia del juez, a quien queda prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones.

Artículo 7°.- Inmediación. Las audiencias se realizarán siempre con la presencia del juez, sea presencialmente en dependencias del tribunal o mediante medios tecnológicos, a quien queda prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones.

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Explicación: La inmediación no se ve alterada necesariamente por el uso de medios tecnológicos como la plataforma zoom, tal como se ha podido vivenciar en la pandemia de Covid 19.

Art. 9º.- Publicidad. Todas las diligencias y actuaciones de los procesos regulados en este Código serán públicas, salvo que la ley disponga lo contrario o habilite al tribunal para restringir la publicidad.

Artículo 9°.- Publicidad. “Todas las diligencias y actuaciones de los procesos regulados en este Código serán de sencillo acceso al público desde la primera presentación hasta después de terminado el proceso. El Poder Judicial y el tribunal respectivo deberán velar por su cumplimiento, en términos tanto proactivos como de no obstaculizar su acceso, en lo que le corresponda, salvo que la ley disponga lo contrario o habilite al tribunal para restringir la publicidad”.

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FUND: El fundamento de la publicidad está en el sistema republicano de acceso a la crítica del público y del transparente obrar de los órganos del Estado, desde el inicio.

Esta norma es bifronte: mira al Poder judicial como un todo vele por el libre acceso al público a los procesos, y para el tribunal de que vele por una política de puerta abiertas en cada causa que lleve, en cuanto a que la naturaleza de la causa o las condiciones sanitarias del país, lo permitan. Los estándares internacionales miden la publicidad en términos activos y pasivos.

El momento de inicio de las actuaciones es importante, ya que ocurre en la actualidad que siendo incluso notificado el demandado la carpeta electrónica no está a su disposición, considerando que su acceso al expediente en materia civil se da al mismo tiempo en que el conocimiento del proceso se libera al público en el actual sistema electrónico. Asimismo, es importante tener en cuenta que al demandado le puede interesar conocer quién lo pretende demandar para negociar antes de la notificación.

La publicidad luego de terminado el juicio es importante, porque los fraudes que terminan concretándose en el proceso, pueden ser seguidos por el público, y denunciados para lograr la corrección. Sin un registro material la única forma que se acceda de manera sencilla al proceso, es mediante que el expediente electrónico se mantenga a la vista. Además, existe jurisprudencia relevante de los tribunales de primer o segundo grado que sólo se puede acceder conociendo el rol o rit de la causa, y no están en los portales.

El deber del tribunal es velar por la implementación de la política de puertas abiertas del servicio judicial

No existe.

Artículo 9 A.- Servicialidad.

“Los órganos de la Administración de Justicia en el proceso se encuentran al servicio de la persona, y para lograr tal fin deberán poner a disposición todos los recursos materiales, inmateriales y humanos con que cuenten.

En ningún caso, las personas usuarias del servicio judicial deberán hacerse cargo de las carencias o defectos de funcionamiento del órgano, las que deberán ser corregidas y suplidas por éste”.

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FUND: La norma concreta lo dispuesta por la Constitución en el art. 1 inc. 4, en orden a que el Estado se encuentra al servicio de la persona humana, y los tribunales con toda su organización también están incluidos, y de dicho criterio debe quedar especificado en su concreción en el proceso.

El inciso segundo se justifica fundamentalmente porque las limitaciones actuales de los tribunales, la organización administrativa y jurisdiccional se la termina cargando al ciudadano, lo que implica que éste se resigne a no recibir el servicio o tener que asumirlo por sí mismo en reemplazo del tribunal. Ello va en contra de los principios básicos de la administración que indica que las falencias de un servicio no se pueden trasladar al usuario. Por ejemplo, si el ministro de fe está con restricciones por peligro de Covid, sólo entrega los cheques de los ciudadanos una vez al mes, y no se busca una forma que resuelva el problema.

No existe.

Art. 9. B.‒ Respeto Mutuo.

“En el desenvolvimiento de todo el proceso y el debate los miembros del tribunal, las partes, sus abogados, y todo otro interviniente deberán observar entre sí el más estricto respeto y deferencia personal en el trato, y su falta dará lugar a las sanciones legales correspondientes.

El juez y sus funcionarios tendrán especial consideración cuando la parte concurra personalmente, sin auxilio de abogado”.

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FUND: Si bien hay concreciones de este principio en el texto, esta propuesta la eleva a rango de principio, con un alcance general de respeto y deferencia, en especial cuando la relación es asimétrica y vertical entre juez y el resto. Si bien es más usual el no buen trato entre jueces y abogados, como ha aparecido en diversos audios, este no se restringe a esa relación, sino también a la propia parte.

Particularmente relevante es el impacto que tiene la parte no letrada, el ciudadano, cuando tiene que relacionarse con el tribunal y sus funcionarios por un proceso, en donde muchas veces parece esperarse que la persona sepa derecho y se le reprende por no entender los procedimientos legales.

Art. 10 palabra proceso, agregada por indicaciones.

Reemplazaría “procesos” por “litigios”

La norma se refiere a la aplicación de la ley procesal en el tiempo.

No existe.

Art. 11 A: Integración procesal.

“Para el desenvolvimiento o desarrollo del proceso y el cumplimiento del justo y racional procedimiento, el juez deberá integrar, en defecto de la ley, las garantías constitucionales y de los tratados internacionales que se encuentren vigentes en Chile, según su estructura normativa y función aplicativa, a las normas de procedimiento legales, y de acuerdo al tipo y naturaleza de cada proceso”.

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FUND: Uno de los defectos más complejos del sistema procesal es que algunos jueces, no velan por las garantías del debido proceso que contemplan la Constitución y los Tratados internacionales en el desarrollo del proceso. Ello Constituye una exigencia normativa de la propia Constitución en el art. 6 de que los órganos del Estado, incluyendo el jurisdiccional, se comporte de acuerdo a la Constitución. Este artículo constituye una guía en la forma de aplicar el bloque de juridicidad. El término en “defecto” implica la deferencia a la norma del legislativo, e importa el defecto una laguna normativa o una laguna axiológico-jurídica, a favor del debido proceso.

La aplicación según estructura y función de las normas, alude a lo que M. Atienza y J. Ruiz Manero distinguen en la analítica de teoría de las normas sobre enfoque estructural y enfoque funcional (Las Piezas del Derecho, pp. 60 y ss.). La estructura se refiere a que éstas pueden estar configuradas en su consecuencia como una norma de fin, de acción o principio, que implica una disímil observancia, en cuanto que si la norma es de acción vincula a determinadas acciones, pero si es de fin o principio deja abierto el tipo de acciones a adoptar.

La función aplicativa refiere a cómo se deben aplicar las normas, en tanto razones para la argumentación o razonamiento (valga la redundancia) jurídico aplicativo, y cómo apoya la conclusión de lo que se debe hacer en un caso.

Art. 13.- Aplicación e interpretación. Al aplicar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva y que en la pronta sustanciación de los procesos y la justa resolución de los conflictos sometidos a su competencia, existe un interés público comprometido.

Para la interpretación e integración de las normas procesales se atenderá a los principios generales del Derecho Procesal y los indicados en el Título I de este Código, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 19 a 24 del Código Civil.

ALTERNATIVA DE MODIFICACIÓN 1:

Artículo 13.- Aplicación e interpretación. Al aplicar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos e intereses legítimos reconocidos en la ley sustantiva y que en la pronta sustanciación de los procesos y la justa resolución de los problemas jurídicos sometidos a su competencia, existe un interés público comprometido.

La justa resolución del asunto sometido a decisión implicará siempre, en el fondo, la aplicación de la ley sustantiva en la letra y el espíritu, de acuerdo a los hechos, y, en la forma, con la debida defensa de las partes y de acuerdo al mérito del proceso.

Para la interpretación e integración de las normas procesales se atenderá a los principios del Derecho Procesal y los indicados en el Título I de este Código, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 19 a 24 del Código Civil.

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FUND: El artículo no implica una interpretación mecánica ni un método propiamente tal, sino criterios de orientación legal de la interpretación, que al legislador le interesa resaltar, para que tenga en cuenta el juez al enfrentarse a las oraciones normativas, como lo hace también en los arts. 19 y ss. del CC.

Como reconoce el art. 1 no sólo son derechos sino intereses legítimos.

Según ya se señaló, el conflicto sólo implica un tipo de proceso, y no todo proceso jurisdiccional, como sí lo implica  “problema jurídico”.

- En la actualidad, en teoría de las normas y la práctica, no se habla de los “principios generales”, sino que derechamente de los “principios jurídicos”, con un alcance más amplio para las diversas ramas del derecho, y e incluso las subramas (así, M. Atienza, J. Ruiz Manero, y L. Prieto Sanchís).

Art. 14.- Aplicación supletoria del Código y procedimiento ordinario. Las normas de este Código se aplicarán supletoriamente a todos los procedimientos no previstos en él, a menos que ellos contemplen una norma especial diversa o su aplicación se encuentre en oposición con la naturaleza de los derechos o de los principios que los rigen.

Las normas del procedimiento ordinario se aplicarán en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no están sometidas a una regla especial diversa.

Artículo 14.- Aplicación supletoria del Código y procedimiento ordinario. Las normas de este Código se aplicarán supletoriamente a todos los procedimientos no previstos en él, a menos que ellos contemplen una norma especial diversa o su aplicación se encuentre en oposición con la naturaleza de los derechos o de los principios que los rigen.

“Sin perjuicio de lo anterior, las normas de este Código que expresen las reglas básicas del debido proceso serán integradas por el juez a los procedimientos no previstos en él, de acuerdo a la naturaleza y principios que los rijan”.

Las normas del procedimiento ordinario se aplicarán en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidas a una regla especial diversa”.

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FUND: Existen normas antiguas no actualizadas, como la ley de prenda de valores mobiliarios, en donde no se contempla el trámite de la contestación u oposición a la demanda (vid. la jurisprudencia sobre ello en E. Gandulfo, “Casación y Constitución”, en Ius et Praxis, n° 14 2008, p. 611). En otras como en el proceso monitorio laboral, no se contempla el plazo para la defensa, por lo que surgen dudas para el juez, y hay jurisprudencia vigente de Corte de Apelaciones, de que basta la notificación el día anterior a la audiencia para entenderlo válidamente emplazado al demandado, esto es, con menos de 24 horas. Esta norma permite la opción de que un Código de garantías procesales civiles como éste pueda hacerse aplicable donde falten esas reglas de debido proceso

Artículo 14.- Promoción de los sistemas autocompositivos de resolución de conflictos. La conciliación, la mediación y en general los métodos autocompositivos de resolución de conflictos deberán ser promovidos por los abogados, los funcionarios de la administración de justicia y por los jueces. En caso alguno se entenderá que estos métodos restringen, sustituyen o impiden la garantía de tutela jurisdiccional contenida en el artículo 1°.”

Artículo 14.- Promoción de los sistemas autocompositivos de resolución de conflictos. La conciliación, la mediación y en general los métodos autocompositivos de resolución de conflictos deberán ser promovidos por los abogados, en la medida que se encuentren conforme con los intereses que representen y nunca pasando sobre la voluntad de la parte, los funcionarios de la administración de justicia y por los jueces. En caso alguno se entenderá que estos métodos restringen, sustituyen o impiden la garantía de tutela jurisdiccional contenida en el artículo 1°, ni la de defensa del artículo 4.A. Sin perjuicio, el juez o jueza no podrá adelantar su parecer o criterio respecto de la solución del conflicto en el evento de dictarse una sentencia, debiendo entregar a las partes únicamente la propuesta de solución colaborativa, y sancionarla conforme a derecho”

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Explicación: No se puede permitir que el tercero imparcial, que es el juez o jueza, ponga en duda ese pilar del debido proceso, so pretexto de lograr acuerdos, y debe ser prohibido por ende que los jueces adelanten criterio o su parecer. La medida en que los abogados están habilitados a acceder a los acuerdos es el interés de la parte, y nunca pasando en contra de la voluntad de la parte.

Artículo 19 (antes 18).- Designación de curador ad litem. Cualquiera que tenga interés legítimo podrá pedir el nombramiento de un curador ad litem para menores de edad, incapaces, ausentes, personas jurídicas o demás casos señalados en el número 3 del artículo 16, que sean o hayan de ser parte en el juicio, si carecieren de representante legal, apoderado con facultades para representarlos o éstos estuvieren ausentes.

Artículo 19 (antes 18).- Designación de curador ad litem. Cualquiera que tenga interés legítimo podrá pedir el nombramiento de un curador ad litem para incapaces, ausentes, personas jurídicas o demás casos señalados en el número 3 del artículo 16, que sean o hayan de ser parte en el juicio, si carecieren de representante legal, apoderado con facultades para representarlos o éstos estuvieren ausentes. Respecto de los niños, niñas y adolescentes, se estará a lo dispuesto en el artículo 631 de este Código.

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Explicación: Se elimina la expresión “menores”, que es muy cuestionable toda vez que lo correcto es hablar de niños, niñas y adolescentes, y se remite al artículo que expresamente regula su comparecencia.

Art. 20.- Agencia oficiosa. Se podrá comparecer a nombre de una persona de quien no se tenga representación, siempre que concurran las siguientes condiciones:

a) Que la persona por quien se propone actuar se encuentre impedida de hacerlo o esté ausente del país.

b) Que quien comparezca sea, ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado o cónyuge de la persona por quien se comparece. Podrá también comparecer quien tuviere la condición de abogado o una persona capaz que tenga con el ausente algún interés común y coincidente, que justifique su actuación en la causa.

c) Que el compareciente preste caución suficiente, tanto para asegurar que su gestión será oportunamente ratificada por el representado, como para responder, si procediere, por los daños y perjuicios que resulten de la falta de dicha ratificación.

Si el agente oficioso no fuere abogado, deberá designar mandatario judicial en la forma establecida en el artículo 25.

El tribunal calificará previamente las circunstancias del caso y la garantía ofrecida. Constituida la caución fijará, además, un plazo prudente para la ratificación por el interesado. Si éste no ratifica oportunamente lo actuado en su nombre, el tribunal de oficio o a petición de parte, lo declarará ineficaz y el agente oficioso responderá por los perjuicios que su intervención haya ocasionado, presumiéndose negligente su actuación.

Artículo 20.- Agencia oficiosa. Se podrá comparecer a nombre de una persona de quien no se tenga representación, siempre que concurran las siguientes condiciones:

a) Que la persona por quien se propone actuar se encuentre impedida de hacerlo o esté ausente del país.

b) Que quien comparezca sea ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o cónyuge de la persona por quien se comparece. Podrá también comparecer quien tuviere la condición de abogado o una persona capaz que tenga con el ausente algún interés común y coincidente, que justifique su actuación en la causa.

c) Que el compareciente preste caución suficiente, tanto para asegurar que su gestión será oportunamente ratificada por el representado, como para responder, si procediere, por los daños y perjuicios que resulten de la falta de dicha ratificación. Si aquél no la ofreciere, el juez de oficio procederá a fijarle una caución”.

Si el agente oficioso no fuere abogado, deberá designar mandatario judicial en la forma establecida en el artículo 26.

El tribunal calificará previamente las circunstancias del caso y la garantía ofrecida. Constituida la caución, fijará, además, un plazo prudente para la ratificación por el interesado. Si éste no ratifica oportunamente lo actuado en su nombre, el tribunal, de oficio o a petición de parte, lo declarará ineficaz y el agente oficioso responderá por los perjuicios que su intervención haya ocasionado, presumiéndose negligente su actuación.

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FUND: Dado que uno de los elementos básicos del debido proceso y la defensa es la llamada defensa técnica, se debe facilitar con las debidas garantías el acceso a la defensa técnica para un debate en igualdad de armas. De esta manera, el interés superior en la defensa debe permitir al juez complementar la solicitud, y desarrollar de mejor manera el proceso para la justa solución del problema planteado. Por ello el juez puede señalarle de oficio la caución, que por lo demás implica una tutela de garantía del juez respecto de quien no está presente en el proceso

Art. 22.-  Sucesión procesal por muerte de las partes. Si durante el juicio fallece alguna de las partes que obre por sí misma o el rebelde, quedará en suspenso por este hecho el procedimiento, y se notificará a los herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en un plazo igual al del emplazamiento para contestar la demanda. Si el proceso se  encuentra en estado de dictarse sentencia, la suspensión se producirá después de pronunciada.

Artículo 22.- Sucesión procesal por muerte de las partes. “Si durante el juicio fallece alguna de las partes que obre por sí misma o el rebelde, y sus derechos invocados no sean personalísimos, quedará en suspenso por este hecho el procedimiento, y el tribunal de oficio ordenará notificar a quienes la ley identifique como posibles herederos o que hayan  aceptado la herencia para que comparezcan a hacer defensa de sus derechos e intereses, en un plazo igual al del emplazamiento para contestar la demanda. Si el proceso se encuentra en estado de dictarse sentencia, la suspensión se producirá después de pronunciada.

En el caso de que la parte obre con mandatario judicial, éste podrá presentar la solicitud de suspensión y notificación al tribunal quien evaluará las circunstancias del caso, en relación con la gravedad de la afectación del derecho de defensa”.

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FUND: Para que exista la sucesión en el proceso, los derechos no deben ser personalísimos, ya si lo son nadie puede ocupar su puesto, como en el caso de los cónyuges en su relación personal, aunque no patrimonial. Los herederos del hombre no pasan a ser marido de la mujer.

La ley restringe notificar sólo a los herederos. Herederos en materia civil sólo son aquellos que han aceptado el título según el art. 1239 del Código Civil, ya que al aceptar se retrotraen los efectos y de acuerdo al art. 1156 CC únicamente no falta el asignatario cuando ha aceptado la herencia. Con la redacción del Proyecto se restringe demasiado la sucesión y la tutela de los intereses legítimos de los potenciales herederos (incluyendo al Fisco). Por ello es que se debe incluir a los herederos y potenciales herederos de acuerdo a la ley, como los que aparecen en una posesión efectiva, pero que no han aceptado aún.

Los sucesores concurren más que hacer uso de su derecho sustantivo, como dice el Proyecto lo hacen para “defender” sus intereses y derechos.

El tribunal debe proveer de oficio pues está tutelando el derecho de defensa de las partes ausentes en el proceso.

El Proyecto supone que si la parte fallece con abogado no necesita ponerse el juicio en conocimiento de los herederos, porque sería el abogado de la parte quien debería comunicarse con los herederos, lo que tiene mucho sentido, además, de que puede ser sujeto pasivo los patrimonios de afectación. Sin embargo, no es claro que el abogado tenga siempre contacto con la familia lejana, muchas veces por la confidencialidad de los juicios. En tal evento, el Proyecto deja en desprotección los intereses de los sucesores, porque ellos manejarán los recursos económicos, contacto con los testigos, y deben evaluar si mantienen el juicio o se llega a un acuerdo nuevo.

De esta manera, aparece como más conveniente dejar una cláusula casuística para que el juez evalúe la necesidad de suspensión y notificación a los herederos.

Artículo 24 (diputados).- Sucesión procesal por término de la persona jurídica u otras entidades. En caso de disolución o cancelación de una persona jurídica, o bien en caso de terminación por cualquier causa de las entidades mencionadas en el número 3 del artículo 16, el proceso continuará de pleno derecho con quienes las sucedan en su patrimonio.

Artículo 24.- Sucesión procesal por término de la persona jurídica u otras entidades. En caso de disolución o cancelación de una persona jurídica, o bien en caso de terminación por cualquier causa de las entidades mencionadas en el número 3 del artículo 16, el proceso continuará con quienes las sucedan en su patrimonio.

El proceso continuará de pleno derecho con los sucesores si la persona jurídica u otra entidad estuviere representada por abogado. Si no lo estuviere y se tratase de una sociedad compuesta de más de una persona, deberá notificarse a los sucesores.

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FUND: La norma no identifica el cómo continuará, y deja que cada juez estime la forma procedimental de manera ad hoc a cada entendimiento. La opción es que continúe de pleno derecho ya que usualmente tendrá abogado.

Pero si no tiene abogado, y es una persona jurídica pequeña, se  vuelve más complicado el asunto, porque no todos los sucesores podrían saber lo que ocurre.

Artículo 25 (diputados).- Asistencia letrada obligatoria. Las partes deberán comparecer a todos los actos del procedimiento representadas por abogado o por quien tuviere alguna de las calidades previstas en el artículo 29. Por consiguiente, el tribunal no admitirá escritos sin la firma del respectivo abogado o de quien detentare dichas calidades, ni autorizará a las partes a realizar por sí mismas actuación alguna.

Artículo 25.- Asistencia letrada obligatoria. Las partes deberán comparecer a todos los actos del procedimiento representadas por abogado o por quien tuviere alguna de las calidades previstas en el artículo 29. Por consiguiente, el tribunal no admitirá escritos sin la firma o acreditación electrónica suficiente del respectivo abogado o de quien detentare dichas calidades, ni autorizará a las partes a realizar por sí mismas actuación alguna.

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FUND: La realización actual de la firma en la carpeta virtual no requiere de firma del escrito, dado que se entiende suficientemente acreditado cuando el escrito se sube desde la cuenta del abogado.

Artículo 26 (antes 25).- Asistencia letrada obligatoria. Las partes deberán comparecer a todos los actos del procedimiento representadas por abogado o por quien tuviere alguna de las calidades previstas en el artículo 29. Por consiguiente, el tribunal no admitirá escritos sin la firma electrónica del respectivo abogado o de quien detentare dichas calidades, ni autorizará a las partes a realizar por sí mismas actuación alguna.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso precedente:

a) Los casos en que la actuación de que se trate requiera de la comparecencia personal de la parte.

b) Los asuntos que se sustancien en procedimiento sumario simplificado.

c) La solicitud escrita a que se refiere el artículo 441, cuya cuantía no exceda las ciento veinte Unidades Tributarias Mensuales.

d) Los asuntos que se sustancien en procedimiento monitorio cuya cuantía no

exceda las cuarenta Unidades Tributarias

Mensuales.

e) Las materias de que conozca la Unidad de Tramitación Civil conforme al Título VII del Libro Quinto.

f) El procedimiento a que se refiere el Libro Sexto.

g) Los demás casos en que la ley permita la comparecencia sin asistencia letrada.

No obstante, excepcionalmente, en el caso de las letras b), c) y d) del inciso precedente, el tribunal podrá ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, que las partes se asesoren por un abogado velando por la igualdad de oportunidades, especialmente cuando la complejidad de la pretensión así lo requiera y en todos los casos en que estimare que una de las partes pudiere quedar en la indefensión.

En tal caso, el tribunal otorgará un plazo no inferior a quince días para constituir representación letrada, suspendiéndose entretanto el procedimiento. Si la parte careciere de recursos económicos, el tribunal ordenará que se le designe un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial u otra institución de asistencia jurídica gratuita para que asuma su representación.

La Corte Suprema establecerá, mediante auto acordado, formularios para la presentación electrónica de solicitudes, demandas y escritos en los procedimientos y materias indicados en el inciso segundo. Deberá siempre salvaguardarse la facultad de las partes y demás intervinientes para hacer valer legalmente los derechos que la ley les confiere y acompañar los antecedentes que procedan, en las oportunidades procesales correspondientes.

Artículo 26 (antes 25).- Asistencia letrada obligatoria. Las partes deberán comparecer a todos los actos del procedimiento representadas por abogado o por quien tuviere alguna de las calidades previstas en el artículo 29. Por consiguiente, el tribunal no admitirá escritos sin la firma electrónica del respectivo abogado o de quien detentare dichas calidades, ni autorizará a las partes a realizar por sí mismas actuación alguna.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso precedente únicamente los casos en que la actuación de que se trate requiera de la comparecencia personal de la parte, o bien por expresa disposición legal.

No obstante, excepcionalmente, en estos casos, el tribunal podrá ordenar, en cualquier etapa del procedimiento, que las partes se asesoren por un abogado velando por la igualdad de oportunidades, especialmente cuando la complejidad de la pretensión así lo requiera y en todos los casos en que estimare que una de las partes pudiere quedar en la indefensión.

En tal caso, el tribunal otorgará un plazo no inferior a quince días para constituir representación letrada, suspendiéndose entretanto el procedimiento. Si la parte careciere de recursos económicos, el tribunal ordenará que se le designe un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial u otra institución de asistencia jurídica gratuita para que asuma su representación.

La Corte Suprema establecerá, mediante auto acordado, formularios impresos y electrónicos para la presentación electrónica de solicitudes, demandas y escritos en los procedimientos y materias indicados en el inciso segundo, mediante la oficina judicial virtual, su sitio web o el sistema electrónico más idóneo. Deberá siempre salvaguardarse la facultad de las partes y demás intervinientes para hacer valer legalmente los derechos que la ley les confiere y acompañar los antecedentes que procedan, en las oportunidades procesales correspondientes.

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Explicación: la experiencia ha demostrado que la ausencia de abogados solo genera ansiedad en las partes, y desprotección por cuanto no saben como defenderse. La asesoría letrada es, por lo demás, un derecho humano esencial del debido proceso, por lo que ninguna cuantía, procedimiento sumario o de otra naturaleza puede justificar el incumplimiento de los deberes contraídos por el Estado de Chile al suscribir los tratados de derechos humanos que rigen en la materia.

Se agrega además que los formularios en su caso pueden ser físicos o digitales, tal como se ha visto en la pandemia.

No existe

Art. 29 A.— Ayudantes ad litem.

“Los abogados señalados en el artículo anterior podrán concurrir a las audiencias con personal de apoyo, sin derecho a voz, profesional o técnico relacionado con la materia ventilada en el juicio. En las mismas condiciones podrá ser apoyado en audiencia por estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades autorizadas, o por egresado de esas mismas escuelas hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes. La autoridad universitaria competente certificará, a petición verbal del interesado, el hecho de estar vigente la matrícula o la fecha del egreso, en su caso. La exhibición del certificado respectivo habilitará al interesado para su comparecencia”.

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FUND: El mejor desarrollo del proceso y su justa solución pasa por la adecuada defensa de las partes. Parte de ello implica un óptimo desenvolvimiento en audiencia. Muchas veces por la velocidad de la audiencia, no se puede llevar a efecto de manera correcta por una sola persona. Particularmente cuando se debe interrogar en el debate y a la vez seleccionar el material adecuado para el discurso de clausura o de observaciones a la prueba. La selección del material produce: o bien, hace más lenta la audiencia, para anotar lo seleccionado, o produce lo que actualmente sucede que los abogados traen de antemano aprendido el discurso de observaciones, sin importar lo que haya sucedido en la audiencia, volviendo al trámite en inútil. Para ello un ayudante aparece de suma importancia e ir recalcando las cuestiones de importancia para los interrogatorios o suministrando la documentación adecuada. Contar con otro abogado encarece a la mitad para la parte los costos del procedimiento, por lo que parece más adecuado para una justicia de elite económica.

Además, la opción de ayudantes profesionales o técnicos, no letrados, importa para producir un mejor interrogatorio de los peritos o de testigos expertos, de manera de contrainterrogar en mejor forma, y no simplemente dejarlo a la memoria o comprensión de un abogado que no necesariamente es experto en el tema, en materias complejas de construcción, ingeniería, arquitectura o medicina. Por lo demás, no todas las personas cuentan con la opción de contratar un abogado caro de la especialidad.

Artículo 47.- Responsabilidad del apoderado. El apoderado no será responsable del pago de las costas. Sin embargo, excepcionalmente podrá ser condenado en costas, solidariamente con su representado, cuando hubiere incurrido reiteradamente en acciones manifiesta e injustificadamente dilatorias, para lo cual deberá haber sido previamente apercibido por el tribunal de oficio o a petición de parte.

La resolución que se dicte estableciendo la responsabilidad solidaria del apoderado deberá describir circunstanciadamente las acciones ponderadas para establecer dicha condena, y será susceptible de reposición, procediendo también la apelación, pero solo en forma subsidiaria.

Artículo 47.- Responsabilidad del apoderado. El apoderado no será responsable del pago de las costas. Sin embargo, excepcionalmente podrá ser condenado a una multa de 1 a 10 Unidades Tributarias Mensuale, cuando hubiere incurrido reiteradamente en acciones manifiesta e injustificadamente dilatorias, para lo cual deberá haber sido previamente apercibido por el tribunal de oficio o a petición de parte.

La resolución que se dicte estableciendo la responsabilidad solidaria del apoderado deberá describir circunstanciadamente las acciones ponderadas para establecer dicha condena, y será susceptible de reposición, procediendo también la apelación, pero solo en forma subsidiaria.

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FUND: La disposición pondera el ejercicio de la defensa técnica y la eficacia del proceso, sancionando un ejercicio de mala fe. Sin embargo, el ejercicio legítimo de la defensa con los medios que provee la ley, implica el uso de medidas dilatorias, incluso de forma reiterada. Lo que hace que la medida dilatoria se salga del marco para el que fue pensada, es que se ejerce injustificadamente. Es injustificada porque se aparte del fin típico que justifica la norma, aplicado al caso. Sin embargo, ello puede implicar casos de vaguedad en donde el rechazo de la medida dilatoria no sea claramente injustificada, pero tenga visos para el juez. De esta manera, para que sea procedente la sanción, la medida dilatoria debe ser manifiestamente injustificada

Artículo 48 (antes 47).- Responsabilidad del apoderado. El apoderado no será responsable del pago de las costas. Sin embargo, excepcionalmente podrá ser condenado en costas, solidariamente con su representado, cuando hubiere incurrido reiteradamente en acciones manifiestamente dilatorias, para lo cual deberá haber sido previamente apercibido por el tribunal de oficio o a petición de parte.

La resolución que se dicte estableciendo la responsabilidad solidaria del apoderado deberá describir circunstanciadamente las acciones ponderadas para establecer dicha condena, y será susceptible de reposición, procediendo también la apelación, pero solo en forma subsidiaria.

Artículo 48 (antes 47).- Responsabilidad del apoderado. El apoderado no será responsable del pago de las costas.

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Explicación: esta regla puede prestarse para abusos o prácticas disímiles, donde algunos jueces y juezas sean más estrictos con los incidentes y otros más laxos, y en definitiva puede llegara constreñir el legítimo ejercicio del abogado de incidentar y defender los intereses de su parte. Por ello se sugiere no condenar en costas sino únicamente a una multa de 1 UTM, y para los calificados casos que se indican.

Artículo 53.- Pluralidad inicial objetiva de acciones. El actor podrá ejercer conjuntamente en una misma demanda varias acciones o pretensiones contra un mismo demandado, aunque provengan de diferentes títulos, con tal que no sean incompatibles entre sí.

Sin embargo, podrán proponerse en una misma demanda dos o más acciones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra.

También se tramitarán conjuntamente en una misma demanda distintas acciones cuando así lo dispongan las leyes.

Artículo 53.- Pluralidad inicial objetiva de acciones. El actor podrá ejercer conjuntamente o acumular en un único acto varias acciones o pretensiones contra un mismo demandado, aunque provengan de diferentes títulos, de modo simplemente conjunto o sucesivo, con tal que no sean incompatibles entre sí. En el caso de existir incompatibilidad, deberá presentarlas bajo la modalidad en subsidio, una respecto de la otra, de acuerdo como se regula en el Párrafo de los Actos Procesales.

También se tramitarán conjuntamente en mismo acto distintas acciones cuando así lo dispongan las leyes.

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FUND: Las acciones pueden ejercerse en un mismo acto, e incluir distintas demandas, en rigor procesal, pretensiones. Por ejemplo, se puede demandar el cumplimiento específico y conjuntamente se puede presentar la demanda de resolución. Se trata de dos demandas distintas, y no de una sola demanda, que son interpuestas en un sólo acto. El artículo da a entender que esas dos acciones serían una sola demanda o presentados en una sola demanda. Debe corregirse el mismo acto, por misma demanda.

Existe cierto desconocimiento técnico muy generalizado en la práctica de jueces y abogados litigantes de en qué consiste la cláusula en subsidio y sus efectos. La propuesta da una orientación legal de tipo operativo, en orden a que refiere a la existencia de una condición negativa de rechazo de la primera acción para ser resuelta la segunda.

La las acciones sucesivas refieren a que de dos acciones A y B, la segunda B tiene como antecede lógico para ser acogida el que se gane la primera acción A, si bien se presentan conjuntamente debe ser sometida a modalidad sucesiva una luego de la otra. De esta manera, si se pierde la primera, se pierde automáticamente la segunda. Por ejemplo, la acción reivindicatoria frente a tercero, por enajenación del bien respecto de la nulidad de contrato, la acción de impugnación de filiación junto a la acción de reclamación de estado

No existe

Art. 66.A.- Modalidades de los actos procesales. Cuando la ley ordene la acumulación inicial de ciertos actos o causales en una sola presentación, o la parte decida voluntariamente proceder a dicha conjunción, y aquéllos sean incompatibles, para evitar la preclusión del acto o causal ulterior, podrá el litigante presentarlos en subsidio, para que sea resuelto uno en el evento de rechazarse el otro.

En la misma clase de situación, pero siendo los actos o causales compatibles, los presentará bajo la modalidad sucesiva, cuando el acogimiento de los actos o causales ulteriores tengan como condición necesaria el éxito de los anteriores.

En ningún caso será exigible fórmula ritual o sacramental alguna para expresar las modalidades en que se presentan, siendo suficiente que se dé a entender explícitamente el tipo de condición o eventualidad.

En caso de no encontrarse en incompatibilidad ni de sucesión de actos o causales, se presentarán de manera simplemente conjunta sin mayor otro requisito.

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FUND: La propuesta de regulación de los modos en que se presentan y formalizan los actos procesales y causales, considerando que existe una práctica excesivamente formalista, presentando sus elementos. Existe una multiplicidad de recursos, actos y causales en el derecho que son sometidos a modalidad sin explicitación debida, y que la jurisprudencia aplica un riguroso formalismo, afectando la defensa procesal.

Respecto a la cláusula en subsidio o eventualidad. Primero se distingue con claridad la exigencia de la acumulación legal o voluntaria de los actos y causales, A y B, respecto de la necesidad de la modalidad en subsidio que busca a evitar la preclusión por incompatibilidad.  Así como que la acumulación puede ser forzosa o voluntaria. Se explicita el efecto de la modalidad: el examen del posterior B se somete a una condición negativa, que es el evento de un rechazo del acto primero A. Por ejemplo, el incidente de nulidad el acto y la reposición contra el mismo acto. Además, se deja en claro que lo que precluye es el segundo acto o causal, esto es, el que se vuelve incompatible con el primero, favoreciendo la conservación del acto y la defensa procesal, y asimismo se zanjan las dudas jurisprudenciales en la materia (E. Gandulfo, “Sobre Preclusiones Procesales en el Derecho Chileno en Tiempo de Reformas”, en Ius et Praxis, 2008).

La segunda modalidad es la sucesiva frente a la acumulación. Aquí los actos son compatibles, pero requieren ser presentados uno para ser examinado luego de ser acogido el otro. Por ejemplo, la acción de impugnación de filiación junto con la de reclamación de estado.

Para evitar el excesivo rigorismo que la jurisprudencia aplica de expresar la cláusula en subsidio, bajo pena de rechazar el recurso o acto, se señala en la disposición que se requiere dejar en claro que se interpone bajo la condición o evento del rechazo.

La regla residual es que el resto de los casos serán presentados de manera conjunta simplemente, esto es, sin decir nada de como se presentan se entiende que son presentados en tal forma (E. Gandulfo, “Sobre Preclusiones Procesales en el Derecho Chileno en Tiempo de Reformas).

No existe

66.B-Interpretación del acto procesal.

Los tribunales interpretarán los actos de las partes y su admisión de manera que favorezcan la concretización del debate y la defensa de los intereses, en todas las fases del proceso.

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FUND: Existe consenso en que lo que se debe evitar, como un mal del proceso, es el excesivo rigorismo formalista en el proceso. El vicio radica en que ello termina evitando la defensa de la posición de las partes y así el debate, lo que redunda en un defecto en la justa solución del problema sustantivo. La propuesta da una solución racionalmente interpretativa de manera que los tribunales deban favorecer siempre la concretización del debate. De tal forma se evita el denominado “triunfo por secretaría” de una de las partes.

Artículo 69 (nuevo).- Comparecencia a audiencia vía remota por videoconferencia. Cualquiera de las partes podrá solicitar comparecer vía remota por videoconferencia a las audiencias que se verifiquen presencialmente en el tribunal, si cuentan con los medios idóneos para ello. El tribunal deberá autorizar dicha forma de comparecencia si, en su opinión, ésta resultare eficaz y no causare indefensión para las partes.

La o las partes interesadas deberán solicitar comparecer por esta vía hasta las 12:00 horas del día anterior a la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto, tales como número de teléfono o correo electrónico; a efectos de que el tribunal coordine la realización de la audiencia. Si no fuere posible contactar a la o las partes interesadas a través de los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no han comparecido a la audiencia.

La comparecencia remota de la o las partes se realizará desde cualquier lugar con auxilio de algún medio tecnológico compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados por su Corporación Administrativa. Adicionalmente, para el caso en que la o las partes se encontraren fuera de la región en que se sitúa el tribunal, la comparecencia remota también podrá realizarse en dependencias de cualquier otro tribunal, si éste contare con disponibilidad de medios electrónicos y dependencias habilitadas. La Corte Suprema deberá regular mediante auto acordado la forma en que se coordinará y se hará uso de dichas dependencias.

La constatación de la identidad de la o las partes que comparecen en forma remota deberá efectuarse inmediatamente antes del inicio de la audiencia, ante el ministro de fe de la Corte o ante el funcionario que ésta designe, de manera remota, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal.

La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios electrónicos de la o las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, se podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ellas.

Con todo, la declaración de parte, de testigos y de peritos sólo podrá rendirse en dependencias del tribunal.”

Artículo 69 (nuevo).- Comparecencia a audiencia vía remota por videoconferencia. Cualquiera de las partes podrá solicitar comparecer vía remota por videoconferencia a las audiencias que se verifiquen presencialmente en el tribunal, si cuentan con los medios idóneos para ello. El tribunal deberá autorizar dicha forma de comparecencia si, en su opinión, ésta resultare eficaz y no causare indefensión para las partes.

La o las partes interesadas deberán solicitar comparecer por esta vía hasta las 12:00 horas del día anterior a la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto, tales como número de teléfono o correo electrónico; a efectos de que el tribunal coordine la realización de la audiencia. Si no fuere posible contactar a la o las partes interesadas a través de los medios ofrecidos tras tres intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no han comparecido a la audiencia.

La comparecencia remota de la o las partes se realizará desde cualquier lugar con auxilio de algún medio tecnológico compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados por su Corporación Administrativa. Adicionalmente, para el caso en que la o las partes se encontraren fuera de la región en que se sitúa el tribunal, la comparecencia remota también podrá realizarse en dependencias de cualquier otro tribunal, si éste contare con disponibilidad de medios electrónicos y dependencias habilitadas. La Corte Suprema deberá regular mediante auto acordado la forma en que se coordinará y se hará uso de dichas dependencias.

La constatación de la identidad de la o las partes que comparecen en forma remota deberá efectuarse inmediatamente antes del inicio de la audiencia, ante el ministro de fe de la Corte o ante el funcionario que ésta designe, de manera remota, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal.

La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios electrónicos de la o las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, se podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ellas.

Con todo, la declaración de parte, de testigos y de peritos podrá rendirse por medios electrónicos, salvo oposición de alguna de las partes, en cuyo caso deberán declarar en dependencias del tribunal.”

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Explicación: Las partes pueden definir de mejor manera cuándo es de su conveniencia, la declaración de parte, testigos o peritos por medios electrónicos, lo que ayuda a brindar de mayor eficiencia y rapidez al sistema, y lo hace menos costoso, salvo evidentemente que haya oposición de alguna de las partes.

Artículo 71.- Dirección de la audiencia. El tribunal dirigirá el debate, dispondrá la práctica de actuaciones judiciales, exigirá el cumplimiento de los actos procesales que correspondieren, velará por el normal desarrollo de la audiencia y moderará su discusión, según la naturaleza de la audiencia respectiva. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio del derecho a defensa y velando por la igualdad de oportunidades.

También podrá limitar razonablemente el tiempo de uso de la palabra a las partes y a quienes debieren intervenir, fijando límites máximos iguales para todos ellos o interrumpiendo a quien hiciere un uso manifiestamente abusivo o impropio de su facultad. En caso de que una parte contara con más de un abogado, el tribunal podrá solicitarle determinar cuál de ellos hará uso de la palabra o la forma en que se alternarán.

Artículo 71.- Dirección de la audiencia. El tribunal dirigirá el debate, dispondrá la práctica de actuaciones judiciales, exigirá el cumplimiento de los actos procesales que correspondieren, velará por el normal desarrollo de la audiencia y moderará su discusión, según la naturaleza de la audiencia respectiva. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio del derecho a defensa y velando por la igualdad de oportunidades.

El juez deberá orientar a las partes respecto de las actuaciones que no estén reguladas, completa o parcialmente, por la ley, disponiendo ad hoc la forma y oportunidad de la actuación.

También podrá limitar razonablemente el tiempo de uso de la palabra a las partes y a quienes debieren intervenir, fijando límites y oportunidades máximos iguales para todos ellos o interrumpiendo a quien hiciere un uso manifiestamente abusivo o impropio de su facultad. En caso de que una parte contara con más de un abogado, el tribunal podrá solicitarle determinar cuál de ellos hará uso de la palabra o la forma en que se alternarán; sin perjuicio de la facultad de la parte de anunciar la alteración del orden establecido, por razón justificada.

El tribunal mantendrá la secuencia de las intervenciones, debiendo tener en consideración, salvo norma legal en contrario, la posición activa y pasiva de las partes en el juicio y en las cuestiones promovidas en éste, para asignar la primera y última palabra correspondientemente, y declarar cerrado el debate de cada cuestión a resolver.”

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FUND: Inciso 1. La posibilidad de alterar el orden implica una confianza a la defensa, ya que imprevistos sobrevinientes pueden requerir alterar dicho orden, sin que ello implique la dificultad del debate. Los “límites” aluden a la cuestión de tiempo y las “oportunidades” a las opciones de momentos de intervención.

Inciso 2. Dado que el debate es oral y desformalizado no todo lo que ocurre en ella está secuenciado. Por dicha razón la audiencia tiene la dirección del juez. El problema es que cada juez en cada competencia, material o territorial, fijan la forma en que mejor creen que se desarrolle la audiencia, y tienen la expectativa y exigen que cada abogado sepa como organiza su audiencia, sin importar de donde venga el abogado, lo que aparece una exigencia desmedida, porque cuantos jueces haya organizan de modo diverso cada audiencia. Para evitar afectación del derecho de defensa, y se haga un debate limpio el juez deberá orientar a las partes en la forma y oportunidad de realizar las actuaciones, y si fuere necesario dispondrá la forma en que se realice según su discreción.

Inciso 3. El debate oral requiere reglas mínimas que implican un componente ético jurídico. Quién origina la cuestión, el sujeto activo, debe ser el primero que plantee el problema al juez, mientras que el pasivo, debe ser quien contesta y por ende el segundo en hablar, porque no puede haber contestación de lo no planteado. Esta forma de entender marca una cuestión de equidad: la última palabra la tiene el sujeto pasivo, porque es quién se ve arrastrado a la cuestión.

Sólo en materia laboral, en la prueba en materia de despido injustificado, se altera la regla ya que la prueba comienza con el demandado.

Artículo 72.- Conducta en la audiencia. Quienes asistan a la audiencia deberán guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán utilizar ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni en general, incurrir en conductas contrarias a la disciplina judicial.

En el ejercicio de las facultades que la ley le asigna, el juez deberá dispensar a los abogados, permanentemente, un trato respetuoso y considerado.

Artículo 72.- Conducta en la audiencia. Quienes asistan a la audiencia deberán guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán utilizar ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni en general, incurrir en conductas contrarias a la disciplina judicial.

En el ejercicio de las facultades que la ley le asigna, el juez deberá dispensar a los abogados, personal de apoyo, y las partes, permanentemente, un trato respetuoso y considerado.

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FUND: La extensión del deber implica el respeto en tanto personas, y, por ende, debe alcanzar al personal de apoyo, y a la parte que ve sus derechos en juego.

Art. 73. Artículo 75.- Redacción y suscripción de las presentaciones. Las presentaciones de las partes deberán redactarse en idioma castellano, en forma legible, en soporte de papel y ser firmadas por la persona o personas que actúen en juicio. Asimismo, podrán efectuarse y firmarse en forma electrónica, de conformidad a lo que establezca la Corte Suprema mediante auto acordado.

Si la presentación careciere de alguna de las firmas que debieron estamparse, el tribunal se limitará a ordenar su suscripción dentro de tercero día, bajo el apercibimiento legal de tenerse por no presentada.

Agregar un inciso final “Es un requisito de validez de todas las actuaciones, resoluciones y eventuales impugnaciones de las sanciones así como aplicación de estas que queden íntegramente consignadas en el registro de audio y se entregue copia de él a las partes a más tardar dentro de las veinticuatro horas desde el término de la audiencia.” Una vez iniciado el registro respectivo, queda prohibido suspender o eliminar su funcionamiento, bajo sanción de nulidad, sin perjuicio de las sanciones aplicable.

Esto a fin de permitir las impugnaciones que correspondan e impedir que se pueda apagar el registro para presionar a las partes.

Artículo 74.- Publicidad. Las audiencias serán públicas. Cualquier persona podrá asistir a ellas, y los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir la totalidad o partes de las mismas.

El tribunal, a petición de parte y en casos graves y calificados, podrá limitar total o parcialmente el acceso de público o impedir el acceso u ordenar la salida de personas, en resguardo del normal desarrollo de la audiencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9° y 85, inciso segundo.

Artículo 74.- Publicidad. Las audiencias serán públicas. Cualquier persona podrá asistir a ellas en cualquier momento, con la mesura adecuada para el buen desenvolvimiento de la audiencia. El tribunal deberá velar por las condiciones de acceso del público a las audiencias.

Los medios de comunicación social podrán fotografiar, filmar o transmitir la totalidad o partes de las mismas.

El tribunal, a petición de parte y en casos graves y calificados, podrá limitar total o parcialmente el acceso de público o impedir el acceso u ordenar la salida de personas, en resguardo del normal desarrollo de la audiencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9° y 85, inciso segundo.

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FUND: El acceso del público implica el acceso de parte del soberano popular en la República a ver en acción a los funcionarios públicos y los debates sobre la aplicación del derecho, siendo parte del ejercicio público de fiscalización del actuar de los órganos del Estado.

La ponderación de dicha medida implica por otro lado el balanceo de la mesura adecuada del público para su entrada.

En cualquier momento, recoge la sana práctica de los tribunales de garantía y orales en tanto que permiten la entrada del público en cualquier momento del debate, pero siempre con silencio y moderación.

El deber de velar por el acceso público, tiene su correlato en la jurisprudencia del Tribunal Federal alemán, que exige para las cortes y tribunales el velar por el acceso.

No existe

Art. 78.A Retiro y modificación de presentación.

Las partes podrán hacer retiro de la presentación sin que quede válidamente incorporada al proceso, mientras el tribunal no la haya proveído; posteriormente a ello, sólo podrán desistirse de la misma. Todo ello siempre que no implique mala fe en su actuar.

Las partes podrán modificar sus presentaciones para efectos de estimarse como un solo acto hasta el vencimiento del plazo o hasta que se haya notificado del mismo a la contraparte.

Los dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de lo prescrito en éste Código para el retiro y modificación de la demanda.

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FUND: La práctica del retiro de actos jurídicos tiene en el actual proceso fundamento en el retiro de la demanda, con los mismos efectos. La limitación que tiene en los procesos escritos materiales es que sólo se puede retirar, si es que no entrado a despacho del juez. En los juicios electrónicos la distinción del despacho del juez es imposible, porque una vez subidos a la nube judicial, quedan incorporados a despacho. De esta manera, dado que el retiro en principio no afecta el derecho de defensa de la contraparte, la sana medida deberá ser que el retiro se pueda realizar hasta que no haya sido proveído por el tribunal, sin que ello implique el desistimiento. Todo ello sin que implique un actuar de mala fe, como con los acuerdos extraprocesales de las partes, como en el caso del acuerdo para suspender.

La regla de la modificación si bien afecta a la preclusión por consumición, permite efectuar las correcciones correspondientes sin afectación del derecho de defensa y de la correcta tramitación. Sin que ello implique una tramitación impecable, sino que permite una mejora en el derecho de defensa de la parte.

Artículo 79.- Copias. De todo escrito y documento que se presente deberán acompañarse tantas copias fieles a su original como personas hayan de ser notificadas o serles entregadas, en su caso. El tribunal podrá apercibir a la parte para que acompañe o ponga a disposición, en su caso, las copias o documentos respectivos dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados. Tratándose de escritos y documentos electrónicos, la Corte Suprema regulará en el auto acordado la forma en que las copias y documentos hayan de ser puestos a disposición de dichas personas.

Artículo 79.- Copias. De todo escrito y documento que se presente materialmente deberán acompañarse tantas copias fieles a su original como personas hayan de ser notificadas o serles entregadas, en su caso. El tribunal podrá apercibir a la parte para que acompañe o ponga a disposición, en su caso, las copias o documentos respectivos dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados. Tratándose de escritos y documentos electrónicos, la Corte Suprema regulará en el auto acordado la forma en que las copias y documentos hayan de ser puestos a disposición de dichas personas.

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FUND: El texto del Proyecto es anacrónico, dado que la mayoría de la tramitación es electrónica las copias quedan reducidas al mínimo, usualmente a los documentos que quedan escaneados, aunque en ciertos casos, la cantidad de documentos que acompaña una de las partes puede ser de tal tamaño (inclusive decenas de cajas de documentos), que hagan poco razonable dedicar tanto tiempo a escanearlas, sino que es mejor en tal caso que acompañe copias para la contraparte. Estos casos generales no pueden tratarse como una regla general como lo hace el Proyecto.

Artículo 82.- Cargo y recibo de entrega de escritos y documentos. El funcionario que reciba el escrito dejará constancia de la fecha y hora de su presentación, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora, devolviendo una copia con certificación de esas menciones al interesado. En caso de documentos y escritos electrónicos, la constancia se hará en forma electrónica de la manera que indique el auto acordado antes señalado.

Artículo 82.- Cargo y recibo de entrega de escritos y documentos.

La constancia de la fecha y hora de la presentación de documentos y escritos materiales al proceso se hará de acuerdo a un sistema que dé garantía de aquello, según la vía electrónica o material en que se efectúe, de conformidad al auto acordado que se dicte al efecto, por la Corte Suprema.

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FUND: La alusión al funcionario es anacrónica puesto que está regulado y se practica mediante un sistema automático, en donde una máquina imprime la fecha y no hay intermediación de funcionario.

En la actualidad lo recomendable es que se exija un sistema que garantice la fidelidad y que deje a cargo de la regulación administrativa del Poder Judicial.

Artículo 104.- Notificación por anotación en libro o registro. Las notificaciones personales y por cédula se practicarán a los órganos del Estado mediante su anotación en un libro o registro que estos deberán llevar, garantizando su pleno acceso al ministro de fe. Sin perjuicio de lo anterior, al tiempo de practicar la anotación respectiva, el ministro de fe hará entrega de los antecedentes propios de la notificación de que se trate, a la persona encargada o, en su defecto, a cualquier persona adulta que se encontrare en el domicilio. De la misma manera se notificará a las sociedades anónimas.

Si en el lugar de que se trate no hubiere libro o registro o no se permitiere el acceso al ministro de fe, la notificación personal o por cédula se entenderá practicada mediante la simple entrega de los antecedentes propios de la notificación de que se trate, a persona adulta del domicilio de la entidad a ser notificada o, en su defecto, fijándose dichos antecedentes en la puerta de acceso al mismo.

El ministro de fe deberá levantar un acta dejando constancia de haberse practicado la notificación en la forma señalada en los incisos anteriores, según correspondiere.

La notificación prevista en este artículo producirá efectos a contar del día subsiguiente a la fecha en que se haya practicado.

Agregaría un nuevo inciso 2º “Se presumirá de derecho que la autoridad a notificar del órgano estatal o de la sociedad anónima es la que aparece en la página de internet oficial de cada entidad a la fecha de la presentación de la demanda, independiente de que a la fecha de la notificación fuese una persona distinta, así como también de que está en el lugar del juicio para los efectos de la notificación.”

Se agrega la siguiente frase tras el punto aparte, que pasa a ser punto seguido, del actual inciso 2º (3º de considerar la agregación antes indicada) “El demandante podrá pedir se reemplace esta notificación por el envío de un correo electrónico cuando el ente público o sociedad anónima tengan un domicilio único digital registrado en el Registro Civil conforme a la ley 21.180.”

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Observación: Esto a fin de cambios en las autoridades no dificulten o entorpezcan la notificación.

-Agregado: La agregación de la frase final es para efectos sistémicos al contemplar dicha norma una forma de notificación para todos los procedimientos administrativos, para con la misma lógica servir para los procedimientos en sede judicial.

Artículo 106.- Otras formas de notificación. Cualquiera de las partes podrá proponer para sí otras formas de notificación, que el tribunal podrá aceptar si, en su opinión, resultaren suficientemente eficaces y no causaren indefensión.

Se agrega el siguiente inciso 2º “En la Oficina Judicial Virtual estará disponible, conforme a convenios de interoperabilidad, los domicilios digitales únicos que las personas naturales o jurídicas tengan registrados en el Registro Civil conforme a la ley N° 21.180, a efectos de que las partes puedan conocer dichas casillas y pedir se puedan utilizar y se aplique notificación por correo electrónico a ellas, sea de la demanda así como de otras resoluciones posteriores que se pudieran notificar por cédula o personalmente.”

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Observación: Esto por efectos sistémicos al contemplar dicha norma una forma de notificación para todos los procedimientos administrativos, para con la misma lógica servir para los procedimientos en sede judicial.

Artículo 108.- Prórroga legal. Cuando un plazo de días concedido a las partes venciere en sábado, se considerará ampliado por el solo ministerio de la ley, hasta el siguiente día hábil.

Artículo 108.- Prórroga del plazo legal. Cuando un plazo de días concedido a las partes venciere en sábado, se considerará ampliado por el solo ministerio de la ley, hasta el siguiente día hábil.

Sin perjuicio de lo anterior, un plazo u oportunidad legal podrá ser prorrogado por el juez excepcionalmente, a petición de parte, cuando, dadas las circunstancias y sin un hecho imputable a su culpa, la extensión del mismo afecte en el caso el derecho de defensa de la parte, siempre que sea solicitado antes del vencimiento del mismo.

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FUND: Siempre existen casos en que dada la forma especial del caso se produce una carga excesiva para ser cumplida en el plazo y mantener incólume el derecho de defensa. Por ejemplo, en ciertos casos el plazo para objetar documentos es suficiente que la parte diga algo normalmente, pero hay otras en que la parte acompaña 45 cajas completas de documentos contables, 10 cajas de boletos para acreditar gastos, donde el procesamiento de las mismas requiere mucho más tiempo, y en que si el juez no tiene la flexibilidad para ajustar el procedimiento a las necesidades reales de la defensa, el juicio podrá terminar siendo ganado por falta de tiempo. Asimismo, dadas las contingencias de la pandemia, mucha gente se ha quedado sin vuelos, sin posibilidad de desplazamiento o con un desplazamiento limitado para cumplir. En el mismo sentido, ocurre que la Corporación de Asistencia Judicial debe recibir o da hora para recibir al público a los últimos días, y en dicho caso no alcanzaría, por ejemplo, a obtener la documentación quedando en indefensión. En el mismo sentido el acompañamiento de los documentos traducidos también es un factor de distorsión del sistema.

Artículo 114.- Fatalidad de los plazos. Los plazos son fatales cualquiera que sea la forma en que se expresen, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo. En estos casos el tribunal, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de certificado previo.

Artículo 114.- Fatalidad de los plazos. Los plazos legales son fatales cualquiera que sea la forma en que se expresen. En consecuencia, se extingue el poder procesal de realizar los actos y gestiones procesales correspondientes al vencimiento del plazo, en todo evento o relativamente a un cierto momento, —salvo el caso fortuito o de la fuerza mayor—, sin que el juez pueda revivir lo extinto más allá de la nulidad procesal. En estos casos el tribunal, de oficio o a petición de parte, proveerá lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de certificado previo. Aquellos plazos y términos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal no serán fatales, sin perjuicio de la responsabilidad funcionaria que pudiere acarrear, salvo en aquellos casos en que la ley expresamente lo disponga así o se afecte gravemente el efecto de la inmediación procesal.

Los plazos judiciales deberán ser declarados como precluidos por el tribunal, constituyéndose en tal evento la pérdida del poder procesal.

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FUND: Existe una crítica constante al sistema de preclusiones rígidas del actual proceso, en tanto “excesivo rigor formalista”, que permite que las partes ganen un juicio, sin disputarlo, por un asunto de meros plazos legales precluidos, que es conveniente dejar atrás parcialmente o al menos no extenderlo. En parte aquello se trató de evitar con la audiencia en cuanto son desformalizadas, aunque no totalmente. La designación de los plazos fatales debe decir razón con los tiempos que el legislador entiende que son fundamentales, a su juicio, que se cumplan en dicho momento en el tiempo, porque se afecta el derecho de defensa o la eficacia, pero no todo plazo por el sólo hecho de decirlo la ley.

Esta regla no es absoluta. La propia judicatura civil de familia ha intentado flexibilizar el efecto de los plazos legales. A veces sólo regulan el mejor funcionamiento administrativo, como lo era en el caso del plazo para pagar las fotocopias para elevar un recurso el cual (en reiteradas ocasiones la judicatura hacía vista gorda respecto al pago a tiempo de las copias). Actualmente, la propia judicatura ha tomado en consideración la idea de no ganar sin pleito, y no obstante transcurrido el plazo para contestar y reconvenir en materia de divorcio, existe una práctica jurisprudencial en orden a que de todas maneras pueda hacerse la reconvención de compensación económica.

La misma razón corre para que al juez el plazo no le sea fatal, es decir, hay elementos ponderativos en la actividad jurisdiccional como el buen desarrollo de la defensa o la eficacia de la justicia, no hacen aconsejable tal solución radical. Se entiende en los casos de la contestación, porque no le deja tiempo para preparar la defensa al actor ante la contestación, pero como se dijo la propia judicatura ha encontrado espacio en materia de compensación económica para encontrar solución a dicho problema. Si bien existen razones que aconsejan que el tribunal no tenga plazo fatal. Pero la ley debe recordarle al juez que si no cumple están pendientes las responsabilidades funcionarias.

Preclusión pro iudicato: Sin perjuicio de lo anterior, la ley ha introducido tímidamente una serie de excepciones en que se establece una “preclusión pro iudicato” directa, de manera que si el juez no emite la sentencia dentro del plazo, ya no puede hacerlo y se anula el juicio. En este sentido, el principio de inmediación del juicio en primera instancia se ve afectado cuando el juez deja pasar mucho tiempo para resolver, y no puede considerarse válida una sentencia cuando ha habido prueba más allá de la documental.

Plazos judiciales: El proyecto agrava la situación al extender incluso a los plazos judiciales la preclusión automática, más allá de los casos en que el legislador ha considerado esencial el plazo. Así tiene poco sentido establecer la preclusión en el caso de la consignación de la pericia, o del plazo para constituir el poder, ya en caso alguno termina perjudicando a alguien de forma evidente, por lo que el tribunal debiera hacer efectivo algún apercibimiento.

Impedimento: El proyecto tampoco contempla ninguna excepción, como la del principio de que al impedido no le corre plazo, que debiera reconocerse, por fuerza mayor o caso fortuito que es necesario establecer.

Preclusión refleja: Existe una preclusión refleja en orden a que si las partes quedan precluídas en su poder de realizar un acto o en la oportunidad, entonces  el juez no puede salvar la preclusión quedando también afectado por dicha situación, salvo en el caso de la nulidad procesal que retrotrae los actos.

Concepto: En las preclusiones por oportunidad, lo que se extingue realmente es un poder legal de realizar uno o varios actos procesales consecuenciales. Es ello lo que técnicamente precluye, se por las partes o por el juez.

Preclusión absoluta y preclusión relativa. No toda preclusión extingue absolutamente el poder, a veces es relativa, como en el caso de los documentos que no pueden presentarse luego del probatorio, pero pueden presentarse en segunda instancia en ciertos casos, como se efectúa en la actualidad.

Artículo 117.- Ineficacia. La falta de requisitos o condiciones necesarios para que los actos procesales produzcan sus efectos se podrá sancionar con la constatación de su inexistencia o con la declaración de su nulidad, según corresponda.

Artículo 117.- Ineficacia. Ante la falta de requisitos o condiciones necesarios para que los actos procesales produzcan sus efectos o resultados el tribunal podrá constatar su inexistencia o declarar su nulidad, según corresponda.

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FUND: La teoría de las normas entiende que la nulidad no es una sanción propiamente tal, por violación de una obligación o prohibición de la consecuencia de una norma de mandato, sino que más bien se trata de una inobservancia de una norma que confiere poder o de procedimiento, pero en los requisitos para producir el efecto, no en la obligación o prohibición misma. De esta manera, se entiende que la norma no se incumple en lo que ordena, sino que quien desee obtener un cierto resultado, no lo obtiene, en absoluto o lo obtiene de manera viciada, si no se ciñe a los requisitos.

Artículo 118.- Inexistencia. La constatación de la inexistencia de los actos verificados, como ocurre con los practicados por o ante un órgano que no ejerza jurisdicción, se verificará, en cualquier tiempo, y sin más condiciones que la de citar previamente a los interesados.

Excepcionalmente, en caso de falta de notificación de la demanda al demandado, dicha declaración deberá solicitarse dentro de los diez días siguientes desde que aparezca o se acredite que tuvo conocimiento personal del juicio.

Art. 118.A Nulidad por falta de emplazamiento. “Si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá pedir la nulidad de lo obrado, ofreciendo acreditar que, por un hecho que no le sea imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias de la demanda y su proveído, o que ellas no son exactas en su parte substancial.

Este derecho no podrá reclamarse sino dentro de diez días, contados desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio, aun después de que exista sentencia ejecutoriada”.

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FUND: El inciso primero es correcto al señalar que la inexistencia se debe a la falta de un elemento o requisito de existencia del acto no de eficacia.

Eliminar inciso segundo, y trasladar el sentido de la norma a la nulidad, como en el actual CPC, ya que el proceso existe desde antes de la notificación como reconoce el propio Proyecto, pudiendo existir medidas prejudiciales de todo tipo y ejercicio válido y eficaz de jurisdicción sin notificación de la demanda, según el art. 161 y 196 (se presentan antes de la demanda), y las medidas cautelares pueden interponerse en cualquier momento del juicio desde la demanda. Se puede llevar a efecto antes de la notificación. Incluso el proceso es reconocido que se inicie antes de la demanda, y no se notifique personalmente dicha demanda, como dice el art. 261.

La notificación es un requisito para la eficacia de las resoluciones y el proceso, según el propio Proyecto en el art. 89, no para su constitución. El emplazamiento es parte del derecho de defensa.

Al fallar un requisito del derecho de defensa y del debido proceso, si bien se puede anular todo lo obrado, no anula la presentación de la demanda. Su importancia es que la jurisprudencia reconoce que la sola presentación de la demanda interrumpe la caducidad, como en materia laboral, si fuere inexistente no lo podría hacer y los derechos de los trabajadores caducarían.

Dado que se trata de un elementos de una entidad tal que anula todo lo subsecuente, debe ser capaz de anular todo el proceso obrado después de la pretendida notificación, inclusive después de la sentencia ejecutoriada, como lo reconoce la formulación del inciso segundo en virtud de la inexistencia.

Artículo 157.- Retiro de la demanda. El actor podrá retirar la demanda una vez que se haya presentado al tribunal y hasta antes de que se haya notificado a una cualquiera de las otras partes, sin trámite alguno, y se considerará como no presentada.

Adicionalmente, el retiro de la demanda dará lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias por parte del tribunal en caso de que se hubiere efectuado con la finalidad de permitir la presentación de una nueva demanda eludiéndose las normas de distribución de causas, sin perjuicio de que el tribunal, pueda declararse en tal caso incompetente y remitir los antecedentes al tribunal ante el cual se hubiere presentado originalmente la demanda para que continúe conociendo de ella.

Artículo 157.- Retiro de la demanda. El actor podrá retirar la demanda una vez que se haya presentado al tribunal y hasta antes de que se haya notificado a una cualquiera de las otras partes, sin trámite alguno, y se considerará como no presentada.

Adicionalmente, el retiro de la demanda dará lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias por parte del tribunal en caso de que se hubiere efectuado con la finalidad de permitir la presentación de una nueva demanda eludiéndose las normas de distribución de causas, sin perjuicio de que el tribunal,  de oficio o a petición de parte,  debe  declararse en tal caso incompetente y remitir los antecedentes al tribunal ante el cual se hubiere presentado originalmente la demanda para que continúe conociendo de ella.

PÁRRAFO 3°

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONSERVATIVAS, INNOVATIVAS

PÁRRAFO 3°

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONSERVATIVAS , INHIBITORIAS Y ANTICIPATIVAS

188.- Medida cautelar innovativa. Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, el juez, a petición de parte, podrá disponer medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho preexistente total o parcialmente a la solicitud.

La medida cautelar innovativa se decretará en forma excepcional cuando el peligro de perjuicio irreparable no pueda ser tutelado con el otorgamiento de una medida cautelar conservativa.

Artículo 189.- Medida cautelar inhibitoria. Ante la inminencia de un grave perjuicio, el juez, a petición de parte, podrá disponer medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho preexistente total o parcialmente a la solicitud.

La medida cautelar inhibitoria se decretará en forma excepcional, cuando el peligro de grave perjuicio no pueda ser tutelado con el otorgamiento de una medida cautelar conservativa.

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FUND: La medida innovativa tiene problemas conceptuales porque se superpone con las medidas conservativas en diversos casos, como la medida de la retención de bienes con depositario, que se regula en este proyecto, que innova pero también implica un acto de conservación, como ha señalado la doctrina italiana (Calamandrei, Medidas Cautelares).

La doctrina brasileña habla de medida inhibitoria, en cuanto que inhibe los efectos para reponer el estado de hecho

No existe

Art. 188.A-Medida cautelar anticipatoria.

Sólo en caso expresamente previsto por la ley, y concurriendo daño grave e irreparable, el juez, a petición de parte, podrá decretar de manera provisoria provisionalmente una medida anticipatoria de la tutela definitiva de manera provisional.

En el caso de la tramitación de una acción constitucional de protección, la Corte respectiva podrá conceder la medida de manera anticipada, cuando sea verosímil la ocurrencia de un daño grave e irreparable a los derechos fundamentales.

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FUND: Existen ciertas medidas que anticipan el proceso, sólo cuando la ley así lo dispone. Los ejemplos más paradigmáticos son los alimentos provisorios, las visitas provisorias, en juicios de tal, la medida de clausura de local por contaminación.

Instrumental: Es asimilable a la cautelar porque están instrumentalizadas a asegurar en cierto modo el fin de la sentencia final, en el sentido de que se pueda lograr o habilitar que pueda ser efectiva la medida final para quienes se solicita, por ejemplo, tutelando la manutención del alimentado, o evitando la enfermedad de gente afectada por contaminación ambiental.

Provisoriedad: La medida es provisoria en el sentido de que debe estarse a lo dispuesto finalmente en la sentencia definitiva.

Accesoriedad: Se solicita siempre como medida accesoria a un proceso.

Acción de Protección constitucional: Pero también en materia de recurso de protección dado que puede verse afectado de manera grave un derecho fundamental, por ejemplo, en los casos de transfusiones de sangre u otra medida operatoria de un niño a que sus padres se oponen. Aseguran el resultado de la acción, en tanto que si no se accede, la vida de la persona afectada ya no se podrá tutelar finalmente y el proceso quedará sin eficacia. La Corte de Apelaciones puede anticipar las medidas que no son simplemente inhibitorias o innovativas, sino que derechamente anticipan la solución final de lo discutido, en la medida en que ello tienda a reestablecer el imperio del derecho. En tal sentido, es menester que se regulen legalmente las condiciones en las cuales se puede ejercer tal derecho por parte de la Corte.

La verosimilitud refiere a la probabilidad de que el daño ocurra, y que éste cumple con dos condiciones: sea irreparable para la persona o el medio ambiente, de manera que no pueda volverse atrás, y grave, de una entidad tal que afecte a las personas o el valor o fin garantizado en una entidad tal que lo comprometa.

Art. 206 (Mensaje).- Requisitos de la sentencia definitiva. Las sentencias definitivas que ponen término al primer grado jurisdiccional se dictarán siempre por escrito y deberán contener:

1. El lugar y fecha en que se dictan y el número de orden del proceso;

2. La individualización de las partes y la forma y calidad en que hayan comparecido;

3.  La enunciación breve de las pretensiones, excepciones y defensas que hubieren hecho valer las partes y de sus fundamentos de hecho y de derecho, salvo la de aquellas que hubieren sido resueltas con anterioridad;

4. La exposición clara, lógica y suficiente de cada uno de los hechos y circunstancias que se estimen establecidos por haber sido admitidos por las partes, haber resultado probados, por ser el resultado de convenciones probatorias o bien por estimarse liberados de prueba.

5. El análisis y valoración individual y conjunta de toda la prueba rendida, incluso de aquella que fuere desestimada, con arreglo a lo previsto en el artículo 295 o en leyes especiales, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo, señalando con precisión los hechos y circunstancias establecidos y el razonamiento que conduce lógicamente a esa estimación;

6. Los preceptos constitucionales, legales y los contenidos en tratados internacionales vigentes, y en su defecto, los principios generales del derecho y de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia la sentencia, y el razonamiento jurídico que justifica su aplicación.

7. La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las acogidas, y

[7.A. (Indicación Ejecutivo)- Cuando los hubiere, la enunciación de el o los fallos dictados por la Corte Suprema en conocimiento del recurso regulado en el Título V del Libro III que contuvieren la doctrina jurisprudencial aplicable a la resolución del asunto controvertido, aun cuando el sentenciador hubiere decidido apartarse de ella”].

8. El pronunciamiento sobre costas.

Podrán omitirse los requisitos de los números 4º y 5º en todos los casos en que la controversia versare sobre cuestiones de mero derecho.

En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas que ponen término al segundo grado jurisdiccional y que confirmen, sin modificación, las de primer grado cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente.

Si la sentencia que pone término al primer grado jurisdiccional reúne estos requisitos, la de segundo grado que la modifique o revoque y las que resuelvan recursos extraordinarios, no necesitarán consignar la exposición de las circunstancias mencionadas en los números 1°, 2° y 3° del presente artículo y bastará referirse a ellas.

Art. 206.- Requisitos de la sentencia definitiva. Las sentencias definitivas que ponen término al primer grado jurisdiccional se dictarán siempre por escrito y deberán contener:

1. El lugar y fecha en que se dictan y el número de orden del proceso;

2. La individualización de las partes y la forma y calidad en que hayan comparecido;

3.  La enunciación breve de las pretensiones, excepciones y defensas que hubieren hecho valer las partes y de sus fundamentos de hecho y de derecho, salvo la de aquellas que hubieren sido resueltas con anterioridad;

4. La exposición clara, lógica y suficiente de cada uno de los hechos y circunstancias que se estimen establecidos por haber sido admitidos por las partes, haber resultado probados, por ser el resultado de convenciones probatorias o bien por estimarse liberados de prueba.

5. El análisis y valoración individual y conjunta de todos los medios de prueba rendidos, incluso de aquellos que fueren desestimados, con arreglo a lo previsto en el artículo 295 o en leyes especiales, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo. . En el caso de los medios manifiestamente impertinentes o sobreabundantes se dará justificación razonada para omitir su examen de fondo. La simple relación de actuaciones o piezas del expediente virtual no sustituirá en caso alguno la fundamentación. Además, se señalará con precisión los hechos, circunstancias y sus relaciones establecidos con respecto a la teoría del caso de cada parte. Hecho esto, evaluara la suficiencia de la prueba para tener por acreditado los hechos, según el estándar  de prueba correspondiente y el razonamiento que conduce lógicamente a la conclusión estimativa de cada uno de aquéllos. No se podrá omitir el análisis de prueba alguna, salvo la manifiestamente impertinente y la sobre abundante, de lo que se dará justificación razonada, para así decidirlo;

5A. (Indicación Ejecutivo, trasladado)- Cuando los hubiere, la enunciación de el o los fallos dictados por la Corte Suprema en conocimiento del recurso regulado en el Título V del Libro III que contuvieren la doctrina jurisprudencial aplicable a la resolución del asunto controvertido, aun cuando el sentenciador hubiere decidido apartarse de ella”.

6. Las razones normativas y doctrinales —teóricas o jurisprudenciales— que justifican la aplicación de las normas pertinentes. De esta manera, deberá invocar los preceptos legales, constitucionales, los contenidos en tratados internacionales vigentes y los recogidos en el resto del bloque de juridicidad, y en su defecto o laguna, los principios de derecho vigente, y, a falta de todo ello, las razones de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia la sentencia. En consecuencia, se deberá expresar por cada una de las acciones y excepciones ventiladas en el proceso, la interpretación de las disposiciones aplicables, la calificación jurídica de cada uno de los hechos y sus circunstancias y el razonamiento jurídico que justifica las consecuencias normativas adjudicadas que correspondieren.

(Indicación Ejecutivo, trasladado)- Cuando los hubiere, la enunciación de el o los fallos dictados por la Corte Suprema en conocimiento del recurso regulado en el Título V del Libro III que contuvieren la doctrina jurisprudencial aplicable a la resolución del asunto controvertido, aun cuando el sentenciador hubiere decidido apartarse de ella”.

7. La decisión del asunto sometido a decisión. Esta decisión deberá pronunciarse especial y separadamente respecto de cada una de las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las acogidas, y

8. El pronunciamiento sobre costas.

Podrán omitirse los requisitos de los números 4º y 5º en todos los casos en que la controversia versare sobre cuestiones de mero derecho.

En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas que ponen término al segundo grado jurisdiccional y que confirmen, sin modificación, las de primer grado cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente.

Si la sentencia que pone término al primer grado jurisdiccional reúne estos requisitos, la de segundo grado que la modifique o revoque y las que resuelvan recursos extraordinarios, no necesitarán consignar la exposición de las circunstancias mencionadas en los números 1°, 2° y 3° del presente artículo y bastará referirse a ellas.

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FUND:

N° 5 Valoración de la Prueba: el n° 5 contiene lo que en procesal laboral se denomina como la motivación formal de la prueba, esto es, cuáles son las menciones que debe contener la prueba (frente a los criterios de valoración de fondo de la misma).

- La prueba debe pronunciarse acerca de 3 elementos: los medios de prueba, lo fáctico (hechos y relaciones) que se dé por establecido, y la relación con la teoría del caso expuesta en la demanda y la contestación.

• Respecto de los medios de prueba, el Proyecto confunde la “prueba” seleccionada con los “medios de prueba rendidos”. La prueba son los medios que han sido aceptados como veraces, por lo que la valoración recae sobre los medios rendidos en juicio, y la prueba es su resultado, en tanto que algo sirve para acreditar un hecho.

• En cuanto a lo fáctico, se refiere a los hechos y las relaciones entre los hechos, como las relaciones causales, que no son propiamente hechos o acontecimientos, sino relaciones. El proyecto tiene el defecto de ocultar las relaciones y que el juez deba pronunciarse acerca de ellas, en un enorme número de casos como los de la responsabilidad extracontractual.

• La teoría del caso. Dado que el juez no sólo construye los hechos que puedan acreditarse sino que debe pronunciarse sobre si los hechos de la teoría del caso de las partes expuestos en su demanda o contestación han resultado acreditados, por la congruencia procesal que el proyecto contempla. Tal mención es omitida por el Proyecto y requiere ser corregida.

- Razonamiento y Conclusión. El Proyecto ya señala que debe expresarse el razonamiento que conduce a la estimación. Más estrictamente debe resaltarse que dado que se trata de un razonamiento lógico, debe arribarse a una “conclusión estimativa”, no simplemente estimativa, sino que la conclusión es la culminación del razonamiento lógico en estricto rigor técnico. - Es posible que la evaluación de la prueba implique medios de prueba no pertinentes o sobreabundantes, que no fueren despejados por el juez en la audiencia preparatoria. Para evitar la práctica de su mera omisión con la frase de no pertinente o sobreabundante, el juez debe pronunciarse sobre la calificación de ellos, dando razón de dicha justificación, cuando el hecho se dé por acreditado en el caso de la prueba sobreabundante o en cualquier otro caso en la no pertinente.

- La alusión a la mera relación de estar registrada la prueba es un aporte contenido en el proyecto aprobado de la Cámara de Diputados, y aparece como una advertencia razonable para el juez.

B) N° 6 El Razonamiento de Derecho. Para los avances de razonamiento jurídico el numeral 6 aparece incorporando poco los estudios en la materia, ni los aportes efectuados en otras legislaciones.

La propuesta incorpora dos niveles. Uno del razonamiento en general, y otro del contenido del razonamiento en concreto, al modo en que lo hace el proyecto sobre el razonamiento en materia de hechos.

⁍ Sobre el razonamiento general de la sentencia. Se explicita en qué consiste el razonamiento judicial de derecho: es un razonamiento para la aplicación de las normas jurídicas al caso. Se incorpora el aporte legislativo del Código Procesal Penal, en orden a que ese razonamiento se basa en razones legales y doctrinales, según el art. 342 d) CPP. Las razones doctrinales, pueden ser jurisprudenciales, lo que conecta con la necesidad de citar la jurisprudencia, en lo que sea la doctrina, y por supuesto la teoría jurídica que juega un papel muy importante en el derecho chileno.

Dichas razones lo que hacen es justificar lógicamente la conclusión aplicativa. Por lo que la idea de justificar debe aparecer para la guía del juez.

Asimismo, las normas no deben ser cualquiera sino las pertinentes al caso, de acuerdo al sistema jurídico y su contenido.

⁍ Acerca de la concreción del razonamiento. Este a su vez se divide en dos partes. Uno del material normativo y su precedencia que debe invocarse, y los pasos del razonamiento jurídico.

Sobre el material normativo, dado que estamos en un régimen de gobierno de las normas, el juez debe subordinarse al bloque normativo para fallar. SI bien es cierto que la Constitución es la cúspide normativa, por el principio constitucional de la deferencia al legislador y el principio del control concentrado de la ley, el juez judicial se encuentra vinculado con preferencia a la ley en tanto norma, sin poder desaplicarla el magistrado. Por dicha razón aparece en primer lugar, y en segundo, la Constitución y los Tratados Internacionales, y junto a ellos se recoge el resto del “bloque de juridicidad” (esto es, el resto de la normativa según H. Nogueira), que refleja que el juez no puede saltarse los contratos ni los reglamentos. Dado que se trata de la precedencia de fuentes (y no interpretativa). Los principios jurídicos es el término más en boga en la doctrina internacional y chilena, en tanto abarca más allá de los principios generales del Derecho, ya que cada rama del Derecho ha ido construyendo sus propios principios. Ellos sólo pueden aplicarse en defecto o laguna del bloque de juridicidad, de modo que los principios podrían excepcionalmente derrotar ciertos elementos del bloque de juridicidad en la llamada excepción implícita de los principios, cuando el legislador no se ha pronunciado sobre un particular conflicto de razones subyacentes, como por ejemplo, si en las injurias que implican el honor y la libertad de expresión, intervienen principios no considerados relativos a la transparencia pública en materia de denuncias públicas, según reconoce la jurisprudencia internacional.

El texto del Proyecto a continuación incurre en un error, deja en un mismo nivel los principios del derecho y los de equidad. El error consiste en que la equidad son principios morales no reconocidos en la ley o la doctrina, a los cuales se apela cuando ya no hay solución siquiera en los principios del Derecho por lo que ella sólo procede en defecto de todo lo anterior, y en caso de una injusticia extrema. Si pretende establecer la equidad con referencia a criterios jurídicos de principio, entonces ello ya se encontraría cubierto con la alusión a los principios jurídicos.

Sobre las operaciones que las sentencias deben contener, el Proyecto no se pronuncia, y se propone llenar ese vacío. Primero, se le norma que debe interpretar la normativa; segundo, dado que las normas tienen un supuesto operativo y una consecuencia, luego de la interpretación debe proceder a calificar jurídicamente el supuesto operativo, esto es, si el acuerdo es un contrato y de qué tipo, si el daño es ilegítimo. En tercero, el razonamiento jurídico sobre la consecuencia, esto es, sobre la cuantía de la indemnización, sobre la nulidad del contrato y su extensión, etc. Y ello debe hacerlo con cada acción y las excepciones hechas valer, sin perjuicio de hacer remisión de operaciones ya efectuadas en la propia sentencia. De esta manera se le fija el recorrido de operaciones formales que debe efectuar el juez en su sentencia.

Como inciso 2° del numeral 6 se propone ubicar la obligación de citar la doctrina o jurisprudencia de la Corte Suprema. De esta manera, se entiende que la doctrina es parte de las razones a tener en consideración sí o sí en el fallo, para mantener una línea de debate entre los diversos grados jurisdiccionales, como un diálogo jurisprudencial. Para que el juez o bien se atenga a ella, y genere una igualdad en la protección de la ley, o que genere una solución dispar de manera racional y dialéctica, para engendrar razones respecto de una jurisprudencia evolutiva. Al precedente no se le da estatus de vinculante, pero sí de tenerlo en consideración, en la dialéctica de la sentencia. No debe tener un numeral propio, ya que es parte del razonamiento de fundamentación normativa del fallo (a favor o en contra), y no un decorado en el mismo.

C) N° 7 Pronunciamiento sobre el asunto controvertido. Aquí hay un error técnico grave. El asunto sabemos que no es necesariamente controvertido, porque si hay allanamiento y no hay controversia, en principio la disposición le está diciendo al juez que no debe decidirla formándose una contradicción. Además, en los juicios constitutivos, como las nulidades, el legislador prescinde de la controversia. Es más amplia la referencia al “asunto sometido a decisión”.

Además, el Proyecto señala que debe fallar todas las acciones y excepciones como si fueran un conjunto, siendo que en realidad se le guía en que la resolución es de cada acción y excepción por separado y especialmente. Lo que así le da un orden comprensivo y conclusivo a la sentencia.

Artículo 211.- Aclaración, rectificación o enmienda de una sentencia. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, a solicitud de parte y siempre que la resolución no estuviere cumplida, el tribunal que hubiere pronunciado una sentencia podrá aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia, sin alterar de manera alguna la decisión sobre el fondo.

Artículo 211.- Aclaración, rectificación o enmienda de una sentencia. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, a solicitud de parte y siempre que la resolución no estuviere cumplida, el tribunal que hubiere pronunciado una sentencia podrá interpretarla aclarando los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia, sin alterar de manera alguna la decisión sobre el fondo.

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FUND: La aclaración funcione como un recurso interpretativo, exclusivamente para aclarar dudas o puntos obscuros que se presenten. De esta manera, no se trata sólo de aclarar lo que al tribunal no le queda claro, y que implica en ocasiones que el tribunal sólo se atenga a lo ya dicho sin agregar nada, sino lo que a la parte no le quedó claro o le surge la duda.

Artículo 221.- Cuestiones prejudiciales no penales. Siempre que, para dictar una sentencia definitiva civil, sea necesario decidir, previamente, una cuestión de carácter civil u otra regida por leyes especiales, que se esté sustanciando en juicio iniciado con anterioridad, ante el mismo tribunal o ante otro distinto, y no fuere posible la acumulación de procesos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá suspender el pronunciamiento de la sentencia, hasta que finalice el proceso en que se ventila la cuestión.

Se pondrá término a la suspensión cuando se acredite que el juicio sobre la cuestión civil u otra regida por leyes especiales ha concluido por sentencia definitiva o interlocutoria, o cuando, en concepto del juez, no se justificare mantenerla.

Artículo 221.- Cuestiones prejudiciales no penales. Siempre que, para decretar la adjudicación de una consecuencia jurídica mediante una sentencia definitiva civil, sea necesario decidir, previamente, una cuestión de carácter civil u otra regida por leyes especiales, que se esté sustanciando en juicio iniciado con anterioridad, ante el mismo tribunal o ante otro distinto, y no fuere posible la acumulación de procesos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá suspender el pronunciamiento de la sentencia, hasta que finalice el proceso en que se ventila la cuestión.

Cuando la cuestión implique un nuevo juicio iniciado con posterioridad, el juez examinará la verosimilitud de la pretensión prejudicial para decidir acerca de la suspensión del proceso que sustancia.

Tratándose de la cuestión de inaplicabilidad de la ley por inconstitucionalidad, se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El juez de la causa podrá suspender la tramitación del proceso, si la naturaleza del trámite en que se plantea así lo que necesitare, para efectos de realizar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o para que la parte pueda presentar su acción, de acuerdo a la verosimilitud de la cuestión anunciada. En uno y otro caso, el tribunal fijará un plazo razonable, el que no podrá exceder de 15 días corridos y fatales.

Se pondrá término a la suspensión cuando se acredite que el juicio sobre la cuestión civil u otra regida por leyes especiales ha concluido por sentencia definitiva o interlocutoria, o cuando, en concepto del juez, no se justificare mantenerla.

La sentencia prejudicial será estrictamente acatada en la última decisión, debiendo darle el juez la plena eficacia que se siga de acuerdo al contenido de la sentencia, sin distinguir lo que aquella no distinga. Si el tribunal tuviere alguna observación que pudiere restringir la eficacia de la sentencia prejudicial, requerirá al tribunal de la competencia devolutiva para que interprete y defina el alcance de la sentencia prejudicial.

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FUND:

1) La regla es que un tribunal deba fallar todas las cuestiones que se le planteen, incluso las prejudiciales. Pero hay circunstancias prejudiciales de competencia denominadas “devolutivas” que se resuelven por otro tribunal, al que se le devuelve la competencia.

2) La adjudicación. La cuestión prejudicial se define como tal porque la cuestión planteada es un antecedente lógico para la adjudicación de la consecuencia de la norma en la sentencia. Ello se produce de dos maneras: (a) afecta a un presupuesto o antecedente del supuesto operativo. Por ejemplo, para adjudicar una herencia, se debe ser hijo de causante. La discusión sobre la acreditación de si se es hijo o no se zanja por un certificado del registro civil, es un tema probatorio. Pero si hay una cuestión más de fondo, como la impugnación misma, entonces se debe ir a la justicia de familia, configurándose una cuestión prejudicial civil. (b) Afecta la validez de la norma en el caso, lo que da origen a una cuestión prejudicial constitucional de inaplicabilidad.

El Proyecto distingue si el problema fue originado en un juicio previo a la demanda en que se plantea la cuestión o si el posterior. Si es un juicio posterior el proyecto no lo soluciona.

3) Tratándose de un nuevo juicio, dado que puede ser meramente dilatorio, el juez deberá evaluar la verosimilitud de la pretensión prejudicial, salvo en el caso de la inaplicabilidad.

4) En el caso de la inaplicabilidad, existen una serie de problemas no resueltos en la ley del Tribunal Constitucional que se proponen regular. Dado que el juez tiene iniciativa constitucional, entonces puede requerir tiempo para realizar el requerimiento de manera que puede suspender la tramitación para ello, o para que alguna de las partes presente su acción de inconstitucionalidad. Esto tiene particular importancia cuando se trata de la audiencia, puesto que por la velocidad de la misma y de las resoluciones dictadas allí, es imposible efectuar un requerimiento sin la posibilidad de suspensión. Para tal efecto, se le da la facultad de suspenderlo, si encuentra que hay verosimilitud en el planteamiento, considerando que muchos actos que se dan allí no tienen apelación. De todas formas debe fijar un plazo en vista de ponderar la opción de iniciativa constitucional con la de rapidez del proceso. Para que el Tribunal Constitucional resuelva la suspensión.

La eficacia de la sentencia prejudicial ha sido un tema muy discutido en materia constitucional, pero no se reduce a ello. Se dan reglas muy claras acerca de la eficacia de la sentencia. De manera que no se produzca un conflicto entre tribunales ni entre jurisdicción.

Artículo 222.- Causales de revisión. Se podrá demandar la invalidación de una sentencia definitiva firme solo en los casos siguientes:

1. Si alguna de las pruebas que constituyeren fundamento decisivo de la resolución impugnada hubiere sido declarada falsa por otra sentencia firme.

2. Si la sentencia fuere el resultado de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido declarada por sentencia ejecutoriada.

3. Si se hubiere pronunciado contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y que no se alegó en el juicio en que la sentencia firme recayó.

Artículo 222.- Causales de revisión. Se podrá demandar la invalidación de una sentencia definitiva firme solo en los casos siguientes:

1. Si alguna de las pruebas que constituyeren fundamento decisivo de la resolución impugnada hubiere sido declarada falsa por otra sentencia firme.

2. Si la sentencia fuere el resultado de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido declarada por sentencia ejecutoriada.

3. Si la sentencia hubiere sido obtenida con colusión ilegítima o fraude procesal, no tipificados por la ley como delito.

4. Si se hubiere pronunciado contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y que no se alegó en el juicio en que la sentencia firme recayó.

5. Si se hubiere dictado la sentencia desobedeciendo la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional en juicio de inaplicabilidad de ley por inconstitucionalidad.

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FUND: Una de las cuestiones más problemáticas refiere precisamente a la simulación o colusión en un juicio, para generar cierto efecto jurídico en otro juicio, así como también en el fraude procesal. En ambos casos, la jurisprudencia penal ha sido reacia a reconocerlos como tipificados en la ley. De esta manera, aunque se le señala al juez que debe reprimir la colusión y el fraude, es posible que no se le aparezca dentro de los antecedentes. Parte de los jueces que están comprometidos con ello son los jueces de la Corte Suprema, que en esta causal complementan el deber del art. 5 sobre la prohibición de mala fe represión del fraude.

La colusión entre las partes debe ser ilegítima, dado que los juicios no siempre implica un conflicto, como en las acciones constitutivas en que la ley prescinde de aquél, y las partes pueden actuar coludidas, como en los divorcios de común acuerdo o unilaterales sin conflicto.

La causal del n° 5 refiere a un caso que la doctrina constitucional se pregunta que sucedería si es que ocurriera el caso, sin solución encontrada. De manera que se propone adoptar esta solución por el conflicto de jurisdicciones que ella implica.

Artículo 229.- Iniciativa. Las resoluciones judiciales encaminadas a la sustanciación del proceso se cumplirán de oficio por los tribunales que las hayan pronunciado. Las restantes, a petición de parte.

Artículo 229.- Iniciativa. Las resoluciones judiciales encaminadas a la sustanciación del proceso se llevarán a efecto de oficio por los tribunales que las hayan pronunciado. Las restantes, a petición de parte.

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FUND: El término “llevarse a efecto” es más amplio que “cumplimiento”, ya que el cumplimiento en derecho procesal y teoría de las normas refiere a un tipo de disposición o norma muy específica: las que implican una obligación o prohibición que requieren la cooperación de alguien. Dentro de las resoluciones que sustancian el proceso no sólo están las que ordenan algo, sino también las que son constitutivas, como las nulidades procesales, las que no se cumplen sino que deben tener “reconocimiento” o “acatamiento” de oficio y ser llevadas a efecto en lo que corresponda.

Artículo 230.- Medidas para dar cumplimiento a resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso. Para obtener el cumplimiento de las resoluciones judiciales, los tribunales se encontrarán facultados para adoptar todas las medidas conducentes a dicho cumplimiento, pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de diez unidades tributarias mensuales o arresto hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir el apremio.

Artículo 230.- Medidas para dar eficacia a resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso. Para hacer eficaz las resoluciones judiciales, los tribunales se encontrarán facultados para adoptar todas las medidas conducentes a dicho objetivo, pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de diez unidades tributarias mensuales o arresto hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir el apremio.

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FUND: En la misma línea que lo dicho, aparece la eficacia según cada resolución, y la eficacia de la resolución aparece como un objetivo a realizar.

No existe

Art. 230.A-Eficacia de las sentencias de mandamiento.

En los casos que así lo prevea ley y en los procesos de acción constitucional de protección, las sentencias que mandaten una obligación o prohibición para el demandado, por razón del interés público comprometido tendrán eficacia inmediata para su cumplimiento en el propio proceso, con el auxilio de antemano de la fuerza pública de antemano, y sin más trámite.

En uno u otro caso, el tribunal podrá disponer el cumplimiento de su fallo, bajo apercibimiento de multa o arresto efectivo para el caso de rebeldía, oposición u obstáculo material.

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FUND: Una de las tutelas relativamente nuevas en el derecho procesal es la de mandamiento o “mandamental”, en el derecho brasileño. Ellas han sido conceptualizadas en torno a su eficacia (J.C. Barbosa Moreira “A Sentença Mandamental —Da Alemanha ao Brasil”, en Temas de Dereito Processual, 2001), en cuanto a lo siguiente:

1. Presuponen una norma de mandato, que establece una obligación o prohibición a alguien, como no contaminar.

2. Hay un interés público comprometido presupuesto en la ley o la Constitución, que declara ciertos poderes.

3. La sentencia tiene eficacia sin intervallo, esto es sin juicio ejecutivo o notificación de cumplimiento previo a la espera de que el obligado cumpla motu proprio, a diferencia de las de condena que son ex intervallo (Barbosa Moreira).

4. Pueden ser ejecutadas de antemano con el auxilio de la fuerza pública conjuntamente con la intimación a su cumplimiento (L. Marinoni, “La Ruptura del Principio de Tipicidad de los Medios Ejecutivos en el Derecho Brasileño”, en Revista Jus Navegando, año 10, n° 640, 2005).

En el derecho brasileño su ejemplo clásico es el mandado de securanza, equivalente a la acción de protección constitucional, pero también se puede observar en la judicatura ambiental en Chile.

Un rasgo característico en el derecho comparado, pero adosado a la sentencia, es que puede despacharse medidas coercitivas de multa y arresto.

Artículo 231.- Cumplimiento de sentencias declarativas o constitutivas. El tribunal que hubiere dictado una sentencia declarativa o constitutiva en primer o único grado jurisdiccional ordenará su cumplimiento disponiendo la práctica de las inscripciones, cancelaciones, anotaciones o demás actuaciones necesarias, en los registros públicos pertinentes, si correspondiere.

Artículo 231.- Efectos secundarios de las sentencias. Cuando la sentencia que se hubiere dictado tuviere efectos secundarios que requieran el cumplimiento de un mandato complementario por parte de terceros al juicio, el tribunal de primer o único grado jurisdiccional que la hubiere dictado ordenará sin más trámite lo necesario para que se lleve a efecto lo resuelto.

De esta manera, si la sentencia fuere de mera certeza o constitutiva se dispondrá la práctica de las inscripciones, anotaciones o demás actuaciones necesarias, en los registros públicos pertinentes, si correspondiere.

Se procederá de igual modo a lo dispuesto en el inciso primero, si la sentencia fuere de permisión y se requiriese la remoción de un obstáculo para el libre ejercicio de lo dispuesto en el fallo.

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FUND: El Proyecto incurre en un error técnico. Las sentencias declarativas son propias de un proceso declarativo, el cual se opone a ejecutivo como reconoce el propio proyecto. Dentro de las sentencias declarativas está la sentencia constitutiva, pero aquí aparece en oposición a la declarativa. Además, a veces se habla de sentencias meramente declarativas, en alusión a las sentencias de mera certeza, esto es, a las que simplemente constatan una cierta situación jurídica, las que efectivamente pueden requerir la alteración de algún registro público. En este sentido la regulación del texto aparece demasiado casuístico.

La propuesta es que se establezca una distinción doctrinal y más general, entre efectos primarios y secundarios de las sentencias (J.I. Botelho Mesquita, “Sentença Mandamental”, en Revista do Abogado, n° 78, 2004). Los efectos secundarios son complementarios a lo que dictamina la sentencia respecto de la pretensión procesal, como constituir un estado, etc.  De esta manera no se confunde con la sentencia de mandamiento. La sentencia si fuere constitutiva no requiere de cumplimiento por definición porque el efecto primario se produce por el sólo ministerio de la resolución, como constituir un estado. Si la sentencia requiere el cumplimiento complementario por terceros, como el Servicio del Registro Civil para su anotación el tribunal puede ordenar directamente lo que corresponda.

En los casos de sentencia de permisión, que son aquellas que levantan una prohibición y dejan a la discreción del destinatario observar una conducta u otra, como la autorización de salida del país de menores, o la autorización de venta de un inmueble con precautoria, se especifica que lo que procede es la remoción de un obstáculo secundario que impide ese libre ejercicio.

Artículo 232.- Acatamiento y cumplimiento de las sentencias constitutivas. Todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los registros públicos, deberán acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas.

Quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten interés directo y legítimo podrán pedir al tribunal que hubiere pronunciado la sentencia en único o primer grado jurisdiccional, que ordene las actuaciones precisas para su eficacia.

Artículo 232.- Acatamiento y eficacia de los efectos secundarios de las sentencias. Todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los registros públicos, deberán acatar y cumplir a lo que se disponga en las sentencias constitutivas, de mera certeza o de permisión y atenerse a los resultados normativos, estado o situación jurídicos que surja o se dé cuenta de ellas.

Quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten interés directo y legítimo podrán pedir al tribunal que hubiere pronunciado la sentencia en único o primer grado jurisdiccional, que ordene las actuaciones precisas para su eficacia.

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FUND: Enunciar el cumplimiento de las sentencias constitutivas y nada más, tiene el error técnico de que previamente el proyecto había hablado de sentencia declarativas (por sentencias de mera certeza y de permisión), por lo que debe corregirse la omisión. Debe referir a todas las sentencias que necesiten reconocimiento o acatamiento.

Si hablamos de cumplimiento de las sentencias constitutivas, da margen a confusión en orden a que la sentencia en su aspecto primario necesita “cumplimiento”, lo que no es así. Aparece del todo conveniente referir en términos más amplios a la eficacia.

El Proyecto reduce los efectos de la sentencia constitutiva sólo a estado o situación jurídica que surja, siendo que las sentencias constitutivas pueden hacer más cosas, como anular o resolver contratos y reglamentos administrativos, innovando en el sistema jurídico, y ello no es alterar un estado jurídico o una situación jurídica aplicada, sino que es afectar derechamente una norma jurídica en abstracto. Las sentencias de mera certeza pueden dar cuenta de aquello. La doctrina llama a ello producir resultados institucionales o resultados normativos, que aparece una forma de referir más correcta y abarcadora.

Artículo 233.- Quebrantamiento. Cumplida una resolución judicial, el tribunal tendrá facultades para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado.

El que, por acción u omisión, quebrantare lo cumplido en virtud de una sentencia firme o que admita ejecución provisional será sancionado con reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Si los hechos descritos en el inciso precedente recayeren sobre una resolución judicial que decretó una medida cautelar, la sanción será presidio menor en su grado mínimo.

Artículo 233.- Quebrantamiento. En el cumplimiento de una resolución judicial, el tribunal tendrá facultades para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado, pudiendo decretar apercibimientos de multa o arresto a título compulsivo.

Siempre que no implique prisión por deudas, el que, por acción u omisión, quebrantare lo cumplido en virtud de una sentencia firme o que admita ejecución provisional será sancionado con reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Si los hechos descritos en el inciso precedente recayeren sobre una resolución judicial que decretó una medida cautelar, la sanción será presidio menor en su grado mínimo.

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FUND: La norma no considera la resistencia en cumplir, por ejemplo, en obligaciones de hacer o de prohibición, que sean no subrogables por terceros.

Artículo 235.- Legitimación. Salvo las excepciones legales, quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia definitiva de condena dictada en cualquier grado jurisdiccional podrá, sin necesidad de rendir caución, pedir y obtener su ejecución provisional conforme a las normas previstas en el procedimiento ejecutivo. Se entenderá efectiva la caución que se constituya en base a depósito en la cuenta corriente del tribunal, por el monto que se pretende la ejecución.

Artículo 235.- Legitimación. Salvo las excepciones legales, quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia definitiva de condena dictada en cualquier grado jurisdiccional podrá, previa rendición de caución efectiva, pedir y obtener su ejecución provisional conforme a las normas previstas en el procedimiento ejecutivo. Se entenderá efectiva la caución que se constituya en base a depósito en la cuenta corriente del tribunal, por el monto que se pretende la ejecución.

Artículo 236.- Sentencias no ejecutables provisionalmente. No serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional:

1. Las sentencias constitutivas y las declarativas, salvo los pronunciamientos condenatorios que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales vinculadas con lo que sea objeto principal del proceso.

2. Las sentencias que condenen a suscribir un acto o contrato.

3. Las sentencias o laudos arbitrales.

4. Las resoluciones en contra de las cuales se hubiere concedido un recurso que comprenda un efecto suspensivo o respecto de las cuales se hubiere concedido una orden de no innovar que impidiere su cumplimiento.

5. Los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que se dicten en favor de quienes se encuentren declarados en quiebra, en cesación de pagos o sometidos a un convenio en los términos establecidos en el Libro IV del Código de Comercio, a menos que se rinda caución en dinero efectivo suficiente, según lo dispuesto en los artículos 177 y 178.

Dicha caución gozará de preferencia para responder de todas las restituciones y perjuicios que debieren efectuarse o hacerse efectivos en caso de anularse o dejarse sin efecto la ejecución provisional.

6. Las demás sentencias que indique expresamente la ley.

Artículo 236.- Sentencias no ejecutables provisionalmente. No serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional:

1. Las sentencias constitutivas y las declarativas, salvo los pronunciamientos condenatorios que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales vinculadas con lo que sea objeto principal del proceso.

2. Las sentencias que condenen a suscribir un acto o contrato.

3. Las sentencias o laudos arbitrales, salvo pacto expreso de las partes.

4. Las resoluciones en contra de las cuales se hubiere concedido un recurso que comprenda un efecto suspensivo o respecto de las cuales se hubiere concedido una orden de no innovar que impidiere su cumplimiento.

5. Los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que se dicten en favor de quienes se encuentren declarados en quiebra, en cesación de pagos o sometidos a un convenio en los términos establecidos en el Libro IV del Código de Comercio, a menos que se rinda caución en dinero efectivo suficiente, según lo dispuesto en los artículos 177 y 178.

Dicha caución gozará de preferencia para responder de todas las restituciones y perjuicios que debieren efectuarse o hacerse efectivos en caso de anularse o dejarse sin efecto la ejecución provisional.

6. Las sentencias de condena contra cualquier entidad pública, tales como por ejemplo, las municipalidades, empresas del Estado, organizaciones sociales, sindicales y de beneficencia u obras pías.

7.- Las demás sentencias que indique expresamente la ley.

Artículo 238.- Demanda de oposición a la ejecución provisional. La demanda de oposición a la ejecución provisional podrá fundarse únicamente en las siguientes causales:

1. En que la sentencia no admite ejecución provisional.

2. En que fuere imposible o muy difícil restablecer la situación al estado anterior a la ejecución provisional en caso de que la sentencia de condena a una obligación de hacer, no hacer o de mera entrega de una especie o cuerpo cierto fuere revocada.

Si no concurriere la imposibilidad alegada, el juez podrá ordenar al que hubiere solicitado el cumplimiento, que rinda caución suficiente para garantizar el pago de los perjuicios en caso de revocarse la sentencia.

La caución deberá constituirse en la forma prevista en los artículos 177 y 178.

Si la sentencia fuese de condena a dar una cantidad de dinero, el ejecutado solo podrá oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando dichas actuaciones puedan ocasionar una situación difícil de restaurar o de compensar.

Al formular esta demanda de oposición a medidas ejecutivas concretas, el ejecutado deberá indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone.

3. En una o más de las causales de oposición previstas en el procedimiento ejecutivo regulado en este Código, siempre que ellas consten en un antecedente escrito y se sustenten en hechos acaecidos con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia que se pretende ejecutar.

Artículo 238.- La oposición a la ejecución provisional. La demanda de oposición a la ejecución provisional se tramitará conforme las reglas de los incidentes y podrá fundarse únicamente en las siguientes causales:

1. En que la sentencia no admite ejecución provisional.

2. En que fuere imposible o muy difícil restablecer la situación al estado anterior a la ejecución provisional en caso de que la sentencia de condena a una obligación de hacer, no hacer o de mera entrega de una especie o cuerpo cierto fuere revocada.

La caución deberá constituirse en la forma prevista en los artículos 177 y 178.

Si la sentencia fuese de condena a dar una cantidad de dinero, el ejecutado solo podrá oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, cuando dichas actuaciones puedan ocasionar una situación difícil de restaurar o de compensar.

Al formular esta demanda de oposición a medidas ejecutivas concretas, el ejecutado deberá indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone.

3. En una o más de las causales de oposición previstas en el procedimiento ejecutivo regulado en este Código, siempre que ellas consten en un antecedente escrito y se sustenten en hechos acaecidos con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia que se pretende ejecutar.

Artículo 239.- Decisión sobre la oposición a la ejecución provisional y a medidas ejecutivas concretas. De acogerse la demanda de oposición fundada en la causal prevista en el primer párrafo del número 2 del artículo precedente, el tribunal suspenderá la ejecución, subsistiendo los embargos y las demás medidas adoptadas para garantizar la ejecución.

De acogerse la demanda de oposición fundada en la causal prevista en el párrafo cuarto del número 2 del artículo precedente, proseguirá el procedimiento de apremio en todo lo demás.

Artículo 239.- Decisión sobre la oposición a la ejecución provisional y a medidas ejecutivas concretas. De acogerse la oposición fundada en la causal prevista en el primer párrafo del número 2 del artículo precedente, el tribunal suspenderá la ejecución, subsistiendo los embargos y las demás medidas adoptadas para garantizar la ejecución.

De acogerse la oposición fundada en la causal prevista en el párrafo  tercero del número 2 del artículo precedente, proseguirá el procedimiento de apremio en todo lo demás.

Artículo 241.- Término de la ejecución provisional, derecho a la devolución y la indemnización por daños y perjuicios. Si la sentencia ejecutada provisionalmente fuere revocada, modificada o anulada, se dejará sin efecto la ejecución, debiendo retrotraerse el proceso al estado anterior a éesta. Con todo, si la revocación, modificación o anulación fueren parciales, el juez regulará prudencialmente los términos en que el proceso deba volver al estado anterior.

Quien hubiere solicitado la ejecución provisional, deberá proceder a la devolución de lo percibido, en su caso, y estará obligado a compensar los perjuicios ocasionados al ejecutado con motivo de la ejecución, según las reglas siguientes:

1. Si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuere de condena al pago de dinero y se revocara, modificara o anulara  totalmente, el ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, así como reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que este hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado. Si la revocación, modificación o anulación de la sentencia fuese parcial, solo se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida por el ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial. En ambos casos, procederá el pago de interés corriente para operaciones de crédito de dinero no reajustables sobre la cantidad restituida, desde el momento de la percepción y hasta la devolución efectiva.

2. Si la resolución revocada, modificada o anulada hubiere condenado a la entrega de un bien determinado, se restituirá este al ejecutado, bajo el mismo título con que se hubiere poseído o tenido, más las rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de la utilización del bien. Si la restitución fuese imposible, de hecho o de derecho, el ejecutado podrá pedir que se le indemnicen los daños y perjuicios causados.

Si la sentencia revocada, modificada o anulada contuviese condena a una obligación de hacer y esta hubiere sido realizada, se podrá pedir que se deshaga lo hecho, de ser ello posible, y, en todo caso, que se indemnicen los daños y perjuicios causados.

3. El tribunal que hubiese decretado la ejecución provisional, deberá dictar todas las resoluciones que sean pertinentes para los efectos de dar cumplimiento a las medidas de restitución contempladas en los números precedentes.

El ejecutado podrá hacer valer el derecho de indemnización por daños y perjuicios a que se refieren los números anteriores en el proceso en el cual se pronunció la sentencia cuya ejecución provisional se dejare sin efecto total o parcialmente, en el plazo y de acuerdo al procedimiento establecido en el inciso penúltimo del artículo 179.

Artículo 241.- Término de la ejecución provisional, derecho a la devolución y la indemnización por daños y perjuicios. Si la sentencia ejecutada provisionalmente fuere revocada, modificada o anulada, se dejará sin efecto la ejecución, debiendo retrotraerse el proceso al estado anterior a ésta. Con todo, si la revocación, modificación o anulación fueren parciales, el juez regulará prudencialmente los términos en que el proceso deba volver al estado anterior.

Quien hubiere solicitado la ejecución provisional, deberá proceder a la devolución de lo percibido, en su caso, y estará obligado a compensar los perjuicios ocasionados al ejecutado con motivo de la ejecución, según las reglas siguientes:

1. Si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuere de condena al pago de dinero y se revocara, modificara o anulara totalmente, el ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, así como reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que este hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado. Si la revocación, modificación o anulación de la sentencia fuese parcial, solo se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida por el ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial. En ambos casos, procederá el pago de interés corriente para operaciones de crédito de dinero no reajustables sobre la cantidad restituida, desde el momento de la percepción y hasta la devolución efectiva.

2. Si la resolución revocada, modificada o anulada hubiere condenado a la entrega de un bien determinado, se restituirá este al ejecutado, bajo el mismo título con que se hubiere poseído o tenido, más las rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de la utilización del bien. Si la restitución fuese imposible, de hecho o de derecho, el ejecutado podrá pedir que se le indemnicen los daños y perjuicios causados.

Si la sentencia revocada, modificada o anulada contuviese condena a una obligación de hacer y esta hubiere sido realizada, se podrá pedir que se deshaga lo hecho, de ser ello posible, y, en todo caso, que se indemnicen los daños y perjuicios causados.

3. El tribunal que hubiese decretado la ejecución provisional, deberá dictar todas las resoluciones que sean pertinentes para los efectos de dar cumplimiento a las medidas de restitución contempladas en los números precedentes.

El ejecutado podrá hacer valer el derecho de indemnización por daños y perjuicios a que se refieren los números anteriores en el proceso en el cual se pronunció la sentencia cuya ejecución provisional se dejare sin efecto total o parcialmente, en el plazo y de acuerdo al procedimiento establecido en el inciso penúltimo del artículo 179.

Artículo 253.- Contenido de la demanda. La demanda deberá presentarse por escrito y contener:

1. La designación del tribunal.

2. El nombre, apellidos, cédula de identidad o rol único tributario, profesión u oficio y domicilio del actor y, en su caso, de las personas que lo representen y la naturaleza de la representación. Deberá indicar, además, el domicilio que fijare para los efectos del juicio, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, si no lo tuviere.

3. El nombre, apellidos y domicilio del demandado, y, si se conocieren, su cédula de identidad o rol único tributario y profesión u oficio, así como la individualización en los mismos términos de su representante legal o convencional, si procediere.

4. La exposición de cada uno de los hechos en que se funde el petitorio, la indicación precisa de los medios de prueba con los cuales se acreditarán sus fundamentos y el derecho en que se apoya.

5. El petitorio formulado con toda claridad y precisión.

6. El valor o cuantía de la causa, si fuere determinable.

7. Las firmas del actor o de su representante y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

Artículo 253.- Contenido de la demanda. La demanda deberá presentarse por escrito y contener:

1. La designación del tribunal.

2. El nombre, apellidos, cédula de identidad o rol único tributario, profesión u oficio y domicilio del actor y, en su caso, de las personas que lo representen y la naturaleza de la representación. Deberá indicar, además, el domicilio que fijare para los efectos del juicio, si no lo tuviere.

3. El nombre, apellidos y domicilio del demandado, y, si se conocieren, su cédula de identidad o rol único tributario y profesión u oficio, así como la individualización en los mismos términos de su representante legal o convencional, si procediere.

4. La exposición de cada uno de los hechos en que se funde el petitorio, y el derecho en que se apoya.

5. El petitorio de cada acción o derecho en específico formulado con toda claridad y precisión, y la modalidad en que se presenten, esto es, sucesiva o en subsidio. Bastará pedir en forma expresa, a lo menos, la consecuencia jurídica normativa específica que se pretende, sin necesidad de pedir expresamente el acertamiento base del derecho demandado.

6. El valor o cuantía de la causa, si fuere determinable.

7. Las firmas del actor o de su representante y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

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FUND: El petitorio de cada acción o derecho, por ejemplo, de nulidad, o resolución, clarifica mucho más el potencial debate, ya que el pronunciamiento del demandado y de la sentencia referirá a cada acción.

No en todo escrito de demanda las acciones se separan en otrosíes, sino que a veces se acumulan acciones en un solo otrosí, como cuestión práctica. Además, el petitorio no basta que se las presente con claridad y precisión, sino que los petitorios deben ser bajo modalidad deben ser “en subsidio” por incompatibilidad de las acciones, como las de cumplimiento y resolución de contrato, o deben indicar que son “sucesivos”, cuando una acción es antecedente de la otra, por ejemplo, la de impugnación de filiación y, luego, la de reclamación de estado.

En el petitorio existe un estado de discusión latente en el foro de abogados y jueces, en diversas acciones, de que no basta la petición de condena sino que requiere una acción o petición de mera certeza, como en materia de acciones de cobro en el despido injustificado, en cuanto a que para darle competencia al tribunal para fallar la acción de condena, requiere una acción de mera certeza, que le pida al tribunal declarar la mera existencia del despido injustificado. La doctrina procesal (E. Liebman, Manual de Derecho Procesal Civil) señala que las sentencias constitutivas y de condena tienen una base de mera certeza, ya incluida en todas ellas, y que lo distintivo es lo directivo del fallo: la condena misma o la constitución del efecto. Sobre esta base y considerando que la causa o base de la petición, debe estar en el cuerpo de la demanda fundándolo, y que sobre esa base se produce la discusión y se recogen los hechos de la causa, el petitorio debe reducirse al objeto pedido, esto es, al beneficio jurídico, que se puede decir actualmente en la consecuencia jurídico normativa: por ejemplo, en el supuesto o base, que no se ha pagado el precio, la consecuencia jurídica normativa, se “obliga pagar el precio insoluto”.

Además se sugiere que en el número 2 se elimine “dentro del territorio jurisdiccional del Tribunal” o en caso de desestimarse mantener esa frase, reemplazar la letra “y” por “o” en la frase agregada por las indicaciones “y el medio de notificación …”. Esto por cuanto obligaría, como en la actualidad, a los abogados (As) que litiguen fuera de su lugar de residencia a buscar domicilios para notificación por cédula en circunstancias que esa función está demostradamente que es suficiente para poner en conocimiento de las partes, como ocurre en materia de familia, laboral y penal, las dos primeras en términos amplios también en general civiles, en tanto no criminales.  Esto obligaría a cambiar la regla de la notificación para ampliarla a lo que dispongan las partes.

Igualmente, en el número 4 se sugiere eliminar la frase “la indicación precisa de los medios de prueba con los cuales se acreditarán sus fundamentos”. Esto a fin de contar con una lógica sistémica como en materia laboral y familia donde las partes ofrecen la prueba en la audiencia preparatoria.

Artículo 254.- Acompañamiento de prueba documental con la demanda. El actor deberá acompañar con su demanda toda la prueba documental de que se intente valer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 276.

Si no se dispusiera de alguno de esos documentos, deberá reseñar su contenido en la demanda, indicar con precisión el lugar en que se encuentren o persona que los tuviere y solicitar las medidas pertinentes para su incorporación al proceso, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 309. Esta última deberá tener lugar a más tardar en la audiencia preliminar, única oportunidad en que podrá impugnarse el documento agregado.

Los documentos acompañados serán incorporados al registro desmaterializado y conservados en conformidad a lo dispuesto en el Título IX, Capítulo 4° del Libro Primero.

Esto a fin de contar con una lógica sistémica como en materia laboral y familia donde las partes ofrecen la prueba en la audiencia preparatoria.

Artículo 256.- Sanción a la falta de ofrecimiento oportuno de prueba. No se podrá ofrecer ni producir prueba alguna fuera de las oportunidades previstas en la ley.

Esto a fin de contar con una lógica sistémica como en materia laboral y familia donde las partes ofrecen la prueba en la audiencia preparatoria.

Artículo 258.- Control de admisibilidad de la demanda. Presentada una demanda sin cumplir con los requisitos formales previstos en la ley, el tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en un plazo no superior a diez días, y el actor quedará apercibido, por el solo ministerio de la ley, de que, si no lo hiciere, se tendrá por no presentada y se procederá al archivo de los antecedentes.

Si el tribunal estimare que la demanda no puede ser admitida a tramitación por carecer de jurisdicción o de competencia absoluta, existencia de litispendencia, por inexistencia, falta de capacidad o representación de una de las partes, manifiesta  falta de legitimación para actuar u otro defecto que afecte la existencia, validez o eficacia del proceso, lo declarará de plano, siempre que consten en forma manifiesta del expediente o se funden en hechos de pública notoriedad, expresando los fundamentos de su decisión.

Si se impugna la resolución que no admite a tramitación la demanda, el tribunal ordenará que ella sea notificada al demandado junto con la resolución que concediere el recurso antes de que este se eleve al tribunal superior.

La resolución que declare la inadmisibilidad de la demanda tendrá siempre eficacia para ambas partes.

Artículo 258.- Control de admisibilidad de la demanda. Presentada una demanda sin cumplir con los requisitos formales previstos en la ley, el tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en un plazo no superior a diez días, y el actor quedará apercibido, por el solo ministerio de la ley, de que, si no lo hiciere, se tendrá por no presentada y se procederá al archivo de los antecedentes.

Si el tribunal estimare que la demanda no puede ser admitida a tramitación por carecer de jurisdicción o de competencia absoluta, existencia de litispendencia, por inexistencia, falta de capacidad o representación de una de las partes,  falta de legitimación para actuar u otro defecto que afecte la existencia, validez o eficacia del proceso, lo declarará de plano, siempre que consten en forma manifiesta del expediente o se funden en hechos de pública notoriedad, expresando los fundamentos de su decisión.

Si se impugna la resolución que no admite a tramitación la demanda, el tribunal ordenará que ella sea notificada al demandado junto con la resolución que concediere el recurso antes de que este se eleve al tribunal superior.

La resolución que declare la inadmisibilidad de la demanda tendrá siempre eficacia para ambas partes.

Artículo 264.- Rebeldía. Cuando el demandado debidamente emplazado no comparezca dentro del plazo correspondiente, el tribunal tendrá por evacuado el trámite de contestación de la demanda y el proceso se seguirá en su rebeldía, por el solo ministerio de la ley.

La rebeldía del demandado importará una negación de los hechos afirmados por el actor en su demanda, pero no podrá rendir prueba en juicio, salvo en la forma y condiciones previstas en el artículo 276.

No será necesario notificarle al demandado rebelde las resoluciones que se dicten durante el curso del proceso, las que producirán efectos a su respecto desde que se pronuncien, con excepción de la resolución que cita a las partes a la audiencia preliminar y la sentencia definitiva de primer grado, las que deberán ser notificadas por cédula.

El demandado rebelde podrá comparecer en cualquier estado del proceso, pero respetando lo que se hubiere actuado con antelación.

Artículo 264.- Rebeldía. Cuando el demandado debidamente emplazado no comparezca dentro del plazo correspondiente, el tribunal tendrá por evacuado el trámite de contestación de la demanda y el proceso se seguirá en su rebeldía, por el solo ministerio de la ley.

La rebeldía del demandado no importará aceptación de los hechos, manteniendo el demandado la carga de la prueba de los hechos de su demanda y que sean base para la normativa en que se pretende amparar. El demandado sólo podrá rendir prueba equivalente a la mera negación de los hechos afirmados por el actor en su demanda, sin agregar hechos alternativos, salvo la prueba establecida en la forma y condiciones previstas en el artículo 276.

Mientras la parte demandada se encuentre rebelde en el juicio se le deberán notificar por los medios legales todas las notificaciones que se dicten. Si cuenta con domicilio digital único registrado en el Registro Civil se remitirán correos electrónicos a la casilla ahí indicada.

El demandado rebelde podrá comparecer en cualquier estado del proceso, pero respetando lo que se hubiere actuado con antelación.

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FUND: La justa solución del litigio implica que si el demandado se pudo apersonar al juicio en el tiempo en que podía presentar prueba, éste mantiene su garantía de defensa probatoria, pero sólo como hechos negados, dado que ha guardado silencio respecto de otros hechos.

El actor mantiene su carga pues es él quien le pide al Estado intervenir en la vida del ciudadano demandado, y él debe cargar con suministrar al Estado la justificación fáctica de su intromisión coactiva o potestativa en la vida de aquel. El demandado sólo se ve arrastrado al proceso.

Art. 271.- Contenido de la contestación. La contestación de la demanda deberá contener:

1. La designación del tribunal a cargo del conocimiento del asunto;

2. El nombre, profesión u oficio, cédula de identidad o rol único tributario y domicilio del demandado y, en su caso, de las personas que lo representen y la naturaleza de la representación.  Deberá indicar, además, el domicilio que fijare para los efectos del juicio, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, si no lo tuviere.

3. La exposición clara y precisa de cada uno de los hechos que configuren las defensas y excepciones que se oponen a la demanda, señalando los medios de pruebas pertinentes con los cuales se pretende acreditarlos y el derecho en que se fundan;

4. El petitorio formulado con toda claridad y precisión, y

5. Las firmas del demandado o de su representante y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

Artículo 271.- Contenido de la contestación. La contestación de la demanda deberá contener:

1. La designación del tribunal a cargo del conocimiento del asunto.

2. El nombre, apellidos, profesión u oficio, cédula de identidad o rol único tributario y domicilio del demandado y, en su caso, de las personas que lo representen y el medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y mandatario judicial y la naturaleza de la representación. Deberá indicar, además, el domicilio que fijare para los efectos del juicio, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, si no lo tuviere.

3. La identificación y exposición clara y precisa de cada una de las alegaciones, defensas y las excepciones que se oponen a la demanda, así como de cada una de las negaciones, hechos alternativos o hechos adicionales, que las correspondan, y el derecho en que se fundan.

4. El petitorio formulado con toda claridad y precisión.

5. Las firmas del demandado o de su representante y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

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FUND: Parte de los problemas en la adecuada discusión de los casos, así como del correcto pronunciamiento formal de todas las excepciones, y así en la debida administración de justicia, radica en la confusión de los propios escritos de contestación, que no identifican con claridad las defensas de las excepciones, y se reducen a la discusión de los hechos como un todo poco preciso, que luego el tribunal debe interpretar y reordenar. Este mismo problema luego se extiende a la apelación, en que se extiende a veces a puntos no debatidos.

La propuesta es que la parte ordene sus defensas y las excepciones dirigidas a las acciones del demandado, de manera que aparezca con claridad los puntos debatidos, si es que los hay, y pueda establecerse con precisión los hechos sobre los que no hay debate.

Se precisa para guiar a los litigantes en que consiste desde el punto de vista fáctico la defensa y las excepciones: las defensas, simples, la negación de los sucesos, p.ej., no lo hice, mientras que las excepciones refieren a hechos para oponer a la procedencia de la pretensión, a neutralizarla, mediante la alegación de alternativos, p.ej., yo estaba en otra ciudad, o hechos adicionales que hacen óbice a la relación entre el derecho invocado y la sentencia de condena, como el dolo, la prescripción extintiva,  etc.

No existe

Art. 271. A.- Excepción Constitutiva. Cuando la defensa del demandado se fundare en una norma, relación o situación jurídica que debe ser creada, modificada o extinta, podrá ser evacuada y pedida mediante la excepción correspondiente, siempre que no implique devolver la competencia a otra jurisdicción, ni un juicio de condena que requiera una reconvención o demanda separada. El tribunal deberá abrir debate especial sobre dicha excepción, concediendo derecho a réplica sobre ella, y pronunciarse especialmente de ella en la sentencia definitiva.

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FUND: El problema reside aquí en avisar al litigante cómo debe evacuar ciertos derechos en defensa de sus intereses, en particular, cuando se trata de la prescripción adquisitiva o la ilegalidad de un reglamento, o la nulidad de un contrato. En todos casos, se trata de una situación o norma jurídica en que se constituye, sea creando sea extinguiendo. La forma en que se evacua en el proceso no es uniforme y carece de racionalidad a pesar de ser situaciones constitutivas por definición, e incluso se discute en cada especie de acción de las constitutivas. Es así que la doctrina entiende que la ilegalidad de un acto administrativo, puede evacuarse como excepción así como la nulidad del contrato, mientras que la prescripción adquisitiva se piensa que debe ser por reconvención, de manera que si el litigante lo presenta como excepción pierde el juicio. Incluso la propia jurisprudencia no es completamente uniforme en ello.

Para mantener una uniformidad, y simplificar la litigación, se plantea que se siga la regla de las nulidades o de la excepción de ilegalidad, y se evacue todo a través de las excepciones —ambas vías constitutivas—, de manera que en ella se pida específicamente la creación, modificación o extinción de la norma, situación o relación jurídica. Someterlas al revés implicaría restringir las defensas de las excepciones de legalidad a la reconvencional en la medida que el proceso se ajuste a ellas, afectando con mucho a la defensa del demandado.

Esto, además, obedece a una constante evolución de la excepción, en tanto ella supone hechos adicionales que obstan a la sentencia de condena del derecho invocado.

Este vía queda excluida en los casos de las cuestiones prejudiciales devolutivas, en que se requiere que derivar el caso a otro tribunal de competencia especializada.

Para el caso de que se pretenda evacuar conjuntamente una acción de condena, como en el caso de la resolución de contrato, sólo podrá hacerse valer, siempre que no se pida con indemnización de perjuicios, ya que se trata de una acción de condena separada.

Art. 272.- Carga de controvertir los hechos afirmados en la demanda y los documentos acompañados por el actor y su sanción. En la contestación de la demanda deberá el demandado pronunciarse categórica y precisamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad, integridad y validez de los documentos que a ella se hubieren acompañado.

Su silencio, así como sus afirmaciones ambiguas o evasivas en la contestación podrán ser consideradas por el tribunal como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales, así como admisión de la autenticidad,  integridad y validez de los documentos acompañados.

Art. 272.- Carga de controvertir los hechos afirmados en la demanda y su consecuencia. En la contestación de la demanda deberá el demandado pronunciarse categórica y precisamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda.

Su silencio, así como sus afirmaciones ambiguas o evasivas en la contestación podrán ser consideradas por el tribunal, según el tenor de la contestación, como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales, ye tendrán el efecto que les corresponda siempre que ellos sean de disposición de la parte y no afecten una norma de orden público, así como admisión de la autenticidad,  integridad y validez de los documentos acompañados.

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FUND: Es incoherente que si el demandado puede lo más, que es estar en rebeldía y entenderse como negando los hechos, que si contesta y guarda silencio o es evasivo haciendo uso de su derecho de defensa, se le tenga por admitido.

La admisión propiamente tácita no puede ser automática ya que implica que hay algún elemento en el contexto de la contestación, que implica la voluntad tácita. Si no sería una voluntad ficta o una presunción de derecho de voluntad.

Es un error conceptual concebir la defensa como un derecho, y al mismo tiempo sancionar a una persona por no ejercer un derecho, como si tuviere una obligación. Por definición la falta de no ejercicio de un derecho no trae sanción, sino la pérdida de una oportunidad y nada más. Se trata de un doble error conceptual. Si es una carga sólo puede seguirse una consecuencia perjudicial para su interés propia de su inacción.

En la confesional no concurre a título de defensa, sino a título de medio de prueba.

Artículo 273.- Acompañamiento de prueba documental y ofrecimiento de las otras pruebas en la contestación. El demandado deberá acompañar a su contestación toda la prueba documental de que se intente valer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 276. Si por razón de un impedimento u obstáculo no pudiere acompañarla en esta oportunidad, podrá pedir al juez en dicho acto, un plazo prudente para ello. Igualmente lo podrá solicitar para efectos de acompañar la traducción a que se refiere el artículo 308.

Si no dispusiera de alguno de esos documentos, deberá reseñar su contenido en la contestación e indicar con precisión el lugar en que se encuentra o persona que los tuviere, solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 309. Esta última deberá tener lugar a más tardar en la audiencia preliminar, única oportunidad en la que podrá impugnarse el documento agregado.

Los documentos acompañados serán incorporados al registro desmaterializado y conservados en conformidad a lo dispuesto en el Título IX, Capítulo 4° del Libro Primero.

Asimismo, deberá indicar en la contestación, con precisión, todos los restantes medios de prueba de que se valdrá, incluyendo el nombre, apellidos, profesión u oficio, cédula de identidad, si se supiere, y domicilio de los testigos y de los peritos que presentará a declarar en juicio y solicitar su diligenciamiento si corresponde. Señalará, del mismo modo, con claridad y precisión, los hechos sobre los cuales recaerán las declaraciones de dichos testigos y peritos e indicará, pormenorizadamente, los que se acreditarán con los restantes medios, de modo que el tribunal pueda ejercer las facultades que le confiere el artículo 292.

El demandado podrá solicitar, en la contestación de la demanda, la práctica de prueba anticipada que estime necesaria, señalando las razones que justifican dicha solicitud en conformidad a lo establecido en el artículo 287, y manifestar si hará uso de la facultad que le confieren los artículos 332 y 333, pidiendo su diligenciamiento.

El demandado no podrá producir ni ofrecer medio de prueba alguno fuera de las oportunidades previstas en la ley.

Artículo 273.- Acompañamiento de prueba documental y ofrecimiento de las otras pruebas en la contestación. El demandado deberá acompañar a su contestación toda la prueba documental de que se intente valer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 276. Si, dadas las circunstancias, no pudiere acompañar la documental en esta oportunidad, podrá pedir en dicho acto un plazo razonable para ello, lo que evaluará el juez prudencialmente. Igualmente lo podrá solicitar para efectos de acompañar la traducción a que se refiere el artículo 308. Mientras no se evacúe tal diligencia, no correrá plazo que corresponda para el demandante.

Si no dispusiera de alguno de esos documentos, deberá reseñar su contenido en la contestación e indicar con precisión el lugar en que se encuentra o persona que los tuviere, solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 309. Esta última deberá tener lugar a más tardar en la audiencia preliminar, única oportunidad en la que podrá impugnarse el documento agregado.

Los documentos acompañados serán incorporados al registro desmaterializado y conservados en conformidad a lo dispuesto en el Título IX, Capítulo 4° del Libro Primero.

Suprimir inciso cuarto

El demandado podrá solicitar, en la contestación de la demanda, la práctica de prueba anticipada que estime necesaria, señalando las razones que justifican dicha solicitud en conformidad a lo establecido en el artículo 287, y manifestar si hará uso de la facultad que le confieren los artículos 332 y 333, pidiendo su diligenciamiento.

El demandado no podrá producir ni ofrecer medio de prueba alguno fuera de las oportunidades previstas en la ley.

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FUND: La inserción de un plazo razonable tiene fundamentos fácticos de la realidad social chilena. Es sabido que la Corporación de Asistencia Judicial atiende a diversas personas de escasos recursos, con horas que se les conceden. Muchas veces el público por desconocimiento de las leyes o falta de comprensión de las mismas, recurre a última hora, o si están muy colapsada se le da atención muy diferida en un par de semanas, y no se alcanza a obtener la prueba documental a tiempo. En otras ocasiones, los abogados simplemente no le realizan el acto de defensa a tiempo y deben cambiar de abogado en último momento, sin que tampoco se alcance obtener toda la documental. Todo ello y considerando que en tiempos de pandemia se a complejizado aún más la propia movilización por semana. Es así que  el propio Conservador de bienes raíces le da una copia con 4 o 7 días según su atoche, cantidad de funcionarios que tenga disponible sanos. Una regla tan rígida implicaría dejaría expuesto a un sector de la población más vulnerable, precisamente a la pérdida sin lucha de sus derechos de manera prácticamente automática considerando que la prueba documental ya la ofreció el demandante.

Asimismo también la exigencia del art. 308 de acompañar la traducción del documento complejiza aún más la disputa.

Debe considerarse que la equivalencia de las posiciones entre el demandado y el demandante no tiene parangón, ya que el actor tiene todo el plazo de prescripción años, para preparar la demanda, y el demandado que se ve arrastrado al juicio, sólo tiene 30 días, para preparar todo el juicio según el Proyecto. La norma apela a las facultades prudenciales del juez que debe analizar el caso concreto, si efectivamente el demandado merece tal ampliación, lo que se conecta con los criterios de la prórroga del plazo legal, del art. 114. Igualmente, al no tener que señalar toda la prueba, como los testigos, los peritos, sino que se difiere para un momento posterior, según se dirá más adelante, le da un poco más tiempo al demandado para preparar su defensa.

Se deja a salvo el plazo legal para la carga de controvertir los documentos por parte del demandante.

Es por esta última razón que se propone suprimir el inciso cuarto, ya que pone más carga sobre el demandado, sin una equivalencia con el demandante, y no afecta el derecho de defensa del demandante, ya que los testigos siempre podrán contar con un plazo para conocerlos junto a los peritos, siendo que no debe considerarse que no hay inhabilidades de ellos.

Artículo 274.- Carga de controvertir los documentos acompañados por el demandado y su sanción. El demandante deberá pronunciarse categórica y precisamente, hasta cinco días antes de la audiencia preliminar, sobre la autenticidad, integridad y validez de los documentos que en la contestación se hubieren acompañado.

Su silencio, así como sus afirmaciones ambiguas o evasivas, podrán ser considerados por el tribunal como admisión de la autenticidad, integridad y validez de los documentos acompañados por el demandado.

Artículo 274.- Carga de controvertir los documentos acompañados por el demandado y su sanción. El demandante deberá pronunciarse categórica y precisamente, hasta cinco días antes de la audiencia preliminar, sobre la autenticidad, integridad y validez de los documentos que en la contestación se hubieren acompañado.

Su silencio, así como sus afirmaciones ambiguas o evasivas,  deberán ser considerados por el tribunal como admisión de la autenticidad, integridad y validez de los documentos acompañados por el demandado.

Artículo 276.- Alegaciones complementarias, alegación de hechos nuevos o desconocidos y ampliación de prueba. Las partes no podrán alterar el contenido de la demanda, la contestación y, en su caso, la reconvención, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 257.

Con todo, en la audiencia preliminar, podrán efectuar las alegaciones que estimen procedentes en relación con lo expuesto por la contraria a efectos de aclarar o modificar las pretensiones o defensas formuladas, pero sin que puedan alterar sustancialmente las acciones deducidas, en cuyo caso serán rechazadas de plano. En todo caso, el tribunal deberá conceder siempre a la contraparte la oportunidad para ejercer sus facultades de contradicción y prueba correspondientes.

Del mismo modo, si con posterioridad a la notificación de la demanda o después de la contestación a la misma o de la reconvención, en su caso, ocurriese algún hecho nuevo de relevancia para fundamentar las pretensiones o defensas de las partes y la decisión del asunto controvertido, o hubiese llegado noticia de un hecho relevante para la decisión que la parte no haya podido ni debido conocer con anterioridad, las partes podrán alegarlo durante el curso del proceso por escrito o a más tardar en la audiencia preliminar, ofreciendo la prueba necesaria para acreditarlo.

En este último caso, el tribunal podrá rechazar de plano la solicitud cuando no se justifique que el hecho no se pudo alegar en la oportunidad procesal prevista por la ley o se trate de un hecho que carezca de relevancia para la decisión del asunto controvertido.

Tratándose de hechos nuevos expuestos por el demandado al contestar la demanda principal o la reconvencional, en su caso, el demandante podrá, en la audiencia preliminar, acompañar aquellos documentos y ofrecer los demás medios de prueba complementarios cuyo interés o relevancia se ponga de manifiesto a consecuencia de las afirmaciones o alegaciones efectuadas por el demandado en su contestación.

Eliminar los incisos 3º, 4º y 5º

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Explicación: la eliminación se debe a que es necesario contemplar la prueba nueva a propósito de la oportunidad común de ofrecimiento de prueba y sus excepciones.

Artículo 277.- Citación a audiencia preliminar. Transcurrido el plazo para la contestación de la demanda o de la reconvención, en su caso, respecto de todas las partes, con o sin la presentación de las mismas, el tribunal citará a una audiencia preliminar, la que tendrá lugar en un plazo no inferior a veinte días ni superior a cuarenta. Las partes deberán ser notificadas con una antelación no inferior a diez días de aquel fijado para la celebración de la audiencia.

Agregar el inciso 2º “Las partes deberán anunciar por escrito antes de los cinco días previos a la audiencia preliminar los medios de prueba de las que se pretenden valer en el juicio, incluyendo la documental previamente anunciada y acompañada. Deberán, además, indicar con precisión, todos los medios de prueba de que se valdrá, incluyendo el nombre, apellidos, profesión u oficio, cédula de identidad, si se supiere, y domicilio de los testigos y de los peritos que presentará a declarar en juicio y solicitar su diligenciamiento si corresponde. Señalará, del mismo modo, con claridad y precisión, los hechos sobre los cuales recaerán las declaraciones de dichos testigos y peritos e indicará, pormenorizadamente, los que se acreditarán con los restantes medios, de modo que el tribunal pueda ejercer las facultades que le confiere el artículo 292. En el caso de requerir oficios deben señalarán los domicilios y, en la medida que estén disponibles, los correos electrónicos de los entes a oficiar, permitiendo emplear los domicilios digitales únicos y los portales de los entes públicos conforme a la ley N° 21.180. En caso de incumplimiento de esta carga no podrán ofrecer prueba, salvo los supuestos de prueba nueva o de nuevo conocimiento debidamente acreditados y admisibles previo debate en la oportunidad en que se planteen los supuestos.”

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Explicación: El fundamento es el mismo de oportunidad común a la prueba. Además, permite a las partes presentar una prueba más fina, cuando ya ambas conocen los escritos fundamentales. Es así que, por ejemplo, en el caso de la excepción de ilegalidad de un reglamento por causa de los motivos, permite al fisco presentar una prueba precisa de la discusión, lo mismo corre en el caso de la excepción de contrato no cumplido. Es particularmente relevante el problema de las excepciones, ya que ellas suponen alegar un hecho nuevo, que causa nulidad, incumplimiento que oblitera la acción. De esta manera, el Proyecto no tiene en cuenta la implicación práctica del concepto de excepción.

Esta forma de presentar la prueba, estaría conforme con la práctica forense de la pandemia, donde los tribunales orales laborales solicitan presentar las pruebas con 3 o 5 días de anticipación. Se produce un efecto similar al “discovery” probatorio, pero dilatado en el tiempo, que redundará en la audiencia preliminar.

Además, permite la oportunidad de tener una respuesta en coherencia con la calificación del rebelde como en una situación de equivalencia a negar los hechos, ya que da la oportunidad para que pueda presentar prueba de negación de los hechos, y fomenta el debate en los sustantivo: la ocurrencia o no de los hechos que se alegan. Juntamente es coherente con la oportunidad que se le da al demandado para tener más tiempo para preparar su defensa, en relación con el tiempo de prescripción del demandante, y permite que en las condiciones fácticas de la Corporación de Asistencia Judicial y su atención al público de menos recursos, dejarlos en menor situación vulnerable ante el proceso. La virtud de esta norma es que el derecho de defensa de las contrapartes no se ve mayormente afectado, ya que la testimonial y el peritaje será examinado en la audiencia de juicio.

Se traslada la exigencia de la contestación a ambas partes en este plazo de 5 días, para efectos de que pueda tener mayor precisión el obrar de las partes.

CAPÍTULO 4°

DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

CAPÍTULO 4°

DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA

FUND: La propuesta es cambiar el nombre de audiencia “preliminar” a “preparatoria”,  dado que importa mantener una coherencia de lenguaje legislativo en materia civil de más de 15 años, desde la ley de N° 19.968 de Tribunales de Familia en su art. 61 y el Código del Trabajo en el art. 453 ambas sobre audiencia preparatoria (y va en la línea de la designación del CPP como “audiencia de preparación”), e implicaría cambiar el nombre de todas esas leyes y las que le hacen referencia para mantener una unidad lingüística. La práctica forense ya ha adquirido dicho lenguaje, y entiende el simbolismo de la función preparatoria de la audiencia, más que el término “preliminar”, cuya designación no indica la función.

Artículo 280.- Contenido de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar:

1. El juez hará una relación somera del contenido de la demanda, así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones.

2. Se ratificará la demanda y la contestación y, en su caso, la reconvención y la contestación a la misma.

3. El tribunal, después de oír al actor y al demandante reconvencional, en su caso, resolverá las excepciones previas opuestas a la demanda principal o reconvencional que no se hubieren resuelto de plano.

Para este efecto, fijará los puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos que requieran de prueba y recibirá en la misma audiencia la que ofrezcan las partes.

Con todo, el tribunal podrá omitir el pronunciamiento respecto de las excepciones previas previstas en los números 6, 7, 8 y 9 del artículo 267 y reservar su resolución para la sentencia definitiva, si los antecedentes que existieren en el proceso fueren insuficientes para emitir su resolución respecto de ellas.

4. Se formularán las alegaciones complementarias y de hechos nuevos a que se refiere el artículo 276, si las hubiera.

5. Se llamará a las partes a conciliación siempre que se trate de derechos respecto de los cuales sea admisible la transacción. El juez deberá proponer personalmente bases de arreglo. Las opiniones que emita con tal propósito no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

El juez tratará de obtener una conciliación total o parcial del litigio, la que solo producirá efectos entre las partes que la hubieren acordado, debiendo continuar el juicio con las demás.

Sin perjuicio del registro de la audiencia, de la conciliación total o parcial se levantará acta escrita en la que se consignarán las especificaciones del arreglo. Esta acta será suscrita por el juez y las partes que lo desearen. La conciliación producirá los mismos efectos de una sentencia definitiva ejecutoriada.

No obstante lo previsto en este número, el tribunal, en cualquier tiempo, podrá citar a las partes a una audiencia de conciliación.

6. El tribunal dictará la correspondiente sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso, resolverá las nulidades denunciadas o las que el tribunal hubiere advertido y decidirá, a petición de parte o de oficio, todas las cuestiones que obstaren a la decisión sobre el fondo del asunto.

7. El tribunal fijará los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que deben ser probados y se pronunciará sobre las convenciones probatorias que las partes hayan acordado.

8. El tribunal determinará las pruebas que deberán rendirse en la audiencia de juicio al tenor de la propuesta de las partes en sus escritos principales y aquellas destinadas a acreditar las alegaciones complementarias y de hechos nuevos o desconocidos previstos en el artículo 276, que no hayan sido rechazadas de plano. Se excluirán de ser rendidas aquellas pruebas que se declaren inadmisibles en conformidad a lo dispuesto en el artículo 292.

9. Se recibirá la prueba anticipada que hubiere sido ofrecida en los respetivos escritos principales del período de discusión y la que soliciten las partes en el curso de la audiencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 287.

En su caso, deberán señalarse, detalladamente, las pruebas que las partes ya hubieren rendido en forma anticipada.

10. Se fijará la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no inferior a quince días ni superior a cuarenta de realizada la audiencia preliminar.

11. Se decretarán las medidas cautelares que se solicitaren y sean procedentes, a menos que estas se hubieren decretado con anterioridad, caso en el cual se resolverá sobre su mantención.

12. En general, se conocerán y resolverán todas las incidencias planteadas por las partes.

Artículo 280.- Contenido de la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria:

1. El juez hará una relación somera del contenido de la demanda, así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones.

2. Se ratificará la demanda y la contestación y, en su caso, la reconvención y la contestación a la misma.

3. El tribunal, después de oír al actor y al demandante reconvencional, en su caso, resolverá las excepciones previas opuestas a la demanda principal o reconvencional que no se hubieren resuelto de plano.

Para este efecto, fijará los puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos que requieran de prueba y recibirá en la misma audiencia la que ofrezcan las partes.

Con todo, el tribunal podrá omitir el pronunciamiento respecto de las excepciones previas previstas en los números 6, 7, 8 y 9 del artículo 267 y reservar su resolución para la sentencia definitiva, si los antecedentes que existieren en el proceso fueren insuficientes para emitir su resolución respecto de ellas.

4. Se formularán las alegaciones complementarias y de hechos nuevos a que se refiere el artículo 276, si las hubiera.

5. Se llamará a las partes a conciliación siempre que las partes lo soliciten de común acuerdo y se trate de derechos respecto de los cuales sea admisible la transacción. El juez deberá proponer personalmente bases de arreglo. Las opiniones que emita con tal propósito no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa.

El juez tratará de obtener una conciliación total o parcial del litigio, la que solo producirá efectos entre las partes que la hubieren acordado, debiendo continuar el juicio con las demás.

Sin perjuicio del registro de la audiencia, de la conciliación total o parcial se levantará acta escrita en la que se consignarán las especificaciones del arreglo. Esta acta será suscrita por el juez y las partes que lo desearen. La conciliación producirá los mismos efectos de una sentencia definitiva ejecutoriada.

No obstante lo previsto en este número, el tribunal, en cualquier tiempo, podrá citar a las partes a una audiencia de conciliación.

6. El tribunal dictará la correspondiente sentencia interlocutoria con el fin de sanear el proceso, resolverá las nulidades denunciadas o las que el tribunal hubiere advertido y decidirá, a petición de parte o de oficio, todas las cuestiones que obstaren a la decisión sobre el fondo del asunto.

7. El tribunal fijará los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que deben ser probados y se pronunciará sobre las convenciones probatorias que las partes hayan acordado.

8. El tribunal determinará las pruebas que deberán rendirse en la audiencia de juicio al tenor de la propuesta de las partes en sus escritos principales y aquellas destinadas a acreditar las alegaciones complementarias y de hechos nuevos o desconocidos previstos en el artículo 276, que no hayan sido rechazadas de plano. Se excluirán de ser rendidas aquellas pruebas que se declaren inadmisibles en conformidad a lo dispuesto en el artículo 292.

9. Se recibirá la prueba anticipada que hubiere sido ofrecida en los respetivos escritos principales del período de discusión y la que soliciten las partes en el curso de la audiencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 287.

En su caso, deberán señalarse, detalladamente, las pruebas que las partes ya hubieren rendido en forma anticipada.

10. Se fijará la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no inferior a quince días ni superior a cuarenta de realizada la audiencia preliminar.

11. Se decretarán las medidas cautelares que se solicitaren y sean procedentes, a menos que estas se hubieren decretado con anterioridad, caso en el cual se resolverá sobre su mantención.

12. En general, se conocerán y resolverán todas las incidencias planteadas por las partes.

Artículo 283.- Sentencia definitiva inmediata. Si durante la audiencia preliminar se produjere un allanamiento total o si en sus escritos el demandado no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre los que versa el juicio, o cuando la prueba ofrecida haya sido solo documental, sin haber sido impugnada, no será necesario citar a audiencia de juicio, debiendo el tribunal dictar sentencia en los plazos establecidos en el artículo 354, contados desde la audiencia preliminar.

En contra de la sentencia procederán los recursos de conformidad con las reglas generales.

Artículo 283.- Sentencia definitiva inmediata. Si durante la audiencia preliminar se produjere un allanamiento total o si en sus escritos el demandado no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre los que versa el juicio, y no hubiere impidimiento del artículo 266, o cuando la prueba ofrecida haya sido sólo documental, sin haber sido impugnada, y apareciere como suficiente a juicio del tribunal no será necesario citar a audiencia de juicio, debiendo el tribunal dictar sentencia en los plazos establecidos en el artículo 354, contados desde la audiencia preliminar.

En contra de la sentencia procederán los recursos de conformidad con las reglas generales.

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FUND: El art. 266 establece limitaciones para que surta efecto el allanamiento y se dicte sentencia definitiva inmediata, lo que requiere la concordancia. Por otro lado el que sólo aparezca ofrecida la documental sin haber sido impugnada, no habilita a dictar la sentencia sin más, requiere de una evaluación a priori del juez respecto de la suficiencia de la prueba para dictar sentencia de mérito, de acuerdo con las convenciones de los estándares probatorios usuales de la judicatura, que es necesario dejar en claro, para que el juez pueda no dictar sentencia de inmediato.

Artículo 286.- Libertad y oportunidad probatoria. Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del conflicto sometido a la decisión del tribunal podrán ser probados por cualquier medio obtenido, ofrecido e incorporado al proceso en conformidad a la ley.

Salvo disposición legal en contrario, la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia de juicio ante el tribunal que conoce del proceso.

Artículo 286.- Libertad y oportunidad probatoria. Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del problema jurídico sometido a la decisión del tribunal podrán ser probados por cualquier medio obtenido, ofrecido e incorporado al proceso en conformidad a la ley por cualquiera de las partes.

Salvo disposición legal en contrario, la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia de juicio ante el tribunal que conoce del proceso.

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FUND: Si se reconoce la existencia de la tutela constitutiva donde la ley prescinde de la concreción del conflicto como elemento necesario de formación del objeto del proceso, entonces no puede figurar como criterio general, para casos en que éste no es pertinente ni relevante. Problema jurídico es más genérico e indicativo del problema que llama a las partes exista o no conflicto.

Artículo 288.- Iniciativa probatoria. Las partes podrán ofrecer los medios de prueba de que dispongan y solicitar al juez que ordene, además, la generación u obtención de otros de que tengan conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servicio público, de terceras personas o de la contraparte, tales como documentos, certificaciones u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado.

Artículo 288.- Iniciativa probatoria. Las partes podrán ofrecer, acerca de cualquier hecho sometido a prueba en el proceso, los medios de prueba de que dispongan y solicitar al juez que ordene, además, la generación u obtención de otros de que tengan conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servicio público, de terceras personas o de la contraparte, tales como documentos, certificaciones u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado.

Hasta antes del término de la audiencia preparatoria, el tribunal, de oficio, podrá ordenar las diligencias probatorias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Sin embargo, no podrá decretar aquellas pruebas que hayan podido ser ofrecidas por las partes, salvo que se trate de prueba que incida en intereses públicos o que esté dispuesta por la ley o que consten en registros de acceso público o privados no secretos o reservados, por disposición de la ley. En ejercicio de este derecho, las partes podrán solicitar, en el mismo acto, una contraprueba a la solicitada por el tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 290.

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FUND: La base de la iniciativa probatoria está en el interés en la defensa de una posición. Los enunciados de hechos a acreditar al ser la base de la sentencia, interesa a ambas una dar por acreditado o refutado el hecho, por lo que es de interés de ambas convencer al juez de dicha ocurrencia, de manera que la iniciativa es independiente de quien propone el hecho y de quién tenga el riesgo de la carga de no probar. Además, en virtud del principio de adquisición procesal, cualquier medio probatorio generado por cualquier parte sirve igualmente para acreditar los hechos en la sentencia a favor o en contra.

Debe agregarse que ello debe referir a cualquier hecho, incluso respecto de quién se pretende solidaridad, puesto que aquél tiene interés directo en la base de su condena, como es el hecho mismo. Si no fuere así, tendría menos derechos que un tercero coadyuvante, y lo obligaría a hacerse parte como tercero, lo que es un absurdo jurídico. De esta manera, todos los partícipes tienen un derecho a presentar prueba en vista a su interés procesal en ello.

Sin embargo, el juez no debe mostrar interés en decretar prueba que ha omitido la parte, por cuanto pierde de esa forma su imparcialidad, pues sólo quien tiene un interés en un resultado específico, puede ofrecer prueba, y esa es labor de parte, no del juez, salvo que se trate de prueba que incida en intereses públicos o que esté dispuesta por la ley o que consten en registros de acceso público o privados no secretos o reservados, por disposición de la ley.

Artículo 292.- Exclusión de prueba. El juez ordenará que se excluyan de ser rendidas en el juicio aquellas pruebas que fueren manifiestamente impertinentes o no idóneas; las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios; las que resultaren sobreabundantes; las que hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales o hubieren sido declaradas nulas y aquellas que recaigan sobre hechos no controvertidos, a menos que, en este último caso, se tratare de cuestiones indisponibles para las partes.

Las demás serán admitidas y se ordenará su producción en la audiencia de juicio respectiva.

Agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, en le inciso 1º la siguiente frase “La resolución que dispone la exclusión de los medios de prueba ofrecidos deberá ser fundada. Ella es apelable dentro de los cinco días siguientes a su dictación.”

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Explicación: Lo anterior a fin de evitar que se omita la indispensable motivación considerando el fundamental rol que tiene la producción de prueba en la acreditación de las respectivas teorías del caso de cada parte, pues en caso de que la prueba sea eventualmente insuficiente será el juez (za) en la sentencia la que lo explique, pero sin haber privado siquiera de la posibilidad de producirla. No es sino una aplicación del amplio sentido del derecho a la tutela judicial efectiva en su máxima expresión en el derecho a la prueba, implicando una adecuación del derecho nacional a las convenciones internacionales ya indicadas y al ius cogens.

No existe

Artículo 293.A.- Adquisición procesal. Una vez incorporados los medios de prueba al proceso, la sentencia podrá dar por acreditada o descartada la ocurrencia de algún hecho por cualquiera de aquéllos, sin importar la parte que lo incorporó.

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FUND: Dado que estamos tratando de los principios de la prueba, uno de ellos es el de adquisición procesal, consistente en que los medios de prueba son adquiridos por el proceso, e independizados de la parte que los presentó, y el juez podrá usarlos para dar por acreditado cualquier hecho, aún a favor de la contra parte que los incorporó.

Art. 295 (inc. 1).- Valoración de la prueba. Salvo que la ley atribuya un valor determinado a un medio probatorio, el juez apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, deberá estarse a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, salvo texto legal que expresamente contemple una regla de apreciación diversa.

Artículo 295.- Valoración de la prueba. Salvo que la ley atribuya un valor determinado a un medio probatorio o presuma determinado hecho, el juez apreciará inicialmente la prueba con libertad, debiendo proporcionar una explicación racional de la cuestión fáctica, sin contradecir los criterios específicos que se agrupan en la sana crítica. En consecuencia, en la evaluación de los medios de prueba que la sentencia acepte o rechace y la justificación de los hechos que estime acreditados o refutados en relación con la teoría del caso de cada parte, deberá estarse en primer lugar a lo dispuesto especialmente por la ley, y en subsidio a los criterios metodológicos de la argumentación jurídica y científica, debiendo tomar especial consideración, aunque no exclusivamente, la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes que obren en el proceso; además deberá respetar las reglas de la lógica, los conocimientos técnicos y científicamente afianzados, y las máximas de la experiencia que no impliquen sesgo del juez, de manera que el examen conduzca racionalmente a la conclusión que sostiene el sentenciador. Sin perjuicio de que un texto legal especial expresamente contemple una regla de apreciación diversa.

Sin embargo, el acto o contrato solemne solo puede ser acreditado por medio de la solemnidad prevista por el legislador, sin perjuicio de la veracidad de las declaraciones en ellos contenidas.

Se dará por establecido el hecho que se presume de derecho si se han acreditado sus supuestos o circunstancias, sin que se admita prueba en contrario.

El hecho que se presume legalmente se dará por establecido si se han acreditado sus supuestos o circunstancias, a menos que se hubiere rendido prueba que permita establecer un hecho distinto al colegido.

Al valorar la prueba, deberá:

a) Analizar todos los medios de prueba producidos, pudiendo omitir solamente los redundantes, dando razones de ello.

b) Tener por ciertos los hechos lícitos no controvertidos, cuando se trate de bienes jurídicos disponibles.

c) Explicar racional, explícita y motivadamente, cómo ha formado la convicción probatoria que justifica sus decisiones, respecto de cada medio de prueba en particular y de forma interrelacionada entre todos los rendidos.

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FUND: El contexto de descubrimiento de las hipótesis del caso y de la veracidad de los medios de prueba es epistemológicamente libre para los seres humanos.

Pero el contexto de justificación que es donde se valida el conocimiento, somete a criterios de control que actúan como filtro las hipótesis formuladas libremente.

El texto le da una guía al juez respecto a los ítems de hecho a evaluar: los medios de prueba y los hechos, en relación con la teoría del caso que debe resultar acreditada.

Mira la evaluación en positivo y negativo, esto es, lo corroborado y lo refutado.

Lo dispuesto por la ley reafirma la primacía de la ley, pero también importa que la evaluación de los hechos tiene un sentido adscriptivo normativo, porque los hechos son normativos (Hart)

El primer método de control es metódico y éste articula y modera a los demás, como la lógica.

La legislación chilena tiene un tradición de décadas recopilando los criterios de control en diversas normativas, cuales son: la metodología, pero describiendo algunos criterios, la lógica, máximas de experiencia,  conocimientos científicos y conocimientos técnicos. Los que no son del todo recogidos por el proyecto, y sirven de guía al juez.

Dado que se trata de un contexto de justificación o validación del conocimiento, la reconstrucción de la sentencia debe ser racional, y con la finalización de una conclusión, probable o lógica, esto es, expresada en términos objetivos y no como una dirección de la mente o pensamiento.

Artículo 295 (antes 294).- Carga de la prueba. Corresponde la carga de probar los fundamentos de hecho contenidos en la norma jurídica a la parte cuya aplicación le beneficie, salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios diferentes o de una manera diversa la carga de probar los hechos relevantes entre las partes

Artículo 295 (antes 294).- Carga de la prueba. Corresponde la carga de asumir el riesgo de la falta de prueba de los hechos que fundan la demanda o la contestación que se encuentren prescritos en la norma jurídica a la parte cuya aplicación le conceda lo pedido, salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios diferentes o de una manera diversa la carga de probar los hechos relevantes entre las partes.

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FUND: Existe una confusión técnica. La carga no refiere a quién debe probar, por tres razones: i) porque se prueba por un derecho, el de defensa, no por un deber; ii) porque el mismo derecho a la prueba permite a cualquier parte probar acerca de cualquier hecho, por ejemplo, se permite producir prueba respecto de la simple defensa que niega los hechos de la demanda; iii) porque el principio de adquisición procesal, permite que la prueba rendida por cualquier parte sea adquirida por el proceso y sirva para probar lo afirmado y que beneficie a cualquiera.

Luego sólo se reparte la carga del riesgo de no probar los hechos, que se invocan a favor de la aplicación de cierta norma N, que beneficia a la parte que la alega a efectos de que le concedan el beneficio pedido en su demanda o contestación. Las normas poseen la siguiente estructura: un supuesto operativo (por ejemplo, un acuerdo de voluntades), y una consecuencia jurídica que se atribuye o imputa a dicho supuesto (por ejemplo, el pago del precio o la nulidad de la obligación correspondientemente). Lo que se pide por las partes, es la consecuencia jurídica o normativa prescrita, el beneficio. De esta manera, lo que debe probar la parte, es el supuesto operativo representado por los hechos que lo concretizan, porque ello lo conduce al beneficio del título invocado: la consecuencia normativa. Las excepciones por definición hacen óbice lógico a la conexión entre los supuestos de hecho y la consecuencia: como nulidad, la prescripción, la resolución, etc., de manera que el demandado si no acredita los hechos que amparan la norma queda por no probado.

No existe

Artículo 295 A.- Consejero técnico. El juez de la causa para efectos de una mejor guía y comprensión de la prueba técnica, sea pericial, documental o testimonial, podrá designar un consejero técnico que lo asesore en la guía y comprensión de dicha prueba durante todo el proceso hasta la elaboración de la sentencia.

La función del consejero se reducirá exclusivamente a la orientación respecto a las instrucciones técnicas para el perito, al ceñimiento del mismo a aquéllas, a la comprensión de la metodología propia de la ciencia o arte que se ventile y su aplicación, a la comprensión del lenguaje técnico y su trascendencia en el caso, así como de la literatura pertinente. Queda prohibido al consejero expresar opinión sobre la veracidad del peritaje, de lo expresado por el testigo experto o del documento.

Las cortes de apelaciones, en segundo grado, y la Corte Suprema, podrán requerir la orientación del consejero técnico en las mismas condiciones y función, para evaluación de los medios probatorios.

Las partes podrán solicitar al tribunal la concurrencia del consejero técnico a la causa.

Les serán aplicables a los consejeros técnicos las inhabilidades de los peritos.

La Corte Suprema mediante autoacordado establecerá el origen y forma de incorporación, dando preferencia a personal del poder judicial.

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FUND: Diversas causas civiles o no penales, exigen un gran conocimiento técnico, como en materias contables, de construcción, médicas, software, tanto en el ámbito propiamente civil, como tributario, laboral, familia, marítimo, etc.

Existen precedentes de mayor tecnificación de las competencias, como familia que cuenta con un consejo técnico estable de importancia que la orienta, que ha sido fructífero para mejorar la calidad de dicha judicatura. Algo relativamente similar existe en la competencia tributaria y aduanera en que se cuenta con “profesional experto” con la misión de “asesorar al juez” de acuerdo al art. 6 y 14 N° 2 de la Ley N° 20.322. En la competencia marítima, en que el art. 158 de la Ley de Navegación permite al juez actuar asesorado “durante toda la tramitación” por un “perito naval”.

Dejar sola al resto de las competencias y grados implica bajar el nivel de la decisión, por lo que para elevarlo se plantea un asesor técnico, que no reemplace al juez, ni al perito, sino que lo oriente en la comprensión de la producción y comprensión de la prueba, en lo que debe instruir al perito para que no pierda valor esa importante herramienta de conocimiento, y que se haga de lo mejor posible para producir la justa solución del problema. Que pueda advertir las correcciones que el perito deba hacer para que no termine sin mérito el peritaje. A la vez para que ayude al juez a la mejor comprensión del lenguaje técnico teórico, ya que no se le pide que sea un experto al juez, pero que el experto lo asesore en dicha comprensión, de manera que pueda entender a cabalidad el problema y la discusión, y evitar el vicio de la simple adhesión del juez a lo que dice el perito, por no entender las consecuencias técnica de lo que dice.

La propuesta dice relación con la asesoría en primera y segunda instancia y ante la propia Corte Suprema. Nada se saca con que el juez de primera instancia resuelva técnicamente, si los ministros no saben completamente lo que están resolviendo. Es por ello que requieren la asesoría de un consejo técnico, de forma que las sentencias sean permanentemente orientadas con conocimiento experto, especialmente cuando el perito ya no aparece ante ellos, y deben evaluar el mérito técnico de dicho peritaje, por personas no técnicas en la materia ventilada.

Dado que el consejero está visto como una mejora en la práctica del servicio de la justicia, se establece que las partes tienen derecho a pedir la presencia de un consejero técnico en la causa.

Para salvaguardar la imparcialidad se recomienda que la Corte Suprema establezca el modo específico de donde se obtenga al consejero, ya que el Poder Judicial cuenta con un grupo asesor contable, y los consejeros técnicos de familia. Para otros casos puede recurrir al listado de peritos, pero en cualquier caso debe preferirse a los del Poder Judicial por el grado de imparcialidad que su pertenencia a éste les implica.

Artículo 300.- Causales de impugnación y oportunidad. Los instrumentos públicos podrán ser impugnados por falsedad material, falta de integridad y nulidad por omisión de los requisitos o solemnidades establecidos por la ley para su otorgamiento. Los privados podrán ser impugnados por falsedad material y por falta de integridad.

La simulación o falsedad ideológica de los instrumentos solo podrá ser declarada por un tribunal conociendo de esta como objeto principal de un juicio.

Los instrumentos acompañados por las partes en sus escritos principales deberán ser impugnados en la oportunidad prevista por la ley en cada caso. Aquellos instrumentos que por autorización legal deban ser acompañados en una audiencia, solo podrán ser objetados o impugnados dentro de ella. Los demás instrumentos que por autorización legal puedan ser acompañados fuera de audiencia deberán ser impugnados, por escrito, dentro del plazo fatal que el tribunal fijará al efecto.

Agregar un inciso final en que indique “Respecto de los documentos en formato electrónico serán además impugnables por falta de autenticidad en su soporte, pudiendo probarse la objeción por prueba pericial complementaria o por otros otros medios de convicción que justificadamente se planteen por las partes.”

Ello pues es indispensable permitir que el material electrónico que se incorpora al juicio no haya sido modificado.

Artículo 309.- Exhibición de documentos en poder de la contraparte o de terceros. Podrá decretarse, a solicitud de parte, la exhibición de documentos que existan en poder de la otra parte o de un tercero, así como aquellos que se encuentren en una oficina pública o en algún prestador de servicio público, con tal de que guarden efectiva y directa relación con la cuestión debatida y no revistan el carácter de secretos o reservados, en conformidad a la ley.

El procedimiento para la exhibición de dichos documentos se sujetará a lo dispuesto en los números 4 y 5 del artículo 162.

Cuando la exhibición haya de hacerse por un tercero, este podrá exigir que en su propia casa u oficina se obtenga testimonio de los documentos por un ministro de fe.

Del documento exhibido se dejará copia fiel para su incorporación al registro.

Los gastos que la exhibición haga necesarios serán de cuenta del que la solicite, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el pago de las costas.

El tribunal podrá dar por acreditados los hechos que se pretendan probar con la exhibición de documentos que se encuentren en poder de la contraparte, si esta injustificadamente no cumpliere con este deber en los términos y oportunidad señalados por el tribunal, habiéndosele apercibido en ese sentido en la resolución que hubiere ordenado la diligencia.

Si el tercero a quien incumba su cumplimiento desobedeciere sin justa causa la exhibición requerida, conociendo la información que se le solicita o existiendo en su poder los documentos, el tribunal podrá apremiarlo con el pago de multas que no excedan de diez unidades tributarias mensuales.

Tratándose de documentos en poder de la contraparte, incurrirá, además, en el apercibimiento establecido en el número 5 del artículo 162.

Artículo 309.- Exhibición de documentos en poder de la contraparte o de terceros. Podrá decretarse, a solicitud de parte, la exhibición de documentos que en derecho o según la práctica contractual o que exista indicio por escrito que, deban obrar en poder de la otra parte o de un tercero, así como aquellos que se encuentren en una oficina pública o en algún prestador de servicio público, con tal de que guarden efectiva y directa relación con la cuestión debatida y no revistan el carácter de secretos o reservados, en conformidad a la ley.

El procedimiento para la exhibición de dichos documentos se sujetará a lo dispuesto en los números 4 y 5 del artículo 162.

Cuando la exhibición haya de hacerse por un tercero, este podrá exigir que en su propia casa u oficina se obtenga testimonio de los documentos por un ministro de fe.

Del documento exhibido se dejará copia fiel para su incorporación al registro.

Los gastos que la exhibición haga necesarios serán de cuenta del que la solicite, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el pago de las costas.

El tribunal podrá dar por acreditados los hechos que se pretendan probar con la exhibición de documentos que deban encontrarse en poder de la contraparte, si esta injustificadamente no cumpliere con este deber en los términos y oportunidad señalados por el tribunal, habiéndosele apercibido en ese sentido en la resolución que hubiere ordenado la diligencia.

Si el tercero a quien incumba su cumplimiento desobedeciere sin justa causa la exhibición requerida, conociendo la información que se le solicita o existiendo en su poder los documentos, el tribunal podrá apremiarlo con el pago de multas que no excedan de diez unidades tributarias mensuales, o arresto en caso de contumacia.

Tratándose de documentos en poder de la contraparte, incurrirá, además, en el apercibimiento establecido en el número 5 del artículo 162.

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FUND: La propuesta recoge la norma que ya existe en el Código del Trabajo en su art. 454, sobre el apercibimiento de documentos que deban obrar por legalmente en poder del demandado. Se establece una solución más general, ya que las instituciones del estado podrían establecer ciertas obligaciones de mantención de ciertos documentos. Dado que en materia civil recoge la comercial también la práctica contractual comercial de tipo contable a veces, otras por decisiones gremiales, etc., implica la tenencia de determinados documentos, más allá de la ley, lo que justifica el llamado a la práctica contractual.

Pero, además, es posible que se cuente con información de whatsap, correos u otras referencias que den indicio de que sí posee la parte, en los hechos, dicho documento.

A dichas referencias de las cuestiones que han o deban de obrar en manos de la contraparte a la que hace alusión el inciso 6°.

Artículo 311.- Renuencia a comparecer. Si el testigo legalmente citado no compareciere sin justa causa, se procederá, a petición de la parte que lo ofreció, a apercibirlo con arresto por falta de comparecencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 230.

La parte que presente a un testigo podrá hacerse cargo de la citación correspondiente, bajo sanción de entenderla por desistida de esa prueba en caso de incomparecencia.

Artículo 311.- Renuencia a comparecer. La parte que ofrece los testigos tendrá derecho a solicitar, en la audiencia preparatoria, el apercibimiento de multa y arresto inclusive, para el incumplimiento de la obligación del testigo legalmente citado que no compareciere sin justa causa.

Para dichos efectos, ante la incomparecencia sin justa causa, el testigo podrá ser arrestado por orden del tribunal, a petición de quien lo ofreció en la audiencia de juicio, quién será conducido al tribunal imponiéndosele la multa y quedando apercibido de arresto y nueva multa para la comparecencia que fije el tribunal en el acto. En el evento de volver a encontrarse rebelde, éste será arrestado y conducido a prestar declaración ante el tribunal en el acto, siendo citadas las partes, por el medio más expedito y rápido, dejándose constancia de ello, para recibir la prueba ese mismo día o el día subsiguiente hábil, quedando el testigo en custodia de gendarmería.

La parte que presente a un testigo podrá hacerse cargo de la citación correspondiente, bajo sanción de entenderla por desistida de esa prueba en caso de incomparecencia.

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FUND: El Proyecto hace muy compleja y complicada la citación de los testigos, y el cumplimiento del deber. Dilata en demasía la concurrencia del juicio y el cumplimiento del objetivo de la eficacia. Sólo si no comparece a la audiencia de juicio se le procede a apercibir (1ª inasistencia). Y si no comparece en una segunda audiencia se le apercibe con arresto a una tercera audiencia, y si tampoco concurre, no se resuelve o la detención requerirá una cuarta audiencia. Tampoco señala cómo se realiza la audiencia ni cuánto tiempo puede estar detenido.

La propuesta corrige ese déficit, señalando el apercibimiento de inmediato en la audiencia preparatoria.

Estando apercibido el testigo, puede despacharse orden de arresto y multa, para el cumplimiento de su deber legal. Si concurre, voluntariamente, se alza la multa. Si no concurre por segunda vez, se despacha una segunda orden de arresto y, llevado a la presencia judicial, se realizará la audiencia en la tarde o al día siguiente, citándose a las partes por los medios más rápido para ello. De manera de no producir mayor afectación de la libertad.

Artículo 320 (antes 319).- Testigos menores de edad. El testigo menor de edad solo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio. Excepcionalmente, el juez podrá autorizar el interrogatorio directo del menor cuando por su grado de madurez se estime que ello no afectará su persona.

Artículo 320 (antes 319).- Testigos niños, niñas o adolescentes. El testigo niño, niña o adolescente, solo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio. Excepcionalmente, el juez podrá autorizar el interrogatorio directo del niño, niña o adolescente cuando por su grado de madurez se estime que ello no afectará su persona.

Explicación: no corresponde seguir usando la terminología “menor” sino “niño, niña o adolescente, como el resto de la legislación especializada.

Artículo 321 (antes 320).- Testigos sordos, mudos o sordomudos. Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito, y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones. En caso de que no pudiere darse a entender por escrito, se aplicará lo dispuesto en el inciso siguiente.

Si el testigo fuere sordomudo, su declaración será recibida por intermedio de una o más personas que pudieren entenderse con él, ya sea por medio del lenguaje de señas, por signos u otras formas. Estas personas prestarán previamente el juramento o promesa prescritos para los testigos.

Artículo 321 (antes 320).- Testigos sordos, mudos o sordomudos. Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito, y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones. En caso de que no pudiere darse a entender por escrito, se aplicará lo dispuesto en el inciso siguiente.

Si el testigo fuere sordomudo, su declaración será recibida por intermedio de una o más personas que pudieren entenderse con él, ya sea por medio del lenguaje de señas, por signos u otras formas. Estas personas prestarán previamente el juramento o promesa prescritos para los testigos. En caso de no contar con personas que puedan comprenderlo, se nombrará un intérprete de lenguaje de señas o del medio de comunicación que utilice el testigo, de oficio o a solicitud de parte, del listado de intérpretes respectivo.

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Explicación: Es posible que estas personas lleguen solas o no dispongan de auxilio de terceros, en esos casos resulta conveniente nombrar intérpretes.

Art. 323

Agregar en el inciso 1º tras la palabra “por cédula” la frase “o por correo electrónico al domicilio digital único”.

Ello permitiría una mayor sistematicidad de las notificaciones.

Artículo 332 (antes 331).- Declaración de peritos. La declaración de los peritos en la audiencia se regirá por las normas establecidas para los testigos. En consecuencia, si el perito no concurriere o se negare a prestar declaración, se le aplicarán los apercibimientos y apremios previstos para estos.

Con acuerdo de las partes, el juez podrá eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba.

En caso de haberse emitido el informe por una institución pública o privada, podrá comparecer a declarar cualquiera de las personas que designe la institución, a menos que el tribunal exigiere previamente y en forma expresa la comparecencia personal de cualquiera de quienes hubieren concurrido a su otorgamiento.

Artículo 332 (antes 331).- Declaración de peritos. La declaración de los peritos en la audiencia se regirá por las normas establecidas para los testigos. En consecuencia, si el perito no concurriere o se negare a prestar declaración, se le aplicarán los apercibimientos y apremios previstos para estos.

En caso de haberse emitido el informe por una institución pública o privada, podrá comparecer a declarar cualquiera de las personas que designe la institución, a menos que el tribunal exigiere previamente y en forma expresa la comparecencia personal de cualquiera de quienes hubieren concurrido a su otorgamiento.

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Explicación: La prueba pericial no tiene sentido si no comparece el perito. El informe no reemplaza su declaración, y a lo sumo podría considerarse prueba documental. Esta norma vulnera el principio de inmediación y oralidad, siendo por tanto incoherente con los principios que se exponen al comienzo.

Artículo 341.- Procedencia. La información que se solicite a entidades públicas o privadas deberá versar sobre puntos claramente individualizados y referirse solo a hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro que posea el informante y que sean de acceso público.

No será admisible el pedido de información que manifiestamente tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba que, por ley o por la naturaleza del hecho a probar, corresponda producir.

Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe solo podrá ser negado si existiere causa legal de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del tribunal dentro del sexto día de recibido el oficio.

Artículo 341.- Procedencia. La información que se solicite a entidades públicas o privadas deberá versar sobre puntos claramente individualizados y referirse solo a hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro que posea el informante y que sean de acceso público.

No será admisible el pedido de información que de manera manifiesta tienda a sustituir o ampliar otro medio de prueba que, por ley o por la naturaleza del hecho a probar, corresponda producir, en tanto no limite el legítimo ejercicio del derecho de la prueba de la parte.

Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe solo podrá ser negado si existiere causa legal de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del tribunal dentro del sexto día de recibido el oficio.

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FUND: La norma es muy amplia, ya que existe libertad de prueba, de manera que la parte sí puede pedir la prueba que le parezca más adecuada a su defensa, en las circunstancias de hecho en que se encuentre respecto a la disponibilidad de la prueba. Sería una inconsistencia liberar la prueba, como actividad, y por otra restringirla por estimar que una estrategia es mejor que otra. Aquello es de soberanía de la parte en la decisión de su estrategia de defensa.

Sobre el inciso final. La norma o bien es irrelevante en tanto que si se trata de una solemnidad, ninguna prueba puede reemplazarla, y en ese caso se produce una prueba no pertinente que puede ser excluida por el tribunal, pero si es una prueba que se pretende reemplazar por otro medio de prueba legalmente no excluyente, se estaría cercenando la libertad de prueba, en el sentido de que un hecho puede probarse a través de diversos medios probatorios.

Artículo 348.- Facultades del tribunal en relación con el interrogatorio de testigos, peritos y partes. Una vez interrogado por los litigantes, el juez podrá efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las partes que declaren, con la finalidad de pedir aclaraciones , precisiones o adiciones a sus respuestas.

El juez podrá reducir el número de testigos de cada parte, e incluso prescindir de la prueba testimonial, cuando sus declaraciones pudieren constituir manifiesta reiteración sobre hechos suficientemente esclarecidos en la audiencia de juicio, por este u otros medios de prueba.

Cuando los testigos, peritos o las partes incurran en graves contradicciones en sus declaraciones, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá disponer que se sometan a un careo respecto del punto específico en que se hubiere suscitado la discrepancia. Dicha medida deberá solicitarse y disponerse antes de la conclusión de la audiencia, estableciendo la urgente citación de los respectivos deponentes si no se encontraren en el tribunal.

Artículo 348.- Facultades del tribunal en relación con el interrogatorio de testigos, peritos y partes. Una vez interrogado por los litigantes, el juez podrá efectuar preguntas al testigo o perito, así como a las partes que declaren, con la finalidad exclusiva de pedir aclaraciones  a sus respuestas, sin que pueda introducir hipótesis de hechos no declarados.

El juez podrá reducir el número de testigos de cada parte, e incluso prescindir de la prueba testimonial, cuando sus declaraciones pudieren constituir manifiesta reiteración sobre hechos suficientemente esclarecidos en la audiencia de juicio, por este u otros medios de prueba.

Artículo 354.- Plazo para dictar la sentencia definitiva. El tribunal deberá dictar sentencia definitiva dentro de los diez días siguientes a aquel en que hubiere terminado la audiencia de juicio o la última audiencia de prueba decretada por el tribunal en los casos previstos por la ley. Si la audiencia de juicio hubiere durado más de tres días, el tribunal dispondrá de un plazo adicional de un día por cada dos de exceso de duración del juicio.

Excepcionalmente, cuando la complejidad de la materia a resolver o la complejidad y cantidad de la prueba que debe ser analizada así lo justifiquen o tuviere pendiente la resolución de otros juicios, el juez podrá postergar la dictación de la sentencia definitiva hasta por cinco días hábiles adicionales. Al finalizar la audiencia de juicio, deberá dejar constancia de si hará o no uso de esta facultad, expresando circunstanciadamente su fundamento.

Transcurrido el plazo respectivo sin que se hubiere dictado sentencia definitiva, se producirá de pleno derecho la nulidad de la audiencia de juicio, constituyendo ello una falta grave que deberá ser sancionada disciplinariamente.

Con todo, el plazo para dictar sentencia se entenderá suspendido por todo el período en que el juez a quien corresponda dictarla se encontrare haciendo uso de licencia médica o impedido por caso fortuito o fuerza mayor. Si el impedimento se prolongare por más de treinta días contados desde la fecha en que debió haberse dictado la sentencia, el juez quedará inhabilitado y se producirá de pleno derecho la nulidad de la audiencia de juicio y de la preliminar, en su caso, debiendo estas llevarse a cabo nuevamente por un juez no afectado por la inhabilitación.

Artículo 354.- Plazo para dictar la sentencia definitiva. El tribunal deberá dictar sentencia definitiva dentro de los veinte días siguientes a aquel en que hubiere terminado la audiencia de juicio o la última audiencia de prueba decretada por el tribunal en los casos previstos por la ley. Si la audiencia de juicio hubiere durado más de tres días, el tribunal dispondrá de un plazo adicional de un día por cada dos de exceso de duración del juicio.

Excepcionalmente, cuando la complejidad de la materia a resolver o la complejidad y cantidad de la prueba que debe ser analizada así lo justifiquen o tuviere pendiente la resolución de otros juicios, el juez podrá postergar la dictación de la sentencia definitiva hasta por diez días hábiles adicionales. Al finalizar la audiencia de juicio, deberá dejar constancia de si hará o no uso de esta facultad, expresando circunstanciadamente su fundamento.

Transcurrido el plazo respectivo sin que se hubiere dictado sentencia definitiva, se producirá de pleno derecho la nulidad de la audiencia de juicio, constituyendo ello una falta grave que deberá ser sancionada disciplinariamente, si no hubieren razones plausibles que lo justifiquen.

Con todo, el plazo para dictar sentencia se entenderá suspendido por todo el período en que el juez a quien corresponda dictarla se encontrare haciendo uso de licencia médica o impedido por caso fortuito o fuerza mayor. Si el impedimento se prolongare por más de treinta días contados desde la fecha en que debió haberse dictado la sentencia, el juez quedará inhabilitado y se producirá de pleno derecho la nulidad de la audiencia de juicio y de la preliminar, en su caso, debiendo estas llevarse a cabo nuevamente por un juez no afectado por la inhabilitación.

Artículo 372 (Indicación Ejecutivo).- Reglas generales de la audiencia pública. La audiencia se iniciará con el anuncio de la vista del recurso, tras el cual, uno de los miembros de la sala efectuará, en presencia de los otros miembros, de los abogados que comparecieren y de los demás asistentes, una exposición somera del contenido del recurso, de las observaciones formuladas por el recurrido en los casos previstos en este Código y de los aspectos de hecho y de derecho de la causa que fueren pertinentes. Un auto acordado de la Corte Suprema regulará la forma en que se dará aplicación a este precepto.

Artículo 372.- Reglas generales de la audiencia pública. La audiencia se iniciará con el anuncio de la vista del recurso, tras el cual, uno de los miembros de la sala efectuará, en presencia de los otros miembros, de los abogados que comparecieren y de los demás asistentes, una exposición somera del contenido del recurso, de las observaciones formuladas por el recurrido en los casos previstos en este Código y de los aspectos de hecho y de derecho de la causa que fueren pertinentes.

En las cortes en que la cantidad de trabajo no haga practicable lo dispuesto en el inciso anterior, sin grave detrimento para la pronta resolución de la causa, la exposición de la misma se efectuará por el relator de la corte, bajo la supervisión del ministro de turno.

Un auto acordado de la Corte Suprema regulará la forma en que se dará aplicación a este precepto, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

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FUND: Es un ideal el que alguno de los ministros se estudien las causas del día siguiente para tener un visión más clara del mismo. Sin embargo, desde el punto de vista práctico la medida en algunas cortes, como la de Santiago, es impracticable, por la cantidad de carga de trabajo que tiene a los ministros con trabajo de redacción de lunes a lunes, su tabla es de más de 33 causas agregadas, y 15 causas ordinarias, diarias, y con un retraso aproximado en la vista de 1 año. El estudio individual obligaría a bajar la cantidad de vistas de causas diarias, y el atoche podría implicar aumentar el retraso, sobre la base de una creciente litigiosidad.

La experiencia comparada para implantar dicha medida, como en México, cada ministro posee alrededor de 12 a 15 abogados ayudantes, con postgrado, que hacen el estudio y preparan el borrador de la presentación de la causa, y, además, le hacen el borrador de las sentencias, para no retrasar la administración de justicia. Ambas cuestiones son rechazadas por la reforma, ya que pretende que el juez sea quien directamente haga sus sentencias.

Posiblemente para cumplir el objetivo debería reducirse mínimamente la tabla, ya que en la semana o días de relación el ministro de Corte no redacte sentencias de acuerdo al art. 373.

Por otro lado, los incisos 1º y 8º fueron eliminados en indicación del Poder Ejecutivo. Creo necesario mantenerlo pues

- Se aseguraría que al menos uno (a) de los ministros (as) tendría conocimiento más amplio del expediente digital, permitiendo una opinión más fundada en los hechos y derecho de la causa. Es la figura del “magistrado ponente” del derecho colombiano y español. Y

- Al eliminarse la figura del relator (a) se permitiría, en lo orgánico, contar con muchos jueces con experiencia, sea en los juzgados, o como nuevos ministros en las Iltmas. Cortes de Apelaciones.

Artículo 372 (Indicación Ejecutivo).- Reglas generales de la audiencia pública. La audiencia se iniciará con el anuncio de la vista del recurso, tras el cual, uno de los miembros de la sala efectuará, en presencia de los otros miembros, de los abogados que comparecieren y de los demás asistentes, una exposición somera del contenido del recurso, de las observaciones formuladas por el recurrido en los casos previstos en este Código y de los aspectos de hecho y de derecho de la causa que fueren pertinentes. Un auto acordado de la Corte Suprema regulará la forma en que se dará aplicación a este precepto.

Artículo 372.- Reglas generales de la audiencia pública. La audiencia se iniciará con el anuncio de la vista del recurso, tras el cual, el relator, efectuará, en presencia de los jueces , de los abogados que comparecieren y de los demás asistentes, una exposición adecuada y suficiente del contenido del recurso, de las observaciones formuladas por el recurrido en los casos previstos en este Código y de los aspectos de hecho y de derecho de la causa que fueren pertinentes.

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FUND: Es un ideal el que alguno de los ministros se estudien las causas del día siguiente para tener un visión más clara del mismo. Sin embargo, desde el punto de vista práctico la medida en algunas cortes, como la de Santiago, es impracticable, por la cantidad de carga de trabajo que tiene a los ministros con trabajo de redacción de lunes a lunes, su tabla es de más de 33 causas agregadas, y 15 causas ordinarias, diarias, y con un retraso aproximado en la vista de 1 año. El estudio individual obligaría a bajar la cantidad de vistas de causas diarias, y el atoche podría implicar aumentar el retraso, sobre la base de una creciente litigiosidad.

La experiencia comparada para implantar dicha medida, como en México, cada ministro posee alrededor de 12 a 15 abogados ayudantes, con postgrado, que hacen el estudio y preparan el borrador de la presentación de la causa, y, además, le hacen el borrador de las sentencias, para no retrasar la administración de justicia. Ambas cuestiones son rechazadas por la reforma, ya que pretende que el juez sea quien directamente haga sus sentencias.

Artículo 380.- Apelación subsidiaria de la reposición. Cuando la reposición se interpusiere respecto de una resolución que también fuere susceptible de apelación, deberá esta deducirse en forma subsidiaria, en un mismo acto o escrito según el caso, dentro del plazo para interponerla y bajo apercibimiento de tenerse por renunciado este recurso. No será necesario fundamentar la apelación ni formular peticiones concretas si el recurso de reposición cumpliere con ambas exigencias.

Tratándose de resoluciones dictadas en audiencia, la parte recurrente podrá limitarse a interponer el recurso de reposición con apelación subsidiaria, reservándose el derecho para formalizar por escrito estos recursos, cumpliendo con sus requisitos, dentro de tercero día de terminada la audiencia, bajo apercibimiento de tenerse por no interpuesto el recurso. En tal caso, el tribunal tramitará la reposición en la forma prevista en el artículo 134.

Artículo 380.- Apelación subsidiaria de la reposición. Cuando la reposición se interpusiere respecto de una resolución que también fuere susceptible de apelación, deberá esta deducirse en forma subsidiaria, en un mismo acto o escrito según el caso, dentro del plazo para interponerla, aunque la reposición no fuere admisible. En el evento de no efectuarse de tal modo, se entenderá renunciada la apelación. No será necesario fundamentar la apelación ni formular peticiones concretas si el recurso de reposición cumpliere con ambas exigencias.

Tratándose de resoluciones dictadas en audiencia, la parte recurrente podrá limitarse a interponer el recurso de reposición con apelación subsidiaria, reservándose el derecho para formalizar por escrito estos recursos, cumpliendo con sus requisitos, dentro de tercero día de terminada la audiencia, bajo apercibimiento de tenerse por no interpuesto el recurso. En tal caso, el tribunal tramitará la reposición en la forma prevista en el artículo 134.

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FUND: La alusión al “escrito”, si bien puede tener un sentido electrónico, parece un anacronismo que alude a un acto material, en la jerga forense, y basta que refiera a un solo “acto”.

La alusión a que la reposición no fuere admisible, refiere a que en múltiples ocasiones la calificación de la resolución es muy dudosa, para las partes y el juez, de tal manera que para no perder el recurso y la defensa se interpone reposición con apelación en subsidio. Pues bien, los jueces muchas veces entienden que aquello no se puede hacer, porque se debe apelar directamente afectando la defensa y el derecho al recurso, siendo que la cláusula en subsidio sólo dispone una condición negativa en orden a que si no procede el primer acto, se procederá el examen del segundo. Este efecto de la cláusula se explicita como regla de decisión del juez.

Art. 382

Inciso 2º eliminarlo.

La fundamentación de 382 y siguientes es que la formulación conjunta de apelación y las actuales causales de casación o nulidad hará muy complejo tanto la interposición, admisibilidad, tramitación y resolución de los recursos, además de complejizar la formación de una doctrina interpretativa y dificultar las búsquedas además de unificación.

Artículo 383.- Resoluciones recurribles. El recurso de apelación solo tendrá lugar en contra de las sentencias definitivas, de las sentencias interlocutorias que pusieren término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronunciaren respecto de la admisión o denegación de la intervención de un tercero, las que ordenen el pago de costas por un monto superior a cincuenta unidades tributarias mensuales, las que desechen la incompetencia del tribunal, las que resuelvan acerca de la inhabilidad del juez o de falta de debido emplazamiento del demandado y las que se pronuncien sobre el otorgamiento, alzamiento, modificación, sustitución o cualquiera otra materia en relación con una medida cautelar, todas ellas pronunciadas por el tribunal de primer grado jurisdiccional. Las demás resoluciones serán inapelables, a menos que la ley dispusiere lo contrario.

Artículo 383.- Resoluciones apelables. El recurso de apelación solo tendrá lugar en contra de las sentencias definitivas, de las sentencias interlocutorias que se pronuncien sobre el término del juicio o de hacer imposible su continuación, las que lo hagan respecto de la admisión o denegación de la intervención de un tercero, las que ordenen el pago de costas por un monto superior a cincuenta unidades tributarias mensuales, las que resuelvan acerca de la incompetencia del tribunal, las que lo hagan acerca de la inhabilidad del juez o de falta de debido emplazamiento del demandado y las que se pronuncien sobre el otorgamiento, alzamiento, modificación, sustitución o cualquiera otra materia en relación con una medida cautelar o su equivalente, las que se pronuncien sobre multas y apremios personales, las que resuelvan acerca de la nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento que no impliquen la reserva del recurso por infracción de garantías, de todas ellas pronunciadas por el tribunal de primer grado jurisdiccional.

En la ejecución, además, serán apelables las relativas a la procedencia de la oposición, sobre la avaluación del objeto del remate y los requisitos del remate o la nulidad de éste, la extensión final del acto a suscribir, la extensión material de la obra a destruir o la obra a realizar.

Las demás resoluciones serán inapelables, a menos que la ley dispusiere lo contrario.

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FUND: Técnicamente lo que se está regulando no es en genérico las resoluciones recurribles, sino con precisión las que son apelables, y corresponde que la ley sea precisa en ello.

La frase “las sentencias interlocutorias que pusieren término al juicio o hagan imposible su continuación”, tiene una larga tradición problemática. Porque el criterio de apelación es la gravedad de las resoluciones en el proceso, y para las partes interesadas. Sin embargo, dado que sólo aluden a las resoluciones positivas, las de rechazo quedan fuera, no obstante que impliquen la misma materia sobre la que se han pronunciado, lo que ha producido un problema técnico y de defensa grave, porque un litigante tiene derecho a apelar, pero si la misma resolución es diversa se la niegan, y existe a veces disparidad de criterios entre las propias cortes. La propuesta zanja el problema al hacer alusión a la materia y no al tipo de sentencia, lo mismo con el presupuesto procesal de la incompetencia, y se sigue el criterio que se contiene en el mismo articulado, con la inhabilidad del juez o las medidas cautelares.

La nulidad por falta de emplazamiento al afectar el derecho de defensa debería dar lugar a la infracción de derechos y así a la apelación. Sin embargo, dado que es posible que la nulidad por falta de emplazamiento sólo se conozca con posterioridad al fallo, es dable que la nulidad se interponga luego, y su rechazo requiera ser conocida por la corte respectiva, dado que se discute sobre la afectación del derecho de defensa.

Los apremios personales como el arresto decretado por el juez civil, o la sanción de multas, poseen la gravedad suficiente como medidas coercitivas y coactivas como para ser revisadas por un juez en segundo grado, ya que comprometen los derechos constitucionales a la libertad y propiedad, y aparece peligroso dejarlo al sólo arbitrio del juez de la causa.

La alusión al “equivalente” a la medida cautelar refiere a que la calificación jurídica de ciertas medidas de cierta relevancia o significación (como las medidas autosatisfactivas),  ha sido cuestionada por parte de la doctrina internacional en orden a que ellas no serían cautelares (Marinoni). Para evitar dejar a las partes sin derecho al recurso en medidas de equivalencia —considerando que la apelación se interpretará restrictivamente—, es que se concede la apelación, sin perjuicio de cómo se le califique a la medida.

El inciso agregado refiere a que la apelación usualmente es concebida desde el punto de vista del juicio de cognición, pero no del de ejecución, que presenta otra lógica que no avanza hacia una sentencia final, sino hacia el cumplimiento material final, el hecho más relevante hacia el cual se desenvuelve toda la tutela jurisdiccional satisfactiva: usualmente representado por el remate, en las obligaciones de dar, la suscripción del acto en la obligación de hacer, o la orden de destruir en las obligaciones de no hacer. Dada su importancia se implica la necesidad de regular expresamente acerca de ellos, porque si bien puede que no surja divergencia, en los hechos es posible que realización final sea en desacuerdo, y dada la gravedad del asunto corresponde que se conozca en segunda instancia. Mención especial merece el asunto de la avaluación del inmueble a rematar dada la especial sensibilidad del asunto discutido, con todos los fraudes en avaluación y remates que han alarmado a la población.

No existe

ART. 383.A.- Causal genérica. El recurso de apelación se fundará en el agravio producido por la sentencia impugnada en relación con la demanda, contestación o reconvención según sea el caso, debiendo, además, expresar con precisión la crítica jurídica de hecho o de derecho a los fundamentos y decisiones de dicha resolución que hagan necesaria su enmienda o revocación. En ningún caso bastará como fundamento de la apelación la exclusiva reproducción de la demanda, contestación o reconvención.

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FUND: Se establece con claridad un rasgo característico de la apelación como recurso ordinario, en cuanto a que es de una causal genérica: el agravio, en relación con la demanda, contestación y reconvención, en concordancia con lo dispuesto en el art. 382 Proyecto de la Cámara de Diputados.

Se establece, acto seguido, la necesidad de fundamentar el recurso de apelación, más allá del mero agravio, en términos tales que no sean una reproducción de los escritos fundamentales de discusión, como ocurre en ciertas ocasiones en la actualidad. Para ello se entiende y se le prescribe al recurrente que el recurso de apelación es un acto de crítica jurídica a los argumentos de la sentencia impugnada. Esto es, se trata de una argumentación de segundo nivel que ataca la construcción de la sentencia. Se erige así una carga procesal de argumentación especial para el recurrente.

Además, esta crítica de segundo nivel, muestra que la segunda instancia, no es una mera revisión de la demanda o contestación, sino que exige un razonamiento agregado al recurrente, y que la sentencia segundo grado no es simplemente un nuevo pronunciamiento de la demanda. Además, esta carga  argumentativa para el recurrente tiene su correlato en el deber de motivación de la propuesta del art. 402. A, respecto a pronunciarse especialmente sobre la crítica jurídica especial del recurso de apelación.

Esto tiene un beneficio, de que no se apela simplemente por apelar, para ver si mejora la suerte en segunda instancia, sino que le exige al recurrente ver sus razones, y a las Cortes de Apelaciones les evita el trabajo de ver causas que sean una mera revisión.

Artículo 384.- Causales específicas del recurso. Cuando el recurso de apelación se fundamente en la infracción de las normas que consagren derechos o garantías procesales cometidas en el primer grado jurisdiccional, deberá alegarse y configurarse una o más de las siguientes causales:

a) Que la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal incompetente, carente de jurisdicción o no integrado por jueces designados de conformidad a la ley; cuando hubiere sido pronunciada por un juez al que la ley le prohibiere intervenir en razón de haberse declarado o encontrarse pendiente su declaración de inhabilidad en conformidad a la ley, y cuando hubiere sido pronunciada por un juez con infracción a lo previsto en el artículo 203.

b) Que la sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que esta se haya alegado oportunamente en el juicio.

c) Que en las sentencias interlocutorias se hubiere omitido su fundamentación al tenor de lo previsto en el artículo 206.

d) Que la sentencia se hubiere dictado ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extra petita, esto es, extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que este tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley.

e) Que la sentencia contenga fundamentos o decisiones contradictorios.

f) Que se hubiere omitido el emplazamiento del demandado en la forma prevista en el artículo 260 o la citación de las partes para la audiencia preliminar o para la audiencia de juicio.

g) Que se hubieren rechazado diligencias probatorias ofrecidas oportunamente, hubieren sido rechazadas en forma indebida o se hubieren rendido esas diligencias en una forma no prevista en la ley.

h) Que, en general, no se hubieren respetado los derechos y garantías procesales de las partes, dejándolas en la indefensión.

No será admisible el recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva cuando se funde en un vicio o causal específica de impugnación que ya hubiere sido objeto de un recurso de apelación deducido en contra de una sentencia interlocutoria durante el procedimiento.

Eliminarlo

Artículo 385.- Plazo y forma de interposición. El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva, o dentro de los cinco días siguientes de la notificación de la resolución impugnada en los demás casos. Si la apelación se interpusiera en subsidio de un recurso de reposición, se estará a lo previsto en el artículo 380.

El recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito, con indicación de sus fundamentos de hecho y de derecho, y de las peticiones concretas que se formularen. Si el recurso se fundamentare en la infracción de normas que consagren derechos o garantías procesales, el recurrente deberá expresar claramente la o las causales específicas que invocare, los hechos que las constituyen, y la circunstancia de haber reclamado oportunamente la infracción en el primer grado jurisdiccional o de no haber tenido la oportunidad para hacerlo. Si se fundare en varias causales, se indicará si estas se invocan conjunta o subsidiariamente.

Interpuesto el recurso, no se podrá modificar sus fundamentos de hecho o de derecho ni las peticiones concretas, ni modificar o agregar nuevas causales específicas, en su caso.

Se entenderá que la parte no ha tenido oportunidad para reclamar de la infracción cuando la ley no admitiere medio alguno de impugnación contra la resolución que contuviere el vicio o defecto, cuando este hubiere tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se apela, ni cuando dicho vicio o defecto hubiere llegado al conocimiento de las partes después de pronunciada la sentencia.

Eliminar inciso final

Eliminar de inciso 2º frase “Si el recurso se … conjunta o subsidiariamente”

Artículo 395.- Control de admisibilidad por el tribunal ad quem. Comunicada la concesión del recurso de apelación al tribunal ad quem y una vez vencidos los plazos referidos en el artículo anterior, este examinará en cuenta su admisibilidad, pudiendo declararlo inadmisible por resolución fundada, total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en uno cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el recurso se hubiere interpuesto fuera de plazo o respecto de resolución inapelable.

b) Si el recurso no tuviere fundamentos de hecho o de derecho o peticiones concretas.

c) Si habiéndose invocado la infracción a normas o garantías procesales, no se hubiere expresado la o las causales específicas en que se fundamentare el recurso, o los hechos que las constituyen.

d) Si en el mismo caso anterior y tratándose de leyes atingentes al procedimiento, no se hubiere reclamado oportunamente la infracción, mediante el ejercicio en todos sus grados de los medios de impugnación contemplados en la ley. Con todo, no será necesaria dicha reclamación cuando la ley no admitiere medio alguno de impugnación contra la resolución que contuviere el vicio o defecto, cuando este hubiere tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se apela, ni cuando dicho vicio o defecto hubiere llegado al conocimiento de las partes después de pronunciada la sentencia.

e) En caso de que el recurso de apelación se interpusiere en contra de una sentencia definitiva fundada en un vicio o causal específica de impugnación, que ya hubiere sido objeto de un recurso de apelación deducido con anterioridad en contra de una sentencia interlocutoria durante el juicio.

Si el tribunal ad quem declarare inadmisible el recurso, comunicará su resolución al tribunal a quo, el cual procederá al cumplimiento del fallo si ello fuera procedente y así se le solicitare.

Si el tribunal lo declarare admisible, citará a las partes a una audiencia pública de vista del recurso, la cual tendrá lugar en la fecha que el tribunal determinare conforme a las normas de su funcionamiento interno. De la resolución que se dictare en estas materias solo podrá pedirse reposición.

Eliminar la letra c), d y e)

Artículo 397.- Límites del recurso. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y concluida la audiencia pública de vista del recurso, el tribunal ad quem podrá rechazar el recurso de apelación que se fundare exclusivamente en la infracción a las normas o garantías procesales o, en su caso, rechazar el capítulo referido a esas infracciones, en uno o más de los casos siguientes:

a) Si los hechos constitutivos de la causal invocada no influyeren en la parte dispositiva de la sentencia recurrida o se tratare de vicios de procedimiento que hubieren sido expresa o tácitamente subsanados, sin perjuicio de las facultades del tribunal superior para corregir los que advirtiere en la tramitación del recurso.

b) Si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido una indefensión procesal reparable solo con la invalidación del juicio y de la sentencia, o solo de esta última. Si el vicio invocado fuere la falta de pronunciamiento sobre alguna pretensión, excepción o defensa que se haya hecho valer oportunamente en el juicio, o de los requisitos de la resolución respectiva, podrá el tribunal superior limitarse a ordenar al tribunal de la causa que complete la sentencia, fijándole un plazo para ello.

Completada la resolución, el tribunal inferior lo comunicará al superior y notificará a las partes, las que podrán impugnar el fallo complementario de acuerdo a las reglas generales.

Con todo, el tribunal de alzada no podrá impartir la orden prevista en el inciso anterior si las partes hubieren ejercido el derecho a que se refiere el artículo 213 y el tribunal a quo hubiere declarado no haber lugar a completar la sentencia.

Eliminar

Artículo 399.- Prueba en segundo grado jurisdiccional. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 374, en segundo grado jurisdiccional no se admitirá prueba alguna, con excepción de la documental, la que solo podrá aceptar el tribunal ad quem cumpliéndose los requisitos previstos en el artículo 289 y siempre que se acompañe hasta diez días antes de la fecha fijada para la audiencia de vista del recurso.

Eliminar

Artículo 401.- Nulidad del juicio y de la sentencia. Salvo los casos mencionados en el artículo anterior, si la Corte acogiere el recurso de apelación anulando la sentencia y el juicio, determinará el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que este disponga la realización de un nuevo juicio. No será obstáculo para que se ordene efectuar un nuevo juicio la circunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio o defecto cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia.

Eliminar

No existe.

Art. 402.A.- Sentencia de confirmación. Cuando la sentencia de segundo grado rechace el recurso de apelación y confirme la de segundo grado, no obstante que haga suya las afirmaciones de la primera, deberá pronunciarse a lo menos someramente, según lo amerite el caso, sobre la crítica jurídica que exprese el recurso para descartarlo y dar la confirmación, bajo sanción de casación del fallo.

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FUND: El art. 402.A se encuentra en línea de una forma de entender la apelación como una instancia de revisión crítica de la sentencia, no de una mera nueva revisión de la demanda y contestación o solicitud incidental (dado que no es válida la mera reproducción de la demanda o contestación según propuesta). De esta manera, el acto jurisdiccional tendrá dos objetos: uno inmediato, los argumentos de crítica del recurso de apelación y, otro mediato, la confirmación o no de la sentencia de primera grado.

Con ello se pretende acabar con una práctica que ha desprestigiado a la judicatura, el llamado “visto se confirma”, que sin expresión de causa, la judicatura nada dice acerca del recurso de apelación salvo que está conforme con la sentencia de primera instancia o grado. De esta manera, la carga de argumentación tiene su correlato en el deber de pronunciamiento especial sobre los argumentos críticos de la apelación, y desarrollar y satisfacer el deber de motivación en segunda instancia.

Artículo 415.- Tramitación de la excepción de falsedad de la firma en cobro de letra de cambio, pagaré o cheque. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, si se formulare oposición a una demanda deducida en procedimiento monitorio fundada en la falsedad de la firma de una letra de cambio, pagaré o cheque, la tacha de cualquier obligado al pago se tramitará como incidente y corresponderá al demandante acreditar que la firma es auténtica. Rechazada la tacha de falsedad, el procedimiento continuará como si no se hubiese formulado la oposición, rigiendo lo previsto en el artículo 410.

La autenticidad de la firma que se concluya con motivo del rechazo de la excepción a que se refiere este artículo solo tendrá eficacia dentro del procedimiento monitorio previsto en este Título.

Para ser coherente con la propuesta inicial, eliminar el inciso final.

Artículo 425

Art. 425 agregar frase final al inc. 2

“En dicha publicación se deberá precisar claramente los tipos de pretensiones y ser clasificados por tipos de materias”.

Para hacer operativo y sistemática la norma de admisibilidad del Art. 425 letra b) , es indispensable que se empleen técnicas como por ejemplo:

1. El repertorio de la Constitución del Tribunal Constitucional de Chile, disponible en http://e.tribunalconstitucional.cl/repertorio/

o

2.Idealmente la técnica de la Corte de Casación de Francia que tiene la doctrina jurisprudencial separada por temática específica, en los arrêts de jurisprudence, en “Arrêts classés par rubriques” https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_classes_rubriques_2987/

No existe

Art. 430.A (numeración indicación ejecutivo). No delegación. La redacción de la sentencia será indelegable en funcionario alguno por el o los ministros encargados de la redacción. La infracción a esta norma originará la nulidad de la sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad funcionaria que acarree. El pleno de la Corte conocerá de la incidencia de nulidad.

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FUND: La propuesta reafirma la función primaria de los jueces de la Corte Suprema que es ejercer su jurisdicción redactando sentencias, sin que se pueda entregar o delegar la redacción de las sentencias en los relatores, so pena de nulidad, al faltar a los deberes básicos del magistrado jurisdiccional.

No existe

Art. 417 (Nuevo Art. 434 A). La ejecución justa.

El juicio ejecutivo propende a la justa ejecución de los títulos ejecutivos, de manera que el acreedor pueda resultar satisfecho de manera pronta e íntegra de su crédito, y el deudor pague en justa medida su crédito insoluto, sin mayor empobrecimiento que el necesario para el efectivo pago de su deuda.

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FUND: La ejecución justa es la especificación de la justa solución del conflicto que en este caso toma cuerpo como conflicto de pago.

Se fijan así dos extremos orientativos, por una parte satisfacer el crédito, y, por otra, que no es una expoliación al deudor, sino un medio racional y civilizado de hacer el pago al acreedor,

Art. 425. (Diputados) - Documentos que han de acompañarse a la solicitud de ejecución. A la solicitud de ejecución se acompañarán:

1. El título ejecutivo.

2. Los documentos que sean necesarios para la liquidación de la obligación.

3.  Los demás documentos que la ley exija para iniciar el procedimiento de ejecución.

También podrán acompañarse cuantos documentos considere el ejecutante útil o conveniente para el inicio y  mejor desarrollo de la ejecución.

Art. 425.- Documentos que han de acompañarse a la solicitud de ejecución. A la solicitud de ejecución se acompañarán:

1. El título ejecutivo.

2. Los documentos que sean necesarios para la liquidación de la obligación.

3.  El mandato, en su caso, por virtud del cual el deudor autorizó suscribir el título ejecutivo.

4. La cuenta del reajuste y los intereses solicitados, cuando así se los exprese.

5. Los demás documentos que la ley exija para iniciar el procedimiento de ejecución.

También podrán acompañarse cuantos documentos considere el ejecutante útil o conveniente para el inicio y  mejor desarrollo de la ejecución.

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FUND: La legislación procesal debe ser racional en torno a los problemas de la vida práctica de la propia sociedad y con mera referencia a sociedades comparadas, para enfrentarlos. Dado que muchos fraudes se realizan sobre la base de la repactación unilateral del crédito o autorrepactación ilegal del propio acreedor, justificados en la supuesta existencia de un mandato del deudor para el llenado del crédito, como para los pagarés, es de suma importancia que se ponga a disposición de la parte ejecutada los antecedentes para su defensa.

Artículo 434 (indicación Ejecutivo).- Actuaciones para los fines de la ejecución. Para el cumplimiento eficaz y oportuno de los fines de la ejecución, la respectiva Unidad de Tramitación Civil prestará el servicio de apoyo administrativo al tribunal y ejecutará por sí misma las funciones que le encomienda la ley conforme a lo previsto en el Código Orgánico de Tribunales. Los deberes y facultades de dicha Unidad y de sus respectivos funcionarios, señalados en dicho Código y en las disposiciones de este Libro, deberán ser ejercidos de propia iniciativa y sin necesidad de orden judicial, a menos que así lo exigiere la ley, actuando de manera imparcial e independiente, haciendo expeditos todos los trámites y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar el cumplimiento de los fines señalados.

El Oficial de Tramitación Civil actuará en carácter de juez sustanciador para los efectos del ejercicio de las facultades y atribuciones que se le confieren de conformidad a las disposiciones de este Libro; y su estatuto se regulará en el Código Orgánico de Tribunales.

De todas las actuaciones del Oficial de Tramitación Civil, así como de todos sus funcionarios y los de la Unidad de Subastas Judiciales Electrónicas y de los escritos y actuaciones de las partes y terceros presentados o realizadas ante ellos, deberá quedar constancia en la carpeta electrónica del procedimiento ejecutivo.

ALTERNATIVA 1.

Art. 434.- Actuaciones para los fines de la ejecución. Para el apoyo de la función del juez y cumplimiento eficaz y oportuno de los fines de la ejecución, la respectiva Unidad de Tramitación Civil prestará el servicio de apoyo administrativo al tribunal y ejecutará por sí misma las funciones que le encomienda la ley conforme a lo previsto en el Código Orgánico de Tribunales, sin que signifique abocarse a facultades jurisdiccionales, de manera que no impliquen, en caso alguno, la preparación o afectación directa de los derechos de las personas. Los deberes y facultades de dicha Unidad y de sus respectivos funcionarios, señalados en dicho Código y en las disposiciones de este Libro, deberán ser ejercidos de propia iniciativa y sin necesidad de orden judicial, a menos que así lo exigiere la ley, actuando de manera objetiva, imparcial e independiente, haciendo expeditos todos los trámites y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar el cumplimiento de los fines señalados.

Inciso 2 suprimir

De todas las actuaciones del Oficial de Tramitación Civil, así como de todos sus funcionarios y los de la Unidad de Subastas Judiciales Electrónicas y de los escritos y actuaciones de las partes y terceros presentados o realizadas ante ellos, deberá quedar constancia en la carpeta electrónica del procedimiento ejecutivo.

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FUND: El oficial civil es simplemente un personal administrativo exclusivamente de apoyo a la labor del juez, que en virtud de la ley se le asigna las competencias de propias del juez civil que la Constitución le confiere a este último de ejecutar lo juzgado.

El art. 76 de la Constitución en la distribución de Poderes asigna expresamente al tribunal, esto es, al juez, tres competencias: 1) conocer las causas, 2) Resolver la causa; 3) ejecutar lo juzgado. Esta asignación se produce porque es en la ejecución en que el ciudadano recibe el peso coactivo del Estado, y es donde más vulnerable se encuentra ante la coacción.

El carácter imparcial del juez y de lo jurisdiccional es doble. Respecto del acreedor, al encontrarse con una deuda y la imposibilidad de ejecución manu militare, se encuentra con el problema jurídico de demandar la coacción del Estado, y el juez resuelve ese problema jurídico cada vez que avanza en los trámites de la coacción contra el ejecutado.

Para el ejecutado-deudor, éste se encuentra en la situación más desvalida ante el Derecho, en el momento en que se concreta la coacción del Estado sobre aquél, y el juez con sus características especiales de imparcialidad, independencia y responsabilidad, es seleccionado por la Constitución para asegurar dicho momento. De esta manera, el juez debe intervenir en todos aquellos trámites que impliquen la afectación de los derechos de las personas, directamente como el embargo o preparatorios como el examen o prueba del cumplimiento de los requisitos para el remate.

Es así que el juez resuelve como ente jurisdiccional el potencial o real conflicto de la ejecución. Primero, dando curso a la ejecución y dictando el acto limita el derecho de dominio real o presunto del deudor mediante el embargo, restringiendo tal derecho constitucional, y finalmente los trámites del acto de privación forzada del mismo mediante un acto público, al estar revestido de garantías es el juez quien debe verificar las condiciones de cumplimiento para dicho acto por mandato constitucional.

De esta manera, el oficial civil no puede arrebatar la competencia constitucional del juez cuando ha sido asignada al órgano jurisdiccional en garantía.

La competencia legal del oficial civil tiene cabida en la ejecución, pero no puede implicar al costo de que no sea el juez el que ejecute, esto es, sea el que resuelva las peticiones de quien debe llevar adelante la ejecución y las respectivas peticiones del ejecutado. En tal sentido, sólo puede ser un personal de apoyo administrativo como dice el art. 434 y en ningún caso puede actuar con carácter de juez homologado.

De esta manera sus labores pueden reducirse exclusivamente a: participar en la propuesta de pago, enajenación o reprogramación de la deuda (art. 451), exigir la cuenta al depositario (art. 491), entrega material del dinero al ejecutante previa autorización del juez (art. 493), informar al juez de las bases de la subasta (art. 501), autorizar sustitución de la hipoteca del adjudicatario (art. 508), dejar constancia en la carpeta virtual del depósito o transferencia bancaria (art. 514), reducir la escritura pública del texto no objetado (art. 526), adopción de medidas necesarias para que la ejecución o destrucción de una obra se ajuste al presupuesto (art. 528 inc. 2, pero no el aumento de fondos, a costa del ejecutado, ni los apremios)

Artículo 434 (indicación Ejecutivo).- Actuaciones para los fines de la ejecución. Para el cumplimiento eficaz y oportuno de los fines de la ejecución, la respectiva Unidad de Tramitación Civil prestará el servicio de apoyo administrativo al tribunal y ejecutará por sí misma las funciones que le encomienda la ley conforme a lo previsto en el Código Orgánico de Tribunales. Los deberes y facultades de dicha Unidad y de sus respectivos funcionarios, señalados en dicho Código y en las disposiciones de este Libro, deberán ser ejercidos de propia iniciativa y sin necesidad de orden judicial, a menos que así lo exigiere la ley, actuando de manera imparcial e independiente, haciendo expeditos todos los trámites y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar el cumplimiento de los fines señalados.

El Oficial de Tramitación Civil actuará en carácter de juez sustanciador para los efectos del ejercicio de las facultades y atribuciones que se le confieren de conformidad a las disposiciones de este Libro; y su estatuto se regulará en el Código Orgánico de Tribunales.

De todas las actuaciones del Oficial de Tramitación Civil, así como de todos sus funcionarios y los de la Unidad de Subastas Judiciales Electrónicas y de los escritos y actuaciones de las partes y terceros presentados o realizadas ante ellos, deberá quedar constancia en la carpeta electrónica del procedimiento ejecutivo.

ALTERNATIVA 2.

Eliminar por estar sustrayendo a la ejecución del control directo de un juez, privando con la redacción propuesta del derecho a la defensa al dejarlo en un segundo plano.

Se considera más seguro e imparcial para ambas partes, que se sustancie la ejecución ante un tribunal.

Considerando que:

1.- Con las interrupciones de la atención presencial desde octubre 2019 hasta el momento, sobre todo desde marzo 2020, se ha demostrado que la litigación por zoom y por la oficina judicial virtual ha sido eficaz tanto en materia de familia y laboral en un 100% y en un menor medida en materia penal y civil;

2.- Por lo anterior, no es indispensable contar con un lugar físico donde desarrollar por regla general el litigio;

3.- La experiencia de los tribunales de cobranza laboral en las liquidaciones actualizadas;

4.- La experiencia de países anglosajones con formularios online para plantear pretensiones, emulada por los conocidos como “trámite fácil” de la Oficina Judicial Virtual.

5.- La posibilidad de recurrir respecto de las decisiones o “resoluciones” del Oficial de Tramitación, provocará mayores dilaciones.

Parece razonable que

a.- Se creen de tribunales de ejecución, al menos 1 por cada ciudad donde exista Corte de Apelaciones con competencia en una región o parte de ella (en este momento sólo la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y la de San Miguel);

b.- Se dividieran los procedimientos con requisito obligatorio o no de abogado, permitiendo en estos últimos la colaboración de una unidad especializada del Poder Judicial, pero independiente de los Tribunales específicos, en cuanto a los trámites, como redacción de escritos o  posibilidades de búsqueda de bienes, disponiéndose la representación de la  defensa letrada si comparece un (a) abogado (a) por la contraparte, gestionando la defensa gratuita si procediera

Artículo 439.- (Indicación del Ejecutivo) Caducidad del procedimiento. Si la inactividad en la ejecución se prolongare por un plazo superior a dos años, el ejecutado podrá pedir al tribunal correspondiente la declaración de caducidad del procedimiento, subsistiendo en todo caso los actos y contratos de que hayan resultado derechos definitivamente constituidos. La misma declaración podrá ser efectuada de oficio por el tribunal.

Artículo 439.- Caducidad del proceso de ejecución. Si la inactividad en la ejecución se prolongare por un plazo superior a dos años, el ejecutado podrá pedir al tribunal correspondiente la declaración de caducidad del procedimiento, subsistiendo en todo caso los actos y contratos de que hayan resultado derechos definitivamente constituidos. La misma declaración podrá ser efectuada de oficio por el tribunal. (suprimir la parte final)

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FUND: Lo que caduca no es el procedimiento, porque el procedimiento son las reglas que fijan los trámites, fases y requisitos, para la dinámica del proceso. Es el proceso el que caduca, y se pierde.

Acerca de la supresión final: El proceso sigue teniendo una fuerte influencia del interés de las partes, las cuales quieren ver resuelta su acreencia privada, o que su deuda se extinga. Es por ello que resulta del todo razonable tanto que exista la caducidad, como que ellas mismas se hagan cargo de la alegación de la caducidad. Más allá del interés público comprometido en su pronta ejecución. Sin considerar que muchas veces la paralización se debe a que el deudor ha escondido sus bienes.

Por lo demás, antes del año el proceso se encuentra archivado, por lo que el juez no hará ninguna actividad de oficio.

441 a 446, 448 a 451, 452, 459, 465, 469 a 474, 477, 482, 484 a 486, 488 a 490, 492 a 493, 495 a 497, 500, 501, 508, 510, 511, 514, 516, 519, 521 a 523, 526 a 529, 532, 534, 535, 544,

Reemplazar en todo el texto las referencias a “Unidad de Tramitación Civil” y “Oficial de tramitación civil” por “el Tribunal”.

Artículo 441 (Indicación Ejecutivo).- Del inicio del procedimiento. La ejecución comenzará mediante la presentación de una solicitud escrita que presentará el interesado en la Unidad de Tramitación Civil correspondiente, a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.

Artículo 441.- Del inicio del proceso de ejecución. La ejecución comenzará mediante la demanda ejecutiva que presentará el investido por el título ejecutivo ante el juez competente de la ejecución, a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.

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FUND: Aquí el proyecto presenta otro error de principio pero doble. La presencia jurisdiccional del juez supone una garantía para encauzar la satisfacción del crédito en la tutela ejecutiva, y el juez está ausente totalmente al inicio de la procedencia de la coacción del Estado.

En segundo, la distinción entre proceso jurisdiccional y procedimiento administrativo o voluntario. El trámite voluntario no presupone el conflicto en su configuración jurídica estructural. El juicio ejecutivo en cambio implica conseguir a la fuerza lo que el obligado no quiere cumplir, el conflicto es presupuesto con la sola existencia del título ejecutivo. Este juicio no trata meramente de pagar y nada más; suponiendo que en el mejor de los casos el título está revestido de garantías de veracidad, ellas no son absolutas —los miles de fraudes en el juicio lo atestiguan, como el paradigmático La Polar de 418.000 mil personas afectadas, solo en esta casa comercial, sin perjuicio de múltiples otros fraudes de bancos, otras casas comerciales que trabajan el crédito, para efectos de cumplir ciertas metas de sus funcionarios— por lo que siempre ante la demanda o solicitud de ejecución, se procede a la notificación, como señala el art. 449 de las Indicaciones del Ejecutivo, para ejercer en el fondo el derecho a la oposición de sus derecho, como derecho de defensa de sus intereses o derechos —lo que es propio de los contenciosos—. Este juicio supone ab initio el contradictorio y la bilateralidad estructural, pero ponderado en relación con el objetivo del juicio ejecutivo, la eficacia, la garantía de veracidad del título. Este contradictorio se proyecta por todo el proceso hasta inclusive, y con mayor razón, hasta el remate, donde el deudor por definición tiene su mayor interés en que su bien salga rematado por el mayor posible, y que se cumplan las condiciones legales remate, de publicidad y por supuesto, avalúo. El conflicto aparece así en términos de interés, estructurales en lo jurídico, pero moderado a los fines y naturaleza del procedimiento. Por dichas razones este proceso no tiene el carácter de no contencioso en caso alguno.

El Proyecto además, trata al ejecutado como un mero o potencial interesado, con un interés eventual involucrado en el juicio para actuar en él, cuando, en verdad, el ejecutado tiene un derecho involucrado en el juicio, usualmente su hogar y los enceres del mismo, que difícilmente puede ser catalogado como un mero “eventual o potencial interesado” en actuar.

Se produce además aquí una especie de cosa juzgada ejecutiva para el título ejecutivo de acuerdo al art. 444.

Artículo 444.- (Indicación Ejecutivo) Admisibilidad de la solicitud de ejecución y despacho del requerimiento de pago y embargo. Ingresada la solicitud de ejecución con sus respectivos antecedentes, el Oficial de Tramitación Civil se pronunciará derechamente sobre su admisibilidad dentro de los cinco días siguientes.

En este examen el Oficial de Tramitación Civil verificará si se cumple con los presupuestos de la ejecución, con los requisitos de la solicitud de ejecución y si se han acompañado los documentos exigidos por el artículo 441 y 443 según Correspondiere.

Previo a la declaración de admisibilidad el Oficial de Tramitación Civil podrá ordenar que se subsanen los defectos de que adoleciere la solicitud o los antecedentes acompañados según los casos, en un plazo no superior a cinco días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud para todos los efectos legales.

Si el Oficial de Tramitación Civil declara admisible la solicitud lo señalará así desde luego, ordenando que se proceda a la liquidación del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 445. Una vez efectuada esa liquidación el Oficial de Tramitación Civil procederá a despachar requerimiento de pago y embargo según fuere procedente.

Si el Oficial de Tramitación Civil declara inadmisible la solicitud de ejecución deberá hacerlo mediante resolución fundada, la cual será susceptible del recurso de reposición especial con reclamación subsidiaria para ante el tribunal competente.

Declarada la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud de ejecución por resolución firme o ejecutoriada, no podrá el solicitante presentarla nuevamente. Si fuere declarada inadmisible el acreedor podrá ejercer sus acciones en un procedimiento declarativo posterior.”.

ALTERNATIVA 1.

Artículo 444.- Procedencia de la demanda de ejecución y despacho del requerimiento de pago y embargo. Ingresada la demanda de ejecución con sus respectivos antecedentes, el Juez se pronunciará derechamente sobre su procedencia dentro de los cinco días siguientes.

En este examen el juez verificará si el documento acompañado constituye un título ejecutivo y si cumple con los demás requisitos de la ejecución, con los requisitos de la demanda de ejecución y si se han acompañado los documentos exigidos por el artículo 441 y 443 según Correspondiere.

Previo a la declaración de procedencia el juez ordenará que se subsanen los defectos de que adoleciere la demanda ejecutiva o los antecedentes acompañados según los casos, en un plazo no superior a cinco días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda para todos los efectos legales.

Si el juez declara procedente la demanda lo señalará así desde luego, ordenando que se proceda a la liquidación del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 445. Una vez efectuada esa liquidación el juez procederá a despachar requerimiento de pago y embargo según fuere procedente.

Si el juez declara improcedente la demanda de ejecución deberá hacerlo mediante resolución fundada.

Declarada la procedencia o improcedencia de la demanda de ejecución por resolución firme o ejecutoriada, no podrá el demandante presentarla nuevamente. Si fuere declarada improcedente el acreedor podrá ejercer sus acciones en un procedimiento declarativo posterior.”.

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FUND: Obsérvese que el documento acompañado debe ser revisado por un funcionario para determinar si dicho documento es un título ejecutivo, es decir, hacer la calificación jurídica del título como tal, por lo que debe hacerse un examen de fondo del documento. Debe examinarse el fondo relativo a las características de que la obligación sea líquida y actualmente exigible. Pero además debe revisar si la acción no está prescrita o caduca.

Todas aquellas circunstancias son elementos de gravedad de acreditación del título, que el proyecto no se lo entrega al juez, sino que a un funcionario administrativo. Cuando en verdad, la verificación del título fundante de la coacción estatal, la que la justifica la ejecución de acuerdo a la Constitución en lo ejecutivo, debe estar entregado a la garantía jurisdiccional. Con mayor razón cuando el ejecutado no puede decir nada y aquél examen es la base del acto que va a afectar su derecho constitucional de propiedad, en lo fundamental, la disposición del bien. La asimilación no lo salva de aquello, tanto como que a un funcionario administrativo de un ministerio la ley lo homologara de juez, para establecer las expropiaciones.

Obsérvese finalmente, que el examen del juez no es simplemente de la admisibilidad de la petición o demanda ejecutiva, y luego comience el período de discusión a la imagen del juicio de conocimiento. Dado que tiene una presunción de verdad el título, la resolución se pronuncia sobre el fondo de los títulos, sobre la base de la presunción, y le da lugar a la ejecución propiamente tal, comenzando con la medida y ejecución de la afectación del bien del deudor. En ese sentido, la procedencia es conceptualmente más fuerte que la mera admisibilidad, abarcando dicho concepto, ya que supone un pronunciamiento de fondo sobre el título ejecutivo, que es lo que ocurre realmente en esta clase de juicios.

El examen de fondo produce una especie de cosa juzgada sobre la acción ejecutiva misma y el título ejecutivo en cuanto a su mérito de ejecución, que impide volver a plantearlo: la acción ejecutiva le queda vedada. Pero no sobre el derecho mismo de trasfondo. Es la cosa juzgada negativa de un nuevo proceso sobre lo resuelto: esto es el mérito ejecutivo del título ejecutivo.

Cuando el proyecto señala que se puede volver a discutir el derecho en un juicio declarativo posterior, no es claro. Porque en doctrina los juicios declarativos son de condena, constitutivos o de mera certeza, (agregándose los de permisión), entonces pareciera que pudiera ir a un juicio cualquiera de ellos. En materia de eficacia o cumplimiento de las sentencias señala que las sentencias pueden ser declarativas o constitutivas. Por ende, no hay uniformidad en lo señala el proyecto. Lo preciso es que ejerza un juicio “declarativo de condena”, y se corrija además lo dispuesto en la eficacia de las sentencias.

Artículo 444.- (Indicación Ejecutivo) Admisibilidad de la solicitud de ejecución y despacho del requerimiento de pago y embargo. Ingresada la solicitud de ejecución con sus respectivos antecedentes, el Oficial de Tramitación Civil se pronunciará derechamente sobre su admisibilidad dentro de los cinco días siguientes.

En este examen el Oficial de Tramitación Civil verificará si se cumple con los presupuestos de la ejecución, con los requisitos de la solicitud de ejecución y si se han acompañado los documentos exigidos por el artículo 441 y 443 según Correspondiere.

Previo a la declaración de admisibilidad el Oficial de Tramitación Civil podrá ordenar que se subsanen los defectos de que adoleciere la solicitud o los antecedentes acompañados según los casos, en un plazo no superior a cinco días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud para todos los efectos legales.

Si el Oficial de Tramitación Civil declara admisible la solicitud lo señalará así desde luego, ordenando que se proceda a la liquidación del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 445. Una vez efectuada esa liquidación el Oficial de Tramitación Civil procederá a despachar requerimiento de pago y embargo según fuere procedente.

Si el Oficial de Tramitación Civil declara inadmisible la solicitud de ejecución deberá hacerlo mediante resolución fundada, la cual será susceptible del recurso de reposición especial con reclamación subsidiaria para ante el tribunal competente.

Declarada la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud de ejecución por resolución firme o ejecutoriada, no podrá el solicitante presentarla nuevamente. Si fuere declarada inadmisible el acreedor podrá ejercer sus acciones en un procedimiento declarativo posterior.”.

ALTERNATIVA 2.

Reemplazar en inciso 5º en la frase “, especial con reclamación subsidiaria para ante el tribunal correspondiente.” por “con apelación subsidiaria.”

“Artículo 448.- (Indicación Ejecutivo) Acumulación de solicitudes de ejecución. El Oficial de Tramitación Civil, de oficio o a requerimiento de cualquier acreedor, podrá mediante resolución fundada acumular las distintas solicitudes de ejecución que se estén tramitando ante ella, relativas a un mismo deudor, siempre que en todas ellas se haya despachado el respectivo requerimiento de pago y embargo y no se hubiere deducido demanda de oposición.

En el caso de solicitudes de ejecución que se estuvieren tramitando ante Unidades de Tramitación Civil pertenecientes a distintos tribunales, podrán asimismo acumularse para ser tramitadas en una de ellas. Para tales efectos el Oficial de Tramitación Civil de una cualquiera de dichas Unidades o la parte interesada, deberá solicitar la acumulación al tribunal del que dependiere la Unidad de Tramitación Civil que hubiere despachado el primer requerimiento de pago y embargo. En contra de la resolución que se pronunciare sobre esta solicitud no procederá recurso alguno.

“Artículo 448.- Acumulación de demandas de ejecución. El juez, de oficio o a requerimiento de cualquier acreedor, podrá mediante resolución fundada acumular las distintas demandas de ejecución que se estén tramitando ante aquél, relativas a un mismo deudor, siempre que en todas ellas se haya despachado el respectivo requerimiento de pago y embargo y no se hubiere deducido demanda de oposición.

En el caso de demandas de ejecución que se estuvieren tramitando ante jueces distintos, podrán asimismo acumularse para ser tramitadas en una de ellas. Para tales efectos cualquiera de dichos jueces o la parte interesada, deberá solicitar la acumulación al tribunal que hubiere despachado el primer requerimiento de pago y embargo. En contra de la resolución que se pronunciare sobre esta solicitud no procederá recurso alguno.

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FUND: No resulta coherente que el proyecto disponga que la acumulación de ejecuciones se realice por un funcionario administrativo, y en materia de juicio de cognición la misma acumulación —de menor implicancia coactiva— la deba realizar el juez, y no un funcionario administrativo de su tribunal.

Artículo 449.- (Indicación Ejecutivo) Notificación de la solicitud de ejecución y del requerimiento de pago y embargo. La solicitud de ejecución se notificará personalmente al deudor y se le practicará el requerimiento de pago y embargo de conformidad a lo previsto en los artículos 92 y siguientes, entregándole copia íntegra de la solicitud, su proveído y del requerimiento mismo.

Si por resolución del Oficial de Tramitación Civil el deudor fuere notificado mediante la notificación personal subsidiaria del artículo 97, el requerimiento de pago y embargo se entenderá practicado el día en que el ministro de fe haga entrega de las copias a que se refiere el inciso anterior. Si la notificación se efectuare mediante anotación en libro o registro conforme a lo previsto en el artículo 106, el requerimiento de pago y embargo se entenderá efectuado en el mismo momento que se entiende practicada la notificación. Si el deudor fuere notificado por avisos conforme a lo previsto en el artículo 101, el requerimiento de pago se entenderá practicado el día en que se efectúe la última publicación.”.

Artículo 449.- Notificación de la solicitud de ejecución y del requerimiento de pago y embargo. La demanda de ejecución se notificará personalmente al deudor y se le practicará el requerimiento de pago y embargo de conformidad a lo previsto en los artículos 92 y siguientes, entregándole copia íntegra de la demanda, su proveído, del requerimiento mismo y el título ejecutivo.

Si por disposición del juez el deudor fuere notificado mediante la notificación personal subsidiaria del artículo 97, el requerimiento de pago y embargo se entenderá practicado el día en que el ministro de fe haga entrega de las copias a que se refiere el inciso anterior. Si la notificación se efectuare mediante anotación en libro o registro conforme a lo previsto en el artículo 106, el requerimiento de pago y embargo se entenderá efectuado en el mismo momento que se entiende practicada la notificación. Si el deudor fuere notificado por avisos conforme a lo previsto en el artículo 101, el requerimiento de pago se entenderá practicado el día en que se efectúe la última publicación.”.

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FUND: La información entregada es insuficiente. En doctrina, la ley y el proyecto, el título ejecutivo es el fundamento mismo de la ejecución, no es simplemente un documento de acreditación sino que constituye la base de la presunción de veracidad y de la propia ejecución de manera que debe ser parte del derecho de defensa del ejecutado.

Artículo 450.- (Indicación Ejecutivo) Emplazamiento y actitudes del ejecutado. A contar de la fecha de la notificación de la solicitud y del requerimiento de pago si se hubieren practicado personalmente o del requerimiento de pago y embargo en los demás casos, el deudor podrá:

1.- Pagar el total de la deuda reclamada conforme al importe por el cual se hubiere despachado el requerimiento de pago y embargo. El pago deberá efectuarse, en el acto mismo del requerimiento si este fuere personal, o bien dentro del día hábil inmediatamente siguiente, en los demás casos. En el caso que la notificación y el requerimiento se hubieren practicado por avisos, el pago deberá efectuarse dentro del día hábil siguiente a la publicación del último aviso que se hubiere decretado. Por último, si la notificación se hubiere efectuado mediante anotación en libro o registro conforme a lo previsto en el artículo 106, el pago deberá efectuarse al día hábil inmediatamente siguiente de entenderse aquella practicada.

En el evento que el pago fuere parcial, la ejecución continuará por el saldo no solucionado.

2.- No pagar en el acto de la notificación o dentro del término previsto en el numeral 1 anterior según correspondiere. En este caso, la ejecución continuará adelante conforme a las reglas generales según la naturaleza de la obligación.

3.- Interponer el recurso previsto en el artículo 435 en contra de la resolución que declara admisible la solicitud de ejecución. La interposición de este recurso no suspenderá el plazo para deducir demanda de oposición ni entorpecerá el curso del procedimiento ejecutivo.

4.- Deducir demanda de oposición a la ejecución ante el tribunal competente, la cual solo podrá fundarse en una o más de las causales que contempla el artículo 453.

El término para interponer demanda de oposición a la ejecución será de diez días, contados desde la notificación del requerimiento de pago y embargo, si el ejecutado fuere notificado dentro del territorio jurisdiccional del tribunal del que forme parte la Unidad de Tramitación Civil respectiva. Si el deudor hubiere sido requerido de pago fuera del territorio jurisdiccional antes mencionado, pero dentro del territorio de la República, el término para interponer la demanda de oposición será de veinte días. Si es requerido de pago fuera del territorio de la República, dicho término será de treinta días.

5.- Objetar la liquidación dentro del plazo señalado en el número 4 de este artículo, en cuyo caso esta objeción será resuelta por el juez y se tramitará conforme a las normas de los incidentes fuera de audiencia. Si además el deudor dedujere demanda de oposición, la objeción de la liquidación deberá plantearla en el mismo escrito en un apartado separado y se tramitará y resolverá conjuntamente con aquella. En ambos casos, la objeción sólo se podrá fundamentar en las causales indicadas en el inciso segundo del artículo 445.

6.- Efectuar al acreedor o a los acreedores una propuesta de pago, enajenación o de reprogramación de la obligación, en los mismos plazos señalados en el párrafo segundo del numeral 4 de este artículo, según correspondiere. Si además el deudor dedujere demanda de oposición, esta propuesta deberá plantearla en el mismo escrito, en un apartado separado, debiendo el tribunal competente al proveer la demanda, derivar a la Unidad de Tramitación Civil correspondiente para que cite a un comparendo a todas las partes del procedimiento de ejecución, en los términos señalados en el artículo siguiente.”.

Artículo 450.- Emplazamiento y actitudes del ejecutado. A contar de la fecha de la notificación de la demanda y del requerimiento de pago si se hubieren practicado personalmente o del requerimiento de pago y embargo en los demás casos, el deudor podrá:

1.- Pagar el total de la deuda demandada conforme al importe por el cual se hubiere despachado el requerimiento de pago y embargo. El pago deberá efectuarse, en el acto mismo del requerimiento si este fuere personal, o bien dentro del día hábil inmediatamente siguiente, en los demás casos. En el caso que la notificación y el requerimiento se hubieren practicado por avisos, el pago deberá efectuarse dentro del día hábil siguiente a la publicación del último aviso que se hubiere decretado. Por último, si la notificación se hubiere efectuado mediante anotación en libro o registro conforme a lo previsto en el artículo 106, el pago deberá efectuarse al día hábil inmediatamente siguiente de entenderse aquella practicada.

En el evento que el pago fuere parcial, la ejecución continuará por el saldo no solucionado.

2.- No pagar en el acto de la notificación o dentro del término previsto en el numeral 1 anterior según correspondiere. En este caso, la ejecución continuará adelante conforme a las reglas generales según la naturaleza de la obligación.

3. Interponer el recurso previsto en el artículo 435 en contra de la resolución que declara admisible la solicitud de ejecución. La interposición de este recurso no suspenderá el plazo para deducir demanda de oposición ni entorpecerá el curso del procedimiento ejecutivo.

4.- Solicitar una medida preparatoria de la oposición de exhibición de documentos complementarios al título ejecutivo, que deba tener en su poder el ejecutante de acuerdo al título ejecutivo invocado, tales como mandato para suscribir los títulos ejecutivos, los documentos de la liquidación del crédito, o el contrato de crédito suscrito por el deudor, si no hubieren sido acompañados al proceso.

En tal caso, el plazo para la presentación de la oposición del artículo siguiente, se interrumpirá hasta la entrega de la documentación.

5.- Deducir oposición a la ejecución ante el tribunal competente, la cual solo podrá fundarse en una o más de las causales que contempla el artículo 453.

El término para interponer demanda de oposición a la ejecución será de diez días, contados desde la notificación del requerimiento de pago y embargo, si el ejecutado fuere notificado dentro del territorio jurisdiccional del tribunal del que forme parte la Unidad de Tramitación Civil respectiva. Si el deudor hubiere sido requerido de pago fuera del territorio jurisdiccional antes mencionado, pero dentro del territorio de la República, el término para interponer la demanda de oposición será de veinte días. Si es requerido de pago fuera del territorio de la República, dicho término será de treinta días.

6.- Objetar la liquidación dentro del plazo señalado en el número 4 de este artículo, en cuyo caso esta objeción será resuelta por el juez y se tramitará conforme a las normas de los incidentes fuera de audiencia. Si además el deudor dedujere demanda de oposición, la objeción de la liquidación deberá plantearla en el mismo escrito en un apartado separado y se tramitará y resolverá conjuntamente con aquella. En ambos casos, la objeción sólo se podrá fundamentar en las causales indicadas en el inciso segundo del artículo 445.

7.- Efectuar al acreedor o a los acreedores una propuesta de pago, enajenación o de reprogramación de la obligación, en los mismos plazos señalados en el párrafo segundo del numeral 4 de este artículo, según correspondiere. Si además el deudor dedujere demanda de oposición, esta propuesta deberá plantearla en el mismo escrito, en un apartado separado, debiendo el tribunal competente al proveer la demanda, derivar a la Unidad de Tramitación Civil correspondiente para que cite a un comparendo a todas las partes del procedimiento de ejecución, en los términos señalados en el artículo siguiente.”.

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FUND: Nuevo N° 4. Es sabido que uno de las formas de fraude más comunes a realizar con los títulos ejecutivos constituye la autosuscripción de pagarés derivados de un mandato y la autorrelidiquidación de los créditos. Otra de las formas es derechamente la invención de créditos. Junto con ello es conocida la práctica comercial de ciertos bancos o casas comerciales, supermercados, etc. de no entregar copia del contrato de crédito suscrito por el deudor, y dado que el Sernac carece de potestades compulsivas de aquello, no existe forma de obligar a entregarlos de antemano. Esta norma viene a responder a dicha problemática, teniendo en particular consideración que como el Proyecto reconoce, los mayores usuarios del sistema son los bancos y casas comerciales.

Enfrentar a dicho vicio del comercio crediticio implica compensar tal vicio, con la exigencia correspondiente de exhibir el documento. Se trata sólo de documentos que son complementarios del título ejecutivo en tanto antecedentes previos de aquél. La importancia de dichos documentos es que son cruciales para la defensa de los derechos de la parte en el momento de inflexión de la coacción estatal. Dicha gravedad es la justifica lo perentorio de la exigencia.

Artículo 453 (Indicación Ejecutivo).- Causales de oposición a la ejecución. El ejecutado podrá fundamentar su demanda de oposición a la ejecución solo basado en una o más de las siguientes causales, sea que afecten a la totalidad de la deuda o a una parte de ella y siempre que no las hubiera opuesto como cuestiones previas, según fuera del caso:

1.- Pago total o parcial de la deuda;

2.- Prescripción o caducidad de la acción ejecutiva;

3.- No empecer el título al ejecutado;

4.- Cosa juzgada;

5.- Falsedad material del título ejecutivo;

6.- Falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea en relación con el acreedor;

7.- Nulidad del título ejecutivo;

8.- Exceso de avalúo en los casos de los números 2 y 3 del artículo 440;

9.- Pérdida de la cosa debida, en conformidad a lo dispuesto en el Título XIX,

Libro IV del Código Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejecutado podrá alegar como causales de oposición una o más de las alegaciones siguientes, siempre y cuando se cumpliere en estos casos las exigencias del artículo 454:

1.- Novación de la deuda;

2.- Transacción o avenimiento;

3.- Remisión de la deuda;

4.- Compensación de la deuda por otra que conste en título ejecutivo;

5.- Concesión de esperas o prórroga de plazo;

6.- Confusión.

Por el solo ministerio de la ley, se entenderá reservado el derecho del ejecutado para hacer valer, en un juicio declarativo posterior, los derechos y alegaciones no contemplados dentro de las causales de oposición previstas en este artículo. No procederá por tanto esta reserva en los casos que esos derechos y alegaciones pudieron formularse como causales de oposición a la ejecución.”

Artículo 453.- Causales de oposición a la ejecución. El ejecutado podrá fundamentar su demanda de oposición a la ejecución solo basado en una o más de las siguientes causales, sea que afecten a la totalidad de la deuda o a una parte de ella y siempre que no las hubiera opuesto como cuestiones previas, según fuera del caso:

1.- Pago total o parcial de la deuda;

2.- Prescripción o caducidad de la acción ejecutiva;

3.- No empecer el título al ejecutado;

4.- Cosa juzgada;

5.- Falsedad material o ideológica del título ejecutivo;

6.- Falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea en relación con el acreedor;

7.- Nulidad del título ejecutivo;

7A.- Inequidad en la aceleración de la deuda para la ejecución, de acuerdo al trato propio del ejecutante a sus deudores.

7.B.- Abuso en la ejecución, cuando el ejecutante por acto propio contribuya a generar la deuda o a consolidarla;

8.- Exceso de avalúo en los casos de los números 2 y 3 del artículo 440;

9.- Pérdida de la cosa debida, en conformidad a lo dispuesto en el Título XIX,

Libro IV del Código Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejecutado podrá alegar como causales de oposición una o más de las alegaciones siguientes, siempre y cuando se cumpliere en estos casos las exigencias del artículo 454:

1.- Novación de la deuda;

2.- Transacción o avenimiento;

3.- Remisión de la deuda;

4.- Compensación de la deuda por otra que conste en título ejecutivo;

5.- Concesión de esperas o prórroga de plazo;

6.- Confusión.

7.- Nulidad de la obligación

Por el solo ministerio de la ley, se entenderá reservado el derecho del ejecutado para hacer valer, en un juicio declarativo posterior, los derechos y alegaciones no contemplados dentro de las causales de oposición previstas en este artículo. No procederá por tanto esta reserva en los casos que esos derechos y alegaciones pudieron formularse como causales de oposición a la ejecución.”

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FUND: Estas modificaciones propuestas vienen a responder a dos nuevos fenómenos: la concesión créditos masivos a cientos de miles o millones de personas, por parte de los bancos, casas comerciales, y asimismo existe una modalidad de fraude nueva destinada a ser concretada en los juicios ejecutivos. Es así que se produce la autorreliquidación del crédito o reliquidación unilateral de la deuda sin poder, o se extienden pagarés sin poder suficiente, como en el ya citado caso La Polar que afectó a 418.000 personas (en el peor de los casos, se inventan créditos, como seguros, a los clientes, por otros instrumentos financieros. La motivación inicialmente para cumplir metas de colocación de créditos o poner números azules, que se les exige para el cumplimiento de su trabajo.

A) N° 5 Falsedad ideológica: Para ello es que se requiere, o bien una causal de falsedad ideológica del contenido del documento, basado en el fraude trasfondo.

B) N° 7 A. causal de inequidad de la ejecución. De trasfondo también responde al eventual fraude de fondo manifestado de la siguiente manera. Las casas comerciales, bancos y supermercados y otros tienen una colocación masiva de créditos, para su administración poseen políticas generales de cobro o aceleración de las deudas, o buenas prácticas generales de cobro. Al acelerarse la deuda, ésta se vuelve impagable para el deudor, ya que el crédito se pide precisamente porque no puede pagar el todo de la deuda. Ocurre a veces que los funcionarios o abogados de cobranza por cumplir metas de cobro que se les exige, se saltan la práctica comercial de cobro, y si la práctica es, por ejemplo, acelerar a la 10a cuota vencida lo efectúan a la 2ª cuota. Práctica  similar se ve en situaciones más graves, donde los abogados de cobranzas o ejecutivos que conocen el valor comercial de un bien raíz, tienen inmobiliarias paralelas y les interesa sacar a remate y adquirir determinados inmuebles, y también los presentan a cobro fuera de la política o de la práctica de la comercial del propio banco o casa comercial. Para tener una respuesta legal y racional frente a ello, sin introducirse en una investigación extremadamente difícil de realizar, es que se plantea la falta de equidad en el trato al deudor para proceder a la ejecución, en relación con la propia política o práctica de la empresa crediticia para con sus consumidores. Es de inequidad por el trato desigual, que en la práctica comercial sería esperable.

C) 7.B. Es de abuso del derecho a la ejecución. Se da cuando existe un derecho o infracción al crédito, pero en el cual el incumplimiento ha sido generado o consolidado con el actuar cooperativo del ejecutante y vuelve impagable el crédito con la aceleración. Paradigmáticamente ello ocurre en la práctica comercial cuando por un defecto o falta de funcionamiento del propio entre crediticio se deja de pagar un crédito, que tenía mandato de pagar, entonces al estar en mora realmente, le bloquea los pagos, incurriendo en una práctica abusiva. Es un abuso del derecho porque primero: existe una deuda real, y segundo hay abusos porque 1) ella deriva de un defecto de gestión; 2) porque frente a los retrasos no permite pagar al deudor ilegalmente, aumentando su deuda, sin que se alcance a constituir mora del acreedor, ya que el plazo estaba vencido. Al deudor en ese caso tiene que recurrir a un trámite engorroso en la tesorería, y notificar. Esta especialidad de comportamiento justifica una respuesta especial, que guíe al juez para reprochar tal deuda. Sin esta respuesta procesal el fraude o abuso se consolidan y el juez carece de herramientas específicas y guías para reprochar tal conducta.

Como consideración general, es racional que la ley enfrente los problemas prácticos reales que se van dando en cada sociedad, responda con una legislación que la enfrente, ponderando los derechos del acreedor con los derechos del deudor, y la justa ejecución. La ejecución que supone máxima ejecución deja a salvo la ponderación de los derechos ante el fraude, la inequidad y el abuso del derecho. Dado que es un momento de máxima coacción que puede implicar para las personas, como en los casos de Eurolatina, la pérdida de sus hogares en un momento crucial, no basta la reserva de acciones, porque en los casos que se le quita el inmueble a una persona no se le puede enviar a que espere 2 o 3 años o más para poder recuperarla sin opciones para su familia.

Se incorpora también la oposición por nulidad de la obligación, ya que el argumento de que es de difícil prueba y que por ella requería de un juicio de lato conocimiento, no es suficiente ya que para el ejecutado puede ser más conveniente de discutirla en el juicio ejecutivo y no en uno ordinario, lo que implicará que en el intertanto, ejecuten. 10 días de diferencia en el probatorio y de 4 días para las observaciones a la prueba, no es justificación para negar el derecho a esta excepción

No existe

Art. 454. No preclusión de la excepción de pago de la deuda.

La excepción pago de la deuda, incluso basada en antecedentes anteriores a la demanda, no precluye con el vencimiento del plazo para oponerla, y siempre puede hacerse valer en juicio cuando se posea antecedente escrito.

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FUND: La justa solución del conflicto implica que realmente sea justa. En múltiples ocasiones en los casos de las casas comerciales, bancos o servicios de consumo, el cliente o consumidor, confía en los registros de la institución, sin perjuicio sucede que ocurren desajustes contables en dichas empresas, y los consumidores extravían en sus casas los recibos de pagos.

Entonces, aparece del todo injusto, que si el consumidor no encuentra sus recibos dentro de los 10 días después no pueda hacer valer un pago ya efectuado. Considerando que los usuarios mayores del sistema son los bancos, casas comerciales y supermercados o farmacias, sus demandados son los consumidores que no tienen prácticas de comerciante, porque ni la ley se los exige.

Por lo demás, el pago de lo no debido siempre reserva el derecho a quien pago, de manera que esta norma vendría a extender este derecho, para hacerlo valer de manera rápida en el juicio. Porque luego de ejecutado con la pérdida de sus bienes, el deudor carece de mayor interés en recuperar sumas bajas de dinero, siendo que tendría que iniciar un juicio declarativo, donde el costo sería mayor para el consumidor dando por perdido su dinero. Y todo ello considerando que en el fondo, éste sí pago la deuda, al menos parcialmente, cuando se esté en esa hipótesis y tendría que acreditarlo por escrito.

Además, si detiene el fraude en caso de que hubiere pago completo de la deuda, se favorece la justicia del sistema de manera rápida y eficaz.

Artículo 454.- Fundamento instrumental de causales de oposición. La excepción de pago sólo podrá alegarse si estuviere fundada en instrumento público o privado otorgado con fecha anterior a la de la respectiva demanda

de oposición. La misma exigencia tendrá lugar respecto de las excepciones de los numerales 1 a 5 del inciso segundo del artículo anterior, sin embargo, en este caso, los instrumentos públicos o privados deberán emanar o estar suscritos por el acreedor. De alegarse la cosa juzgada, deberá acompañarse copia de la sentencia respectiva y su correspondiente certificado de ejecutoriedad. Asimismo, y si se alegare la confusión, deberán presentarse los instrumentos que la justifiquen. Estos instrumentos deberán acompañarse a la demanda de oposición, bajo apercibimiento de ser declarada inadmisible.

Artículo 454.- Fundamento instrumental de causales de oposición. “La excepción de pago sólo podrá alegarse si estuviere fundada en instrumento público o privado otorgado con fecha anterior a la de la respectiva demanda

de oposición. La misma exigencia tendrá lugar respecto de las excepciones de los numerales 1 a 5 del inciso segundo del artículo anterior, sin embargo, en este caso, los instrumentos públicos o privados deberán emanar o estar suscritos por el acreedor. De alegarse la cosa juzgada, deberá acompañarse copia de la sentencia respectiva y su correspondiente certificado de ejecutoriedad. Asimismo, y si se alegare la confusión, deberán presentarse los instrumentos que la justifiquen. Estos instrumentos deberán acompañarse a la demanda de oposición, bajo apercibimiento de ser declarada inadmisible.

Cuando la demanda se fundare en la falsedad ideológica, inequidad de la ejecución o abuso de la misma, el ejecutado podrá pedir exhibición de documentos que deban obrar en poder del ejecutante de acuerdo al título ejecutivo, o la práctica comercial, consistente en exhibición de contrato, de mandato del deudor, política de cobros de la empresa, estadística de cobros, etc. En caso de que el ejecutado no provea de dichos documentos, se presumirá la veracidad de las afirmaciones contenidas en el escrito de oposición.”

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FUND: Como se viene sosteniendo los consumidores ejecutados en general no es gente que tenga en sus manos los diferentes instrumentos que afirman las casas comerciales tener. Dado que este material se encuentra a su disposición, y el desnivel de poder entre uno y otro, aparece como del todo razonable, que quien tenga los documentos en esta discusión los exhiba y acredite la legalidad del obrar de manera rápido y eficaz. La misma solución se establece en el Código del Trabajo, art. 453 N° 5, respecto de la parte más débil, el trabajador, siempre y cuando se trate de documentos que deban obrar en poder del demandante.

“Artículo 462.- Sentencia definitiva. La sentencia definitiva deberá dictarse dentro del término de diez días contados según los casos siguientes:

1. Si solo se hubiere ofrecido y rendido prueba documental, el plazo se contará desde la notificación de la resolución que tenga por evacuada la contestación de la demanda, aún en rebeldía, o de aquella que se pronunciare respecto de la objeción de los documentos, según correspondiere;

2. Si se hubiere ofrecido y rendido prueba distinta a la documental o conjuntamente con ésta, el plazo se contará desde la fecha de la última audiencia de rendición de prueba.

El juez se pronunciará en la sentencia definitiva, en primer término, sobre las cuestiones procesales cuyo fallo se hubiere reservado de conformidad a lo señalado en el inciso tercero del artículo 452 y, de acogerlas en términos que impidieren la prosecución del procedimiento, se abstendrá de pronunciarse sobre las causales de oposición.

Si el juez rechazare la demanda de oposición, ordenará seguir adelante con la ejecución hasta el pago íntegro de lo adeudado. Si las rechazare parcialmente decretará la prosecución del procedimiento en los términos que correspondieren.

Si el procedimiento terminare en razón de haberse acogido una o más cuestiones procesales previas o por no haber sido estas subsanadas en la oportunidad señalada por el tribunal, quedará a salvo el derecho del ejecutante para renovar su acción ejecutiva en la medida que tales cuestiones tuvieren naturaleza meramente procedimental.”.

“Artículo 462.- Sentencia definitiva. La sentencia definitiva deberá dictarse dentro del término de diez días contados según los casos siguientes:

1. Si solo se hubiere ofrecido y rendido prueba documental, el plazo se contará desde la notificación de la resolución que tenga por evacuada la contestación de la demanda, aún en rebeldía, o de aquella que se pronunciare respecto de la objeción de los documentos, según correspondiere;

2. Si se hubiere ofrecido y rendido prueba distinta a la documental o conjuntamente con ésta, el plazo se contará desde la fecha de la última audiencia de rendición de prueba.

El juez se pronunciará en la sentencia definitiva, en primer término, sobre las cuestiones procesales cuyo fallo se hubiere reservado de conformidad a lo señalado en el inciso tercero del artículo 452 y, de acogerlas en términos que impidieren la prosecución del procedimiento, se abstendrá de pronunciarse sobre las causales de oposición.

Si el juez rechazare la demanda de oposición, ordenará seguir adelante con la ejecución hasta el pago íntegro de lo adeudado. Si las rechazare parcialmente decretará la prosecución del procedimiento en los términos que correspondieren.

Si el procedimiento terminare en razón de haberse acogido una o más cuestiones procesales previas o por no haber sido estas subsanadas en la oportunidad señalada por el tribunal, quedará a salvo el derecho del ejecutante para renovar su acción ejecutiva en la medida que tales cuestiones tuvieren naturaleza meramente procedimental.”.

Del mismo modo, si se acogiera la excepción de falta de inequidad o abuso de la ejecución, se absolverá de la instancia ejecutiva, perdiendo el ejecutado el derecho a acelerar la deuda.

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FUND: La deuda en estos casos realmente existe, sólo que el vicio se encuentra en los presupuestos de la aceleración y consiguiente ejecución, por lo que la sentencia es una mera absolución de la instancia ejecutiva, pudiendo renovar la acción por la deuda, pero la disposición sanciona el mal uso de la aceleración haciéndole perder el derecho al ejecutante.

“Artículo 500.- Bases para la subasta. Las bases con arreglo a las cuales se realizará la subasta electrónica del inmueble y de los derechos de aprovechamiento de aguas, serán aprobadas por el Oficial de Tramitación Civil y se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de subastas judiciales electrónicas.

Las bases serán elaboradas por el acreedor conforme al formulario confeccionado por la Unidad de Tramitación Civil considerando las condiciones contenidas en el acuerdo de las partes, si lo hubiere y, en todo caso, ajustándose a las normas del referido Reglamento y las previstas en los incisos siguientes de este artículo.

Salvo acuerdo diverso de las partes, las bases para la subasta deberán contener al menos las siguientes estipulaciones:

1.- El valor mínimo para la subasta, el que será igual al valor de tasación del inmueble que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos del pago del impuesto territorial o contribución de bienes raíces. El valor mínimo para la subasta de los derechos de aprovechamiento de aguas será igual al que determine el Oficial de Tramitación Civil teniendo en consideración, entre otros, su valor comercial y el valor del inmueble al que se encuentre asociado, de estarlo; sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Si al tiempo de la subasta no se hubiere publicado el rol de avalúos vigente para el semestre en curso, regirá el vigente para el semestre inmediatamente anterior.

Si no pudiere aplicarse lo dispuesto en el inciso precedente, el valor mínimo de los bienes a subastar deberá ser fijado por el Oficial de Tramitación Civil quien determinará estimativamente el valor comercial de dichos bienes con base en los antecedentes que obren de los autos, los que acompañaren las partes e información pública de mercado.

2.- Que todo postor para tomar parte en la subasta deberá previamente rendir una caución en dinero efectivo igual al veinte por ciento de dichos mínimos, mediante depósito bancario o transferencia electrónica efectuado en la cuenta corriente correspondiente de la Unidad de Subastas Judiciales Electrónicas.

El ejecutante podrá efectuar posturas con cargo a su crédito y podrá participar en la subasta sin necesidad de rendir caución, a menos que existan acreedores de mejor derecho.

Se publicarán las bases en el portal de subastas judiciales electrónicas, una vez aprobadas, y se señalará en ellas el día de realización de la subasta y todas las demás materias que sean necesarias para la mejor singularización de los bienes o de las modalidades de la subasta, sin perjuicio de lo convenido por las partes.”

“Artículo 500.- Bases para la subasta. Las bases con arreglo a las cuales se realizará la subasta electrónica del inmueble y de los derechos de aprovechamiento de aguas, serán aprobadas por el juez y se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de subastas judiciales electrónicas.

Las bases serán elaboradas por el acreedor conforme al formulario confeccionado por la Unidad de Tramitación Civil considerando las condiciones contenidas en el acuerdo de las partes, si lo hubiere y, en todo caso, ajustándose a las normas del referido Reglamento y las previstas en los incisos siguientes de este artículo.

Salvo acuerdo diverso de las partes, las bases para la subasta deberán contener al menos las siguientes estipulaciones:

1.- El valor mínimo para la subasta, el que será igual al estimativo del valor comercial del inmueble, de acuerdo a tasación de profesional tasador inmobiliario que se acompañe al proceso. El valor mínimo para la subasta de los derechos de aprovechamiento de aguas será igual al que determine el juez a propuesta del Oficial de Tramitación Civil teniendo en consideración, entre otros, su valor comercial y el valor del inmueble al que se encuentre asociado, de estarlo; sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

Suprimir inciso Si al tiempo de la subasta no se hubiere publicado el rol de avalúos vigente para el semestre en curso, regirá el vigente para el semestre inmediatamente anterior.

Si no pudiere aplicarse lo dispuesto en el inciso precedente, el valor mínimo de los bienes a subastar deberá ser fijado por el Oficial de Tramitación Civil quien determinará estimativamente el valor comercial de dichos bienes con base en los antecedentes que obren de los autos, los que acompañaren las partes e información pública de mercado.

2.- Que todo postor para tomar parte en la subasta deberá previamente rendir una caución en dinero efectivo igual al veinte por ciento de dichos mínimos, mediante depósito bancario o transferencia electrónica efectuado en la cuenta corriente correspondiente de la Unidad de Subastas Judiciales Electrónicas.

El ejecutante podrá efectuar posturas con cargo a su crédito y podrá participar en la subasta sin necesidad de rendir caución, a menos que existan acreedores de mejor derecho.

Se publicarán las bases en el portal de subastas judiciales electrónicas, una vez aprobadas, y se señalará en ellas el día de realización de la subasta y todas las demás materias que sean necesarias para la mejor singularización de los bienes o de las modalidades de la subasta, sin perjuicio de lo convenido por las partes.”

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FUND: El sistema muestra una inconsistencia, porque inicialmente se fija el valor mínimo de acuerdo al avalúo fiscal, y si no pudiese aplicarse lo dispuesto en el inciso primero, esto es, la existencia de avalúo fiscal, paradigmáticamente porque no se acompañó el certificado de avalúo fiscal, procederá a fijarse el avalúo comercial.

La base de los procesos que declara el Proyecto es la solución justa del conflicto o problema, que se concreta en la solución justa de la ejecución. Ello implica no un empobrecimiento del deudor de manera exagerada. Es sabido que el avalúo fiscal es sólo una fracción del avalúo comercial, siendo este último el 2 o 3 veces más, por lo que ocurre un enorme empobrecimiento del deudor. Debe agregarse que si no se vende en primera subasta, la fracción del valor de la propiedad será fraccionada, y si no se vende, nuevamente se fracciona pudiendo llegar a un décimo del valor o menos.

El valor comercial aparece del todo adecuado a la justicia del conflicto, y su apego al valor real de los bienes. Considerando que en materia de inmuebles son los bancos y las hipotecas y que el préstamo se efectúa considerando el valor comercial del mismo, menos un delta, se corresponde la procedencia del valor comercial. Existe en ello un interés real del deudor en que la venta del inmueble se recoja en el valor comercial.

Es menester considerar que los diversos fraudes que se ejecutan en el juicio ejecutivo para apoderarse de los inmuebles, como Eurolatina, o de funcionarios o abogados inescrupulosos que poseen inmobiliarias para apoderarse de los inmuebles en precio mucho más barato, cuentan con esta exigencia.

El valor no necesita ser exactamente el valor comercial, ya que debe favorecer el pago, sino un aproximado del valor real.

Artículo 562.- Procedimiento. El procedimiento sumario simplificado se

tramitará de conformidad a las

disposiciones del Procedimiento Sumario del Título II del Libro II de este Código, con las siguientes reglas especiales:

1.- Las partes podrán comparecer personalmente durante toda la tramitación del juicio, sin la asistencia de un abogado o mandatario judicial, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 26.

2.- La demanda podrá presentarse

electrónicamente en formularios

establecidos mediante auto acordado de la Corte Suprema. En todo caso, el mismo formulario podrá completarse físicamente ante la Unidad de Atención de Público y Mediación respectiva, la cual deberá adoptar las providencias para integrarlo al sistema de tramitación electrónica.

3.- Si el tribunal estima que la demanda es admisible, conferirá traslado al demandado citando a las partes a una audiencia de conciliación y prueba a la cual deberán comparecer personalmente o mediante sus mandatarios judiciales, si fuera el caso.

La resolución que cita a audiencia deberá contener:

a) La indicación precisa de la fecha, hora y lugar en que deberá desarrollarse la audiencia, la que no podrá tener lugar antes de quince ni después de veinte días contados desde la resolución respectiva.

b) La indicación de que las partes deberán concurrir a la audiencia con sus testigos, documentos y demás medios probatorios de que dispusieren.

c) La indicación precisa de que

la inasistencia injustificada del

demandante a la audiencia producirá la caducidad del procedimiento en los términos del artículo 118, así como que en el caso que el demandado no comparezca a ella sin la debida justificación, se procederá en su rebeldía.

4.- No tendrá lugar en estos procedimientos la demanda reconvencional.

5.- El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia, en un formulario en línea u oralmente en la Unidad de Atención de Público y Mediación del tribunal respectivo, debiendo en este último caso, dejarse constancia escrita de la contestación en un formulario especialmente dispuesto para ello por el mismo tribunal, y debiendo adoptarse las providencias para integrarlo al sistema de tramitación electrónica.

Dentro de ese mismo término, el demandado podrá oponer alguna de las excepciones previas previstas en el artículo 272.

6.- El juez gozará de los más amplios poderes de dirección de la audiencia y podrá decretar, de oficio, la prueba que estime necesaria. Iniciada la audiencia, el juez resolverá las excepciones o incidentes que se hubieren promovido, oirá a las partes, las que formularán detalladamente sus respectivas peticiones, descargos y defensas y, en su caso, ofrecerán y rendirán prueba. El juez, en todo momento, deberá garantizar a las partes el debido resguardo de la bilateralidad de la audiencia, respetando y actuando en concordancia con los principios señalados en el artículo 561.

7.- Sin perjuicio del llamado a conciliación, el tribunal podrá proponer a las partes llevar el caso a mediación. Al igual que con la conciliación, esta proposición no lo inhabilitará para seguir conociendo de la causa. Si las partes aceptaran la proposición del juez, serán derivadas a la Unidad de Atención de Público y Mediación correspondiente, rigiendo las normas establecidas para los casos de mediación judicial contempladas en el Libro I, suspendiéndose entre tanto el procedimiento.

Si las partes ya hubieren concurrido a mediación, solamente por circunstancias excepcionales, de las que deberá dejar constancia, podrá el juez proponerles que vuelvan a someterse a una nueva mediación.

8.- Finalizada la audiencia el juez procederá a dictar sentencia definitiva en forma verbal comunicándola a las partes, pudiendo diferir la redacción del fallo hasta por un plazo de tres días, sin necesidad de citación a nueva audiencia. La sentencia dictada en la audiencia se notificará a las partes conforme al artículo 99 o 108, según corresponda.

9.- Contra las resoluciones dictadas durante la audiencia solo podrá deducirse el recurso de reposición. En contra de la sentencia definitiva sólo procederá el recurso de aclaración, rectificación o enmienda de conformidad a lo previsto en el artículo 214. También se podrá interponer contra la sentencia definitiva el recurso de apelación, cuando se fundamente en la infracción grave de las normas que consagren derechos o garantías procesales. Con todo, en los casos en que en la sentencia definitiva fuera condenatoria y se impusiere al demandado a título de indemnización de perjuicios y de multa una suma que excediere de 80 Unidades Tributarias Mensuales, podrá deducirse también recurso de apelación conforme al artículo 387. La tramitación del recurso de apelación se regirá por lo dispuesto en el Título III del Libro Tercero y, en todo caso, deberá ser interpuesto debidamente patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Eliminar en el Nº6 la frase “y podrá decretar, de oficio, la prueba que estime necesaria.” pues ello afectaría la imparcialidad del tribunal, sobre todo pues

1.- Ambas partes comparecen con abogado que debe conocer lo pertinente a acreditar su respectiva teoría del caso;

2.- Por la concentración que afectará el derecho de defensa al impedir la contraprueba,

3.- Además que al disponer prueba necesariamente se suplementará la tesis de una de las partes del litigio.

Artículo 631.- Personas en especial situación y actitud del Tribunal. El Tribunal procurará cautelar el interés de personas que se encuentren en especial situación de indefensión o cuidado, en toda la tramitación del procedimiento. Para ello, serán oídas y se decretarán las diligencias específicas y particulares que fueran necesarias atendida las condiciones de los involucrados

Se entenderá que una persona está en alguna de las mencionadas situaciones cuando se trate de niños, niñas, adolescentes o incapaces”.

Artículo 631.- En todo procedimiento civil en que participe un niño, niña o adolescente, sea declarativo, ejecutivo, voluntario o de cualquier naturaleza regulada en este Código, sea como parte, tercero o sea hijo, hija o pariente consanguíneo por la línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, se aplicarán siempre, y bajo sanción de nulidad de todo lo obrado, y antes de resolver el asunto principal o incidental que lo afecte, las siguientes reglas:

Se le citará a audiencia para ser oído ante el juez o jueza, atendiendo a su edad y grado de madurez, debiendo su cuidador asegurar su comparecencia, salvo que sea perjudicial a su propio interés superior. Esta declaración es voluntaria y puede ser renunciada, si así lo manifiesta el niño, niña o adolescente, de cualquier forma, velando el juez porque dicha renuncia sea libre y voluntaria. En todo caso, y siempre que el niño lo requiera, podrá solicitar ser escuchado, debiendo citarse a la audiencia respectiva en cualquier etapa del procedimiento.

Respecto de la modalidad para entrevistar al niño, niña o adolescente, ésta será en carácter presencial, salvo que por razones de distancia, enfermedad u otra condición que deberá ponderar el juez o jueza, sea de su conveniencia emplear una modalidad de entrevista a distancia, por los medios tecnológicos que sean idóneos, debiendo el juez cautelar, hasta donde lo permitan tales medios, que el niño, niña o adolescente declara con tranquilidad, libre presiones o interferencias indebidas.

En toda sentencia definitiva o interlocutora que se dicta en el procedimiento, deberá hacerse constar el cumplimiento de lo prescrito en este artículo, explicitando además las razones por las cuales se accedió o no a lo solicitado por el niño, niña o adolescente, sin perjuicio de la reserva de su declaración cuando así lo solicite.

Antes de comenzar su declaración, siempre se le explicarán las consecuencias de dicho acto, de qué trata el procedimiento y quien tomará la decisión final. Igualmente se le consultará si desea que su declaración sea reservada y, en ese caso, cuales serán los motivos para ello. En caso que lo solicite, se declarará la reserva de su declaración, la cual será sólo conocida por el juez y el ministro de fe o funcionario designado por éste que participe en dicho acto

Todo niño, niña o adolescente podrá solicitar diligencias por sí directamente o mediante su abogado o representante legal, y dicha solicitud deberá ser proveída en el plazo máximo de 24 horas, debiendo fundarse en ella las razones de su negativa, en su caso, utilizando un lenguaje comprensible.

Para hacer sus presentaciones por escrito, no será necesario que comparezca con abogado, sin perjuicio de que ya se le haya asignado uno.

Al iniciarse el procedimiento, o develándose la existencia de un niño, niña o adolescente en su transcurso, el juez o jueza deberá designarle un abogado que lo represente, sin perjuicio que éste elija uno de su confianza financiado por sus cuidadores o representantes legales, y siempre y cuando no exista conflicto de intereses entre el niño, niña o adolescente y sus cuidadores o representantes legales”.

Explicación: Sugerimos modificar esta norma por una que se adecúe a los estándares de la Convención sobre Derechos del Niño, y que considere los estándares mínimos que requiere, en particular el derecho a ser oído, el derecho a contar con abogado que lo represente, y que el estándar del juez al momento de fallar contra la opinión del niño sea debidamente justificado en la fundamentación de su resolución, considerando su interés superior, en su dimensión procedimental. En el mismo sentido, contar con espacios adecuados para su comparecencia, y la utilización de un lenguaje que sea comprensible, atendida su edad y madurez.